La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, se refirió en entrevista con La FM a la decisión judicial que suspendió el traslado masivo de afiliados hacia la Nueva EPS, medida que había sido ordenada por el Gobierno nacional.
Según explicó la dirigente gremial, el fallo representa un nuevo freno judicial a la intención del Ejecutivo de mover millones de usuarios dentro del sistema de salud. Vesga aseguró que la decisión confirma advertencias previas sobre el impacto que tendría la medida en la estabilidad del sistema.
Tribunal suspende traslado de millones de afiliados
De acuerdo con Vesga, la decisión judicial coincide con pronunciamientos previos que habían cuestionado la legalidad de la medida. “Es la segunda ocasión en que un alto tribunal se pronuncia sobre este tema. Lo hizo el año pasado el Consejo de Estado y ayer lo reitera el Tribunal de Antioquia”, explicó.
La presidenta de Acemi sostuvo que el decreto del Gobierno pretendía trasladar cerca de seis millones de afiliados entre entidades promotoras de salud, tres de ellos hacia la Nueva EPS.
En su opinión, el tribunal consideró que la medida no puede entenderse como un simple ajuste administrativo dentro del sistema de salud. “No es un mero cambio administrativo y operativo al sistema, sino que realmente es una transformación estructural del aseguramiento”, afirmó.
Vesga indicó que, por ahora, la decisión judicial deja sin efecto el traslado de miles de usuarios que estaban programados para cambiar de entidad. “Queda en inaplicación el movimiento y el traslado de miles de usuarios que iban a ser, como lo advertimos, trasladados de EPS que los atendían hoy bien a mayoritariamente la Nueva EPS”, dijo.
La decisión es provisional mientras se define el fondo del caso
La dirigente gremial explicó que la decisión del tribunal corresponde a una medida cautelar, por lo que aún falta un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto. “Hoy por lo pronto está suspendido, pero esto nos habla de una medida cautelar mientras el tribunal se pronuncia de fondo”, señaló.
Vesga recordó además que contra la misma norma existen otros procesos judiciales en curso. “Contra este mismo decreto hay otras acciones que cursan en este momento ante el Consejo de Estado y acciones de tutela sobre las cuales estamos esperando también pronunciamiento”, indicó.
Según dijo, el Gobierno aún tiene herramientas legales para intentar defender la medida o insistir en su implementación. “El Gobierno tiene recursos legales que seguramente utilizará. Ya nos ha probado también que intenta de todas las formas, expidiendo nuevos decretos, cumplir sus propósitos”, agregó.
Sin embargo, reiteró que los pronunciamientos judiciales dejan un mensaje claro sobre los límites de esta iniciativa. “Aquí hay dos instrucciones, la del Consejo de Estado y la del tribunal. Debería quedar claro para el Gobierno que esto que pretende hacer no solamente no lo puede hacer a través de decreto, sino que está generando una crisis mayor para un sistema que hoy no aguanta un movimiento del tablero como está planteado”, afirmó.
Persisten las preocupaciones por la financiación del sistema
Durante la entrevista, Vesga también se refirió a la situación financiera del sistema de salud y a la falta de claridad sobre el giro de recursos pendientes.
La dirigente recordó que desde el año pasado existe una orden judicial para revisar estructuralmente el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el principal mecanismo de financiación del sistema.
“Desde el año anterior tenemos la instrucción de la Corte de avanzar en ese ejercicio de revisión estructural de la unidad de pago por capitación”, explicó.
Según indicó, ese proceso aún no ha arrojado resultados concluyentes. “Es un ejercicio que no concluyó de manera favorable”, señaló.
Vesga informó que la Corte Constitucional de Colombia citó nuevamente a las partes para analizar el tema en abril. “Nos ha citado nuevamente la Corte Constitucional para la segunda semana de abril, en donde esperamos que el Ministerio dé cuenta de cuáles son las conclusiones técnicas de ese ejercicio”, afirmó.
La presidenta de Acemi advirtió que el sistema requiere definiciones urgentes frente a la financiación, pues los problemas estructurales ya están comenzando a evidenciarse. “El sistema requiere esa conclusión de manera urgente, porque ya estamos viendo hoy que la UPC del año 2026 está dejando el déficit que se anunció a principio de año”, concluyó.