Una red de estafa y suplantación de identidad encendió las alarmas dentro del Congreso de la República y en varias alcaldías del país. La denuncia fue revelada en El Termómetro Político de Noticias RCN por la periodista Maritza Aristizábal, quien dejó al descubierto un esquema mediante el cual un delincuente se hace pasar por el senador Antonio Correa (partido de la U) para exigir altas sumas de dinero a funcionarios y mandatarios locales.
El modus operandi apunta a la necesidad por el contexto de la emergencia en el país, sumado a supuestos movimientos burocráticos. Según se dio a conocer en RCN, el suplantador contacta directamente a alcaldes y miembros de la rama legislativa fingiendo ser el parlamentario Correa, para luego solicitar consignaciones que oscilan entre los dos y los diez millones de pesos a cambio de falsos favores institucionales o trámites.
La coartada de las hojas de vida y la ayuda humanitaria por el terremoto
Para lograr el cometido, el estafador utiliza un libreto bien estudiado que adapta según el perfil político de su víctima. En el caso de los congresistas y senadores, la oferta del falso legislador consiste en adelantar, o "tramitar" hojas de vida dentro de la burocracia estatal o en cargos de representación regional. A cambio del supuesto 'empujón' político, se solicita el envío inmediato de giros de dinero por medio de canales virtuales.
Por otro lado, la estrategia dirigida a los alcaldes municipales explota la necesidad de recursos en territorios vulnerables. El delincuente contacta a los mandatarios locales prometiendo el envío prioritario de ayudas destinadas a atender emergencias y damnificados por el terremoto. Sin embargo, para activar el despliegue del auxilio gubernamental, el suplantador del senador Correa exige un pago previo que cubriría costos logísticos y de transporte.
Indignación en el Congreso y la opinión pública
La revelación del caso ha provocado reacciones de indignación por la ingenuidad y la falta de rigor con la que algunos funcionarios estafados habrían cedido ante la presión de girar dinero para trámites que, por ley, deben ser completamente gratuitos y transparentes.
Las autoridades y el propio entorno del Congreso reiteraron que ningún senador o representante a la Cámara está facultado para cobrar dinero por la asignación de ayuda humanitaria, el manejo de emergencias o el trámite de contratos e ingresos laborales. Por ahora, las denuncias avanzan mientras las autoridades buscan rastrear las líneas telefónicas y las cuentas bancarias utilizadas por el estafador para poner fin a esta cadena de robos virtuales en la gestión pública.
Al parecer los delincuentes ya tendrían completamente replicada la voz del senador Correa por medio de inteligencia artificial, puesto que, incluso tienen la osadía de hacer llamadas de larga duración para convencer a las víctimas, entre las que habría estado el alcalde de Dosquebradas (Risaralda), uno de los municipios más afectados por el terremoto.
La noticia en tres preguntas clave
¿Cómo funciona la estafa en la que suplantan a senadores y engañan a alcaldes en Colombia?
El estafador se hace pasar por un senador (como en el caso denunciado contra el senador Antonio Correa) y contacta a mandatarios locales o congresistas. A los alcaldes les exige entre 2 y 10 millones de pesos a cambio de enviar supuestas ayudas humanitarias por emergencias, mientras que a otros políticos les cobra dinero con la falsa promesa de tramitar e impulsar hojas de vida en el Gobierno.
¿Los senadores o congresistas pueden cobrar por gestionar ayudas u ofertas de empleo?
Ningún senador, representante a la Cámara o funcionario público está autorizado para cobrar dinero por la gestión de ayudas humanitarias, logística de emergencias o contratación pública. Todos estos trámites institucionales son 100 % gratuitos. Si alguien solicita transferencias a nombre de un congresista, se trata de un delito de estafa y/o suplantación.
¿Qué deben hacer los alcaldes y ciudadanos para evitar caer en llamadas o tramitadores fraudulentos?
Ante cualquier llamada o mensaje donde se pida dinero a nombre de un congresista o entidad gubernamental, se debe cortar la comunicación de inmediato y verificar la información por los canales oficiales institucionales. Además, se debe interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, también de manera gratuita.