Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concediera la personería jurídica del movimiento Defensores de la Patria, dando nacimiento al nuevo partido político del presidente Abelardo De La Espriella, se conocieron los primeros nombres de las personas que estarán afiliadas a la nueva colectividad.
En el listado figuran algunos dirigentes tales como el propio mandatario De La Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo y los estrategas de la campaña que fueron Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez y el gerente Carlos Ríos.
También figuran Nicolás Farfán Namén, quien fue el asesor en temas electorales de la campaña y fue quien llevó todo el proceso ante el tribunal electoral, además de algunos ministros designados como Rodrigo Lara y Mauricio Gómez.
Andrés Barreto, quien será el secretario jurídico de la Presidencia designados la República, también está en el listado, así como algunos influenciadores como Santiago Giraldo.
El CNE encontró que el movimiento cumplió con todos los requisitos legales para constituirse como nuevo partido y por eso se autorizó la entrega de la personería jurídica.
Estas personas serán las encargadas de comenzar a construir el partido poco a poco y deberán enfrentar ahora las demandas que se vienen para intentar quitarle la personería jurídica.
Primera demanda
Desde el Pacto Histórico ya se anunció que se presentará una demanda ante el Consejo de Estado contra esta decisión adoptada por el Consejo Electoral.
El representante Gabriel Becerra aseguró que esta determinación está desconocimiento la ley y la jurisprudencia vigente sobre las reglas para el reconocimiento de las personerías jurídicas a los partidos.
“Los precedentes de @ColombiaHumana_ y la Liga de Gobernantes Anticorrupción no son aplicables a este caso. En ambos, el reconocimiento respondió a la protección del derecho de oposición, una circunstancia jurídica que no existe para Firmes por la Patria. Equiparar situaciones distintas desconoce los precedentes judiciales y vulnera la seguridad jurídica”, indica.
Becerra afirma que no se trata de una decisión política en favor de Defensores de la Patria, sino de “respetar la Constitución, la ley y el Estado de derecho”