Ayer se dio la reunión entre los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general. Los Secretos de D'Arcy Quinn revelan cómo le fue la funcionaria: salió anunciando que estudiarían las órdenes de captura contra alias Calarcá.
Fue una reunión amable, en la que se escuchó a la fiscal Camargo con atención, pero también, amablemente, le hicieron comentarios e inquietudes frente al caso Calarcá y le recordaron que ellos están siempre dispuestos a escucharla y aconsejarla, respetando, por supuesto, su autonomía.
Al salir de la reunión, la fiscal habló de revisar, reactivar las órdenes de captura o emitir nuevas contra Calarcá, a la luz de los últimos acontecimientos publicados por los medios de comunicación.
Se tomó la decisión de volver a realizar la extracción de toda la información de los dispositivos, para corroborar los informes de la Policía y establecer si falta algo o si se omitió algo. Está en una evaluación que harán los peritos fiscales para evaluar.
Al final, nada se puede hacer si no se tienen las pruebas debidamente soportadas y se toma una decisión judicial, no administrativa.
No hubo un reclamo explícito a la fiscal, pero ella entendió que había inquietudes frente a su gestión y está tomando medidas.
Así fue el caso Calarcá
El caso Calarcá, revelado en noviembre de 2025 por una investigación periodística de Noticias Caracol, surgió a partir de archivos digitales incautados en julio de 2024 a Alexander Mendoza Díaz, alias “Calarcá”, cabecilla de una disidencia de las FARC.
Estos documentos incluían correos, chats y fotos, y expusieron presuntos vínculos entre el grupo armado y altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, como el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía. Las comunicaciones sugerían reuniones para crear empresas de seguridad como fachadas, garantías de movilidad y supuestas pruebas de financiación irregular de la campaña presidencial de Petro en 2022, con menciones a la vicepresidenta Francia Márquez.
El escándalo ha generado investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía y la DNI, además de un llamado de Estados Unidos para indagar a fondo, poniendo en jaque la política de 'Paz Total' y desatando un debate nacional sobre infiltraciones en el Estado.