El atentado del que fue víctima la periodista y excandidata a la Cámara, Naylea Barros, ha desatado en esta región del país una 'guerra política'. El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello presentó una querella contra el senador Alejandro Ocampo luego de que el congresista relacionara públicamente el ataque contra la comunicadora social con las denuncias que esta había realizado sobre la administración distrital. La defensa de Pinedo sostiene que la investigación aún no ha establecido responsables ni móviles.
La acción judicial fue presentada a través del abogado Julián Quintana, apoderado del mandatario samario, y quien ahora solicita investigar a Ocampo por el presunto delito de calumnia. De manera subsidiaria, plantea que se evalúe la posible comisión de calumnia e injuria indirectas o injuria.
La controversia se produce mientras las autoridades continúan investigando quiénes dispararon contra el vehículo de Barros, cuál fue el móvil del ataque y si existe alguna relación entre el atentado y las amenazas que la periodista asegura haber recibido durante los últimos meses.
El atentado que desató la polémica
Primero, precisemos por qué ocurre todo este panorama en la ciudad. Recordemos que Naylea Barros fue víctima de un ataque con arma de fuego la noche del 24 de agosto, cuando se movilizaba en su vehículo por Santa Marta junto a una familiar.
Según su relato, hombres que se desplazaban en motocicleta dispararon contra el automotor mientras descendía por el puente del Minuto de Dios. Los proyectiles impactaron el vehículo, pero tanto Barros como su acompañante resultaron ilesas.
La periodista le dijo a La FM que el atentado ocurrió en medio de un contexto de hostigamientos y amenazas que, según denunció, venía enfrentando desde hacía más de tres meses por medio de redes sociales y WhatsApp.
El caso generó reacciones políticas a nivel local y nacional, así como llamados para que las autoridades reforzaran su seguridad y avanzaran rápidamente en el esclarecimiento de los hechos.
Fue precisamente en medio de esa reacción pública que intervino el senador Alejandro Ocampo.
Lo que dijo Ocampo y por qué Pinedo acudió a la Corte
Tras conocerse el atentado, Ocampo publicó un video en sus redes sociales y se pronunció sobre el ataque contra Barros. Según la transcripción incorporada en la querella presentada por Pinedo, el senador afirmó que Naylea Barros era una periodista que había tenido “la valentía de denunciar muchas cosas irregulares de la alcaldía de Pinedo de Santa Marta” y posteriormente se refirió al ataque armado contra su vehículo.
El documento también registra que, posteriormente, Ocampo continuó relacionando públicamente el atentado con las denuncias y cuestionamientos que Barros había realizado contra la administración distrital.
En una de sus publicaciones, el congresista sostuvo que Barros venía denunciando presuntas anomalías y corrupción en Santa Marta y destacó que el ataque ocurrió después de una reciente controversia jurídica relacionada con una de sus denuncias.
Para la defensa de Pinedo, esas afirmaciones no fueron simplemente una crítica a la gestión del alcalde ni un llamado a investigar, sino que generaron una relación directa entre el mandatario, las denuncias de Barros y el atentado.
El documento sostiene que, al momento de las declaraciones, no existía una conclusión oficial que hubiera establecido quiénes fueron los responsables del atentado o cuál fue su motivación.
La acción judicial señala que “no existe imputación, formulación de cargos, resolución de acusación ni sentencia que atribuya el hecho a persona determinada”.
“Lo ocurrido no estaba esclarecido”: abogado de Pinedo
La defensa del alcalde insiste en que el caso se encontraba —y continúa— bajo investigación. En uno de los apartados, la querella asegura que al momento de las manifestaciones de Ocampo no existía “ninguna actuación judicial, informe de policía judicial, orden de captura, imputación ni providencia de autoridad alguna”que vinculara a Carlos Pinedo con el atentado contra Naylea Barros.
Pero el documento va más allá y cuestiona que, según la interpretación jurídica de la defensa del alcalde, el senador hubiera presentado públicamente una conclusión sobre un caso que todavía no había sido esclarecido por las autoridades.
Sostiene que Ocampo no formuló una pregunta o una hipótesis para ser investigada, sino que habría establecido una relación causal entre las denuncias realizadas por Barros y el atentado. Esta es, precisamente, la tesis jurídica que Pinedo busca que sea analizada por la Corte Suprema de Justicia.
La defensa reconoce el derecho a la crítica, pero marca un límite
Uno de los apartados más relevantes del documento reconoce expresamente que, como alcalde de una capital, Pinedo está sometido a un mayor escrutinio ciudadano y político. La querella afirma que “el escrutinio público sobre la gestión del querellante como Alcalde Distrital es no solo legítimo sino deseable en una democracia”.
Sin embargo, inmediatamente establece la posición de la defensa frente al caso.
“Ese umbral reforzado protege la crítica, la opinión, el juicio de valor y la denuncia fundada, no la imputación de delitos violentos carente de todo soporte”, señala el documento.
Es decir, la defensa de Pinedo no plantea que un alcalde esté exento de cuestionamientos públicos, sino que considera que existe una diferencia entre denunciar presuntas irregularidades administrativas y atribuir, de manera directa o indirecta, responsabilidad en un atentado cuya autoría todavía no ha sido determinada. Por eso, la querella solicita que se investigue si las afirmaciones realizadas por el senador pueden configurar los delitos señalados en la acción judicial.
Ocampo no se retracta y mantiene sus denuncias
Lejos de bajar el tono de la controversia, el senador Alejandro Ocampo respondió públicamente a la decisión del alcalde. Desde el Congreso, el parlamentario aseguró que mantendrá sus cuestionamientos sobre la situación de Santa Marta y que continuará llevando sus denuncias ante los organismos de control.
Ocampo afirmó que no se retractaría y reiteró su posición de que las denuncias de Naylea Barros son el elemento que, desde su perspectiva, ha puesto en riesgo su seguridad.
También anunció que llevará sus cuestionamientos relacionados con la administración distrital ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. De esta manera, el senador mantiene su tesis política, mientras que Pinedo busca que la justicia determine si las expresiones utilizadas para relacionarlo con el atentado pueden tener consecuencias penales.
"Proteger a Naylea, pero también evitar conclusiones sin pruebas": Norma Vera
En medio de la confrontación, la defensora de derechos humanos Norma Vera planteó una posición que busca separar la necesidad de proteger a la víctima del atentado de la responsabilidad que implica atribuir públicamente los hechos.
“Toda denuncia de amenaza exige protección e investigación, sin revictimizar a quien la formula. Pero atribuir responsabilidades o afirmar una única causa sin pruebas también puede aumentar el riesgo. En una Santa Marta atravesada por gobernanza armada, la palabra pública exige rigor y responsabilidad”, manifestó.
Y es que su reflexión pone sobre la mesa uno de los principales debates que ha surgido tras el atentado. Por un lado, Naylea Barros ha denunciado públicamente amenazas, hostigamientos e intimidaciones que se presentaron durante meses antes del ataque. Por el otro, las autoridades todavía deben establecer si esos hechos guardan relación directa con el atentado, quiénes participaron y quién habría ordenado el ataque.
Vera advierte, entonces, que la investigación debe avanzar sin poner en duda el derecho de Barros a denunciar y recibir protección, pero también sin anticipar responsabilidades que todavía deben ser determinadas por las autoridades competentes.
El caso llega a la Corte Suprema
La querella fue presentada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema debido a la condición de senador de la República de Alejandro Ocampo.
El propio documento explica que, por tratarse de un congresista en ejercicio, corresponde a esa instancia conocer las investigaciones relacionadas con conductas presuntamente cometidas por aforados constitucionales.
El documento también deja abierta la posibilidad de una conciliación, aunque la defensa del alcalde plantea que cualquier eventual acuerdo debería incluir, entre otros aspectos, una retractación pública, la eliminación del contenido objeto de controversia y el compromiso de no reiterar las afirmaciones.
La investigación que sigue pendiente
Mientras la pelea entre Pinedo y Ocampo entra al escenario judicial, la investigación de fondo continúa siendo la del atentado contra Naylea Barros.
La Policía Metropolitana de Santa Marta informó a La FM que activó labores investigativas para establecer la trazabilidad y los movimientos de los responsables antes, durante y después del ataque.
Hasta el momento, de acuerdo con la información conocida públicamente y con lo expuesto en la querella, no existe una decisión judicial que haya establecido quién disparó, quién ordenó el atentado o cuál fue el móvil definitivo.
Ocampo sostiene que el atentado debe entenderse dentro del contexto de las denuncias y la actividad pública de Naylea Barros. Pinedo, en cambio, considera que esa narrativa terminó vinculándolo con un ataque armado sin que exista una determinación oficial de las autoridades.
Lo cierto es que ahora será la Corte Suprema la que deberá definir el curso de la querella contra el senador. Y, en paralelo, las autoridades tendrán que responder la pregunta que sigue sin una respuesta definitiva y que es, al final, la más importante: quién estuvo detrás del atentado contra Naylea Barros y por qué intentaron atacarla.
Claves del tema, en cuatro preguntas.
¿Por qué Carlos Pinedo denunció al senador Alejandro Ocampo ante la Corte?
El alcalde considera que Ocampo lo vinculó públicamente, de manera directa o indirecta, con el atentado contra Naylea Barros, pese a que la investigación aún no ha determinado responsables ni el móvil del ataque.
¿Qué dijo Ocampo que desató la querella?
El senador relacionó el atentado con las denuncias que Naylea Barros había realizado sobre presuntas irregularidades en la Alcaldía de Santa Marta y sostuvo que esos cuestionamientos podían estar relacionados con el riesgo que enfrentaba la periodista.
¿Qué argumenta la defensa de Pinedo?
El documento reconoce el derecho a la crítica y al control político, pero sostiene que no existen actuaciones judiciales ni pruebas que vinculen al alcalde con el ataque y que atribuir responsabilidades por un hecho violento sin sustento puede constituir una conducta punible.
¿Qué sigue ahora en el caso de Naylea Barros?
Mientras la Corte deberá definir el trámite de la querella contra Ocampo, las autoridades continúan investigando quién disparó contra el vehículo de la periodista, quién ordenó el atentado y cuál fue el verdadero motivo del ataque.