Sobre las 10 p.m. de este lunes 6 de abril se registró un grave hecho de orden público en El Tarra, Norte de Santander, situación que dejó dos personas heridas de gravedad y por la que se teme se pueda registrar un desplazamiento forzado de varias familias.
De acuerdo a los primeros reportes, el ataque con explosivos fue perpetrado con drones contra algunas viviendas rurales en el sector de Cuatro Esquinas, situación que encendió las alarmas de las autoridades locales.
Desde la Personería del municipio se emitió un comunicado rechazando de manera enfática este ataque contra la población civil, que se encuentra en medio de la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC.
“La Personería Municipal rechaza de manera contundente estos actos de violencia y condena enérgicamente que la población civil continúe siendo la principal afectada en el marco de este conflicto. Resulta inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”, indicó la Personería del municipio de El Tarra.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, señaló que esta acción constituye una grave vulneración a los derechos fundamentales de la población, especialmente al derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad.
“Es muy lamentable lo que sigue pasando en el Catatumbo. El ataque que se presentó contra esta comunidad es una grave afectación al Derecho Internacional Humanitario. Se debe dejar por fuera del conflicto a la población civil y respetar los mínimos humanitarios”, manifestó Mayorga.
Piden al Gobierno nacional priorizar atención en la zona
El representante nacional de víctimas instó al Gobierno nacional a atender este complejo panorama que se sigue registrando en esta zona de Norte de Santander, en medio de la confrontación entre grupos armados al margen de la ley, la cual ha generado el desplazamiento de por lo menos 101 mil personas en los últimos catorce meses.
De igual forma, desde la administración municipal de El Tarra se hizo un llamado urgente a los grupos armados al margen de la ley para que se abstengan de ejecutar este tipo de acciones en zonas habitadas. Además, solicitaron mantener al margen a la población civil, en estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que protege a quienes no participan directamente en las hostilidades.
No obstante, en la zona hay máxima alerta ante la posibilidad de que en las próximas horas se presente un fenómeno de desplazamiento masivo en el sector, tras los recientes ataques con drones y la continuidad de los combates en la región entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Sin recursos para atender a desplazados
Una de las principales preocupaciones radica en la poca capacidad de respuesta que tienen las administraciones locales para atender a miles de personas que han llegado en busca de ayudas humanitarias y atención integral.
Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz en Norte de Santander, aseguró en diálogo con La FM que la inexequibilidad de los decretos de la conmoción interior por parte de la Corte Constitucional ha impedido que exista un apoyo sólido a las alcaldías locales para atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo.
“Ya la situación se torna cada vez más compleja. Los diferentes mecanismos que creó el Gobierno nacional en el marco de la conmoción interior no funcionaron porque la Corte Constitucional los derogó, y eso ha generado que los municipios estén atendiendo esta emergencia solos. Por ello, municipios de nivel cinco y seis, como Tibú, ya agotaron todos sus recursos y el desplazamiento es permanente”, expresó el alto consejero para la paz en Norte de Santander.
El funcionario departamental afirmó que, a pesar de que la Gobernación, junto con la Unidad Nacional para las Víctimas, han acompañado a los municipios brindando apoyo en materia alimentaria y asistencial, la magnitud de la emergencia supera la capacidad de respuesta de las autoridades regionales.