Tras una revisión a las tutelas interpuestas contra declaraciones y actuaciones del presidente Abelardo De La Espriella frente a asuntos religiosos, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó las pretensiones que buscaban sancionar un presunto trato preferencial hacia la religión católica y la fe judía, al concluir que varios de los actos cuestionados no vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa.
Decisión Consejo de Estado
La decisión se produjo frente a una acción judicial que cuestionaba la participación del mandatario en diversos eventos, pronunciamientos, publicaciones en redes sociales y la destinación de recursos públicos.
Al estudiar los hechos, el alto tribunal determinó que la presencia del jefe de Estado en la coronación de la imagen de la Virgen de Fátima, durante la Gran Velatón por Colombia, no desconoció por sí misma la neutralidad estatal, dado que la jornada obedeció a una finalidad humanitaria e institucional orientada a acompañar a las víctimas y promover la cohesión social tras la tragedia nacional del 10 de agosto de 2026.
Análisis de tutelas
En el mismo análisis, la corporación aclaró que los recursos destinados por el Ministerio de las Culturas para la producción técnica, artística y audiovisual del evento no representaron un favorecimiento a la Iglesia católica, pues contaron con una finalidad contractual específica vinculada a la divulgación de un acontecimiento de interés público.
De igual modo, consideró que el uso de expresiones como "¡Viva Cristo Rey!" durante su posesión y otros discursos no vulneró los principios constitucionales, al recordar que el mandatario, como ciudadano, conserva sus derechos a la libertad de conciencia, de culto y de expresión; mientras que su visita a un templo y el uso de una kipá respondieron a propósitos diplomáticos y de fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Israel, sin otorgar privilegios a la religión judía.
Vulneración de derecho
Por otra parte, al resolver una segunda tutela presentada por un ciudadano que se reconoce como ateo, el Consejo de Estado sí encontró una vulneración de los derechos a la igualdad y a la libertad de conciencia derivada de una declaración presidencial pronunciada el 15 de octubre de 2026, en la que el mandatario hizo referencia al "social-comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales de la nación". La Sala advirtió que las convicciones no religiosas gozan de la misma protección constitucional que las creencias religiosas y no pueden ser estigmatizadas desde un discurso oficial.
Presidente se debe pronunciar
En consecuencia, el alto tribunal ordenó al presidente realizar un pronunciamiento público de rectificación y reconocimiento de la protección constitucional de las convicciones no religiosas, además de retirar las publicaciones que contienen dicho discurso de los canales de YouTube del Gobierno. Con ambas decisiones, la Sección Quinta fijó una distinción entre las manifestaciones personales de fe o actos con fines seculares y las actuaciones institucionales del jefe de Estado, que deben garantizar el principio de neutralidad y la igualdad de todas las posturas religiosas y no religiosas.
Puntos clave sobre la revisión de las tutelas en el Consejo de Estado
Rechazo a tutela por actos con fines humanitarios y diplomáticos
El alto tribunal descartó vulneración a la laicidad en la coronación de la Virgen de Fátima durante la velatón por las víctimas del 10 de agosto, en el uso de recursos culturales para ese evento y en el porte de una kipá en el marco de relaciones bilaterales con Israel.
Protección a la libertad de expresión personal del mandatario
La Sección Quinta señaló que expresiones como «¡Viva Cristo Rey!» en discursos no desconocen por sí solas la neutralidad estatal, pues el presidente conserva sus derechos ciudadanos de conciencia, culto y expresión.
Rectificación obligatoria por discurso contra el ateísmo
En una segunda tutela, la Sala amparó a un ciudadano ateo por declaraciones oficiales del 15 de octubre de 2026, ordenando al jefe de Estado rectificar públicamente y eliminar el discurso de los canales gubernamentales de YouTube.