La tragedia de Tasajera, que conmocionó al Magdalena y al país en julio de 2020, vuelve al centro de la discusión pública luego de una reciente decisión que ha dejado con un sinsabor a las familias de las víctimas de estos hechos.
Seis años después de la explosión de un camión cisterna cargado con gasolina, el Consejo de Estado negó las pretensiones de reparación económica presentadas por allegados de los fallecidos, al considerar que no se demostró la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de la Policía durante la emergencia.
Como se informó en su momento, aquel 6 de julio de 2020, un vehículo que transportaba combustible se accidentó en el sector de Tasajera, jurisdicción de Puebloviejo, Magdalena. Tras el derrame de gasolina, numerosas personas se acercaron al vehículo para recoger el combustible.
La posterior explosión dejó decenas de muertos y heridos, muchos de ellos con quemaduras de extrema gravedad.
La discusión judicial se concentró en una pregunta y era ¿cuál fue la actuación de las autoridades para que el hecho fuera evitado?
¿Qué reclamaban las familias y por qué demandaron al Estado?
Los familiares que acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa cuestionaron las medidas adoptadas por la Policía para controlar la situación después del accidente. Entre sus argumentos estaba que no se habría aislado adecuadamente el área ni impedido que las personas se acercaran al vehículo accidentado, pese al riesgo que representaba la gasolina derramada.
La demanda de reparación directa buscaba, según se conoció, que "se reconociera la responsabilidad estatal por los daños derivados de la tragedia y se ordenara la correspondiente compensación económica".
Sin embargo, el análisis del Consejo de Estado se centró en establecer si existió una acción u omisión atribuible a las autoridades que pudiera comprometer patrimonialmente al Estado. Según los reportes obtenidos sobre la decisión, el alto tribunal tuvo en cuenta las advertencias de los uniformados, sus intentos por controlar a la multitud y la solicitud de refuerzos.
Con esos elementos, la corporación concluyó que "no se acreditaron los presupuestos necesarios para ordenar la indemnización solicitada en ese proceso".
Las advertencias de la Policía, en el centro de la decisión
Uno de los elementos determinantes fue la valoración de lo que hicieron los uniformados mientras varias personas se aproximaban al camión cisterna. La información publicada sobre el fallo señala que los policías advirtieron sobre el peligro, intentaron controlar la situación y pidieron apoyo.
También se consideró que algunas de las personas presentes desatendieron las advertencias y permanecieron cerca del combustible.
A partir de esas circunstancias, el Consejo de Estado consideró configurado el hecho exclusivo de las víctimas como una causa que eximía de responsabilidad al Estado dentro del caso estudiado.
Esta conclusión corresponde al análisis jurídico de la demanda y no elimina la obligación de comprender la tragedia en toda su complejidad. La decisión se refiere a la responsabilidad patrimonial debatida en ese proceso específico y no debe interpretarse como un pronunciamiento general sobre cualquier reclamación relacionada con los hechos.
La tragedia que dejó una marca en Tasajera y el Magdalena
Y es que recordemos que esa explosión del camión cisterna no fue solamente una emergencia vial, pues, las imágenes de personas intentando recoger gasolina, el incendio posterior y la gravedad de las quemaduras convirtieron lo sucedido en uno de los episodios más dolorosos para el corregimiento de Tasajera y el departamento.
En los días posteriores, La FM informó sobre la evolución de los heridos, la identificación de las personas fallecidas, los traslados a centros asistenciales y las investigaciones sobre las circunstancias que provocaron la explosión.
La cobertura, recordemos, también registró la conmoción de las familias y las medidas de duelo adoptadas en Puebloviejo.
En una de sus publicaciones del 7 de julio de 2020, se recogió la versión del comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien afirmó que los uniformados habían pedido a las personas que se alejaran del vehículo. En ese momento, las autoridades todavía investigaban las circunstancias exactas que provocaron la explosión.
¿Qué podría explicar jurídicamente la decisión? La lectura de un abogado
Según el abogado Ariel Quiroga Vides, desde el derecho administrativo, el punto central en una demanda de reparación directa es demostrar que el daño sufrido puede atribuirse jurídicamente a una entidad estatal, por ejemplo, debido a una actuación irregular o a una omisión en el cumplimiento de sus deberes.
“La decisión debe leerse dentro de los límites del proceso que resolvió el Consejo de Estado. No significa que la tragedia deje de ser dolorosa ni que toda discusión sobre la respuesta institucional quede cerrada en términos generales; significa que, para esta demanda, el tribunal consideró que no se demostraron los elementos necesarios para ordenar la reparación económica solicitada”, expresó.
El impacto social de Tasajera: más allá de una sentencia
La tragedia también dejó preguntas sobre las condiciones sociales y económicas de las comunidades, la relación con el riesgo, la prevención de emergencias y la capacidad de respuesta institucional.
Abordar esos factores no significa justificar la conducta que puso a las personas en peligro, sino entender el contexto en el que ocurrió una emergencia que terminó con consecuencias devastadoras.
Para el Magdalena, Tasajera se convirtió en un referente de duelo colectivo y de discusión sobre la vulnerabilidad social. La explosión puso en evidencia la necesidad de comunicar de manera efectiva los riesgos, establecer perímetros de seguridad durante accidentes con materiales peligrosos y contar con respuestas oportunas ante situaciones que pueden escalar en cuestión de minutos.
"Hay que mirar las condiciones del territorio": sociólogo
“Tasajera quedó marcada por una tragedia que no puede reducirse a las imágenes del día de la explosión. También obliga a mirar las condiciones sociales del territorio, la vulnerabilidad de las familias y la necesidad de fortalecer la prevención y la presencia institucional. Comprender ese contexto no significa justificar la exposición al peligro, sino reconocer que una tragedia de esta magnitud exige una reflexión colectiva”, dijo Ricardo Sinning Jiménez, sociólogo.
Esta persona también destacó que “el impacto de Tasajera permanece en la memoria del Magdalena porque muchas familias perdieron a sus seres queridos y otras tuvieron que enfrentar procesos largos de recuperación. La decisión judicial resuelve una controversia sobre responsabilidad estatal, pero el duelo, las consecuencias familiares y la discusión sobre cómo evitar que algo semejante vuelva a ocurrir son asuntos que trascienden el expediente”.
¿Qué significa la decisión para los familiares de las víctimas?
La negativa a reconocer la reparación económica representa un resultado adverso para quienes acudieron a la justicia con el propósito de obtener una compensación por los daños derivados de la tragedia. Para las familias, el debate judicial se suma a una experiencia de pérdida que comenzó en 2020 y que continúa teniendo consecuencias humanas.
“Para nosotros, lo que pasó en Tasajera no se queda en una fecha ni en una sentencia. Cada familia sabe lo que perdió y lo que ha tenido que afrontar desde ese día. Entendemos que la justicia tiene sus procedimientos, pero también esperamos que se escuche lo que vivimos y que la tragedia no quede reducida a una discusión económica”, dijo Manuel Samper, familiar de una de las víctimas.
Agregó que “lo que buscamos es que se entienda el sufrimiento que quedó en las familias y que se revisen todas las circunstancias que rodearon lo ocurrido. También queremos que se fortalezcan las medidas de prevención para que una emergencia como esta no vuelva a terminar de esa manera”.
¿Qué viene después de la negativa a indemnizar?
Para Ariel Quiroga, el alcance de la decisión debe establecerse a partir de la sentencia completa, incluyendo la identificación del proceso, las partes demandantes, los argumentos de la apelación y las órdenes definitivas del tribunal.
La información publicada hasta ahora permite establecer que las pretensiones de reparación económica fueron negadas, pero no basta para afirmar, sin revisar la providencia, si existe algún recurso procedente, si la decisión está ejecutoriada o si hay otros procesos independientes relacionados con la tragedia.
Por eso, el fallo no debe presentarse como una prohibición general para que cualquier persona afectada por los hechos acuda a la justicia. Su alcance concreto depende del proceso resuelto y de las circunstancias jurídicas de cada eventual reclamación.
¿Por qué el Consejo de Estado negó la indemnización?
El alto tribunal consideró que no se acreditaron los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad patrimonial al Estado por la actuación de la Policía. Entre los factores examinados estuvieron las advertencias de los uniformados, los intentos de controlar la situación y la conducta de quienes se acercaron al camión.
¿Qué reclamaban los familiares de las víctimas?
Los demandantes cuestionaron las medidas de control y aislamiento del área después del accidente. A través de una demanda de reparación directa, buscaban que se reconociera la responsabilidad estatal por los daños ocasionados y se ordenara una compensación económica.
¿Qué pasó el 6 de julio de 2020 en Tasajera?
Un camión cisterna cargado con gasolina se accidentó en el corregimiento de Tasajera, en Puebloviejo. Varias personas se acercaron para recoger el combustible y, posteriormente, una explosión provocó decenas de muertes y dejó numerosos heridos con quemaduras graves.
¿La decisión cierra cualquier posibilidad de reparación?
La sentencia debe entenderse dentro del proceso específico que resolvió el Consejo de Estado. Para determinar si existen recursos, otros procesos o posibilidades jurídicas adicionales, es necesario revisar el texto completo del fallo y las circunstancias de cada reclamación.