Hay nuevos cuestionamientos alrededor de la Torre Squadra, el edificio que desde 2017 funciona como sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP.
Las preguntas fueron planteadas por la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien asegura que cada vez existen más dudas sobre la forma como se escogió este inmueble y sobre la estructura empresarial que está detrás de su propiedad y administración.
El edificio ya estaba amoblado, no habría que hacer inversión adicional
En 2017, cuando acababa de ser creada la JEP, el Fondo Colombia en Paz suscribió el primer contrato de arrendamiento para establecer allí su sede.
En ese momento, la dirección del Fondo estaba en cabeza de Gloria Lucía Ospina, quien le encargó a la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco realizar el proceso de selección del edificio.
La Agencia, que entonces era dirigida por Claudia María Luque, terminó escogiendo la Torre Squadra.
Uno de los argumentos, según la denuncia, era que el edificio ya estaba amoblado y, por lo tanto, no habría que hacer una inversión adicional importante en muebles, instalaciones y dotación.
La Agencia además negoció el precio con los propietarios de la Torre Squadra y consiguió reducir el valor inicialmente planteado.
Uno de los principales interrogantes de la senadora
Porque en 2019, es decir, dos años después de la selección del inmueble, la JEP tuvo que contratar la compra de 216 elementos para dotar y adecuar sus salas de audiencia, por un valor de 3.337 millones de pesos.
Es decir, la denuncia cuestiona que ese costo no hubiera sido tenido en cuenta cuando se compararon las diferentes alternativas para escoger la sede.
Y la pregunta que plantea la congresista es concreta: ¿Si esos 3.337 millones de pesos se hubieran incluido desde el principio en el análisis, la Torre Squadra habría continuado siendo la mejor opción?
Otro punto que también está bajo cuestionamiento
De acuerdo con el reclamo de la senadora, se sostiene que los contratos de arrendamiento de la Torre Squadra se hicieron bajo un régimen de derecho privado y cuestiona que, en la práctica, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco terminara definiendo cuál era el inmueble seleccionado.
Sumado a eso se señala que algunas alternativas habrían sido descartadas porque implicaban comprometer vigencias futuras.
Sin embargo, según su denuncia, la Torre Squadra terminó generando compromisos de arrendamiento durante más de cuatro años.
La estructura empresarial detrás del edificio
De acuerdo con la información expuesta por la senadora, la empresa Constructora GAP, señalada como propietaria de la Torre Squadra, y Juan Gaviria Restrepo y Compañía, encargada de su administración, reportan como accionistas a 18 empresas.
El cuestionamiento está en que 13 de esas sociedades estarían registradas en jurisdicciones como Delaware, las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
Además, la congresista señala que ocho de las nueve empresas registradas en Delaware tendrían la misma dirección y que fueron creadas en fechas similares, específicamente alrededor de octubre de 2019.
Esto es relevante dentro de la denuncia porque, según Posada, esas sociedades fueron constituidas después de la firma del contrato de arrendamiento de la Torre Squadra.
¿Qué hay detrás de esta estructura empresarial?
La senadora también identifica una cadena de control empresarial: Tabac S.A.S. controlaría a la compañía administradora del edificio, mientras Inversiones Mantra S.A.S. controlaría a Constructora GAP, la sociedad propietaria.
Por eso, la pregunta que pone sobre la mesa es qué hay detrás de esta estructura empresarial y, especialmente, si los recursos provenientes del contrato de arrendamiento pudieron terminar en sociedades ubicadas en esas jurisdicciones.
Importante aclararlo: estos son cuestionamientos y preguntas formuladas por la senadora María Clara Posada y no constituyen, por sí mismos, una prueba de que haya existido una irregularidad o que los recursos públicos hayan terminado en paraísos fiscales.
Lo que queda planteado es la necesidad de aclarar cómo se escogió la Torre Squadra, por qué los costos posteriores de adecuación no fueron contemplados inicialmente y cuál es exactamente la estructura societaria que está detrás del inmueble que ha servido como sede de la JEP desde 2017.
Cuatro preguntas para entender y resumir el tema
¿Por qué se escogió la Torre Squadra como sede de la JEP?
Según la denuncia de la senadora, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco la seleccionó porque el edificio estaba amoblado y, en principio, no requería una inversión adicional importante en dotación. También se negoció una reducción del precio del inmueble.
¿Qué pasó con los costos de adecuación?
En 2019, la JEP tuvo que gastar 3.337 millones de pesos en 216 elementos para dotar y adecuar sus salas de audiencia. El cuestionamiento es por qué ese costo no fue incluido en el análisis inicial para comparar las diferentes opciones.
¿Qué cuestiona la senadora sobre las empresas detrás de la Torre Squadra?
Señala que la propietaria y la administradora tendrían detrás 18 sociedades, de las cuales 13 estarían registradas en Delaware, Islas Vírgenes Británicas y Panamá. También llama la atención sobre varias empresas creadas en Delaware en fechas similares y con la misma dirección.
¿Está probado que los recursos de la JEP terminaron en paraísos fiscales?
No. Ese es precisamente uno de los interrogantes planteados por la senadora. La presencia de empresas en esas jurisdicciones no demuestra por sí misma una irregularidad. Para establecer qué ocurrió con los recursos se necesitaría verificar la estructura societaria, los contratos y el destino de los pagos.