De nuevo la vía Panamericana que conecta a los departamentos de Risaralda y Chocó está bloqueada por presencia de hombres armados, al parecer del ELN, quienes interceptaron dos vehículos de carga en la vía que conduce al municipio de Tadó, obligaron a los conductores a atravesar sus vehículos, los hicieron descender y les quitaron las llaves, impidiendo el paso vehicular.
Según la información suministrada por Juan Diego Ortiz, secretario general de la Confederación Colombiana de Transportadores de Carga, “hasta el momento los vehículos no han sido incinerados por los subversivos, pero la vía sí está completamente cerrada”.
Ortiz indicó que, es necesario que las autoridades militares y de gobierno reaccionen y garanticen vigilancia permanente en este corredor para evitar que la situación continúe deteriorándose, pues recordemos que este hecho se suma a otras acciones violentas que se han registrado en las últimas semanas en esta misma zona, donde frecuentemente grupos armados queman vehículos y extorsionan a transportadores de carga.
"La afectación al gremio ha sido bastante alta; tenemos pérdidas incalculables, vehículos quemados, tenemos conductores extorsionados, amenazas de muerte y a esa vía las autoridades nacionales no le han puesto el suficiente cuidado. Yo creo que, si las autoridades como la Procuraduría y todas estas entidades que ejercer control a los entes del Gobierno y a las fuerzas militares no reaccionan, pues no habrá una solución a esta problemática”, puntualizó el secretario general de la Confederación Colombia de Transportadores de Carga.
Recordemos también que recientemente se conoció una exigencia de medidas urgentes por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a esta crítica situación de seguridad que vive la vía Risaralda–Chocó, donde se han presentado más de 40 bloqueos en lo corrido del presente año.
Los transportadores aseguraron que estos bloqueos han generado pérdidas económicas cercanas a los 1.500 millones de pesos, amenazas y extorsiones a los conductores, por lo que insisten en que el Gobierno Nacional debe adoptar medidas urgentes y sostenidas que permitan recuperar la movilidad, la seguridad y la estabilidad económica de quienes dependen de este corredor estratégico para el transporte de carga.