La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra Wílmar Alberto Herrera Orozco, personero de Apartadó, Antioquia, por presuntamente haberse posesionado en el cargo para el periodo 2024-2028 pese a encontrarse inhabilitado.
La investigación está relacionada con un contrato de prestación de servicios que Herrera Orozco tuvo con la Alcaldía de Apartadó durante 2023, mientras avanzaba el proceso para elegir al personero municipal.
Según la Procuraduría, el funcionario habría mantenido ese vínculo contractual entre enero y diciembre de 2023 y, durante ese mismo año, participó en el proceso de selección que terminó con su elección y posterior posesión.
¿Por qué un contrato puede generar una inhabilidad?
La situación tiene que ver con las reglas que buscan evitar que quienes tienen vínculos contractuales recientes con una administración municipal lleguen posteriormente a ocupar determinados cargos de control dentro de la misma entidad territorial.
El artículo 174 de la Ley 136 de 1994 establece que no puede ser elegido personero quien, durante el año anterior a la elección, haya intervenido en determinados contratos con entidades públicas o haya celebrado contratos que deban ejecutarse en el respectivo municipio.
Función Pública ha explicado que esta restricción también puede aplicar a los contratos de prestación de servicios cuando se cumplen las condiciones establecidas por la norma. Además, ha precisado que el periodo debe analizarse tomando como referencia la fecha de elección del personero.
En el caso de Apartadó, la Procuraduría considera que el contrato que Herrera Orozco tuvo con el municipio en 2023 podía generar esa incompatibilidad para participar en el proceso de elección y posteriormente asumir el cargo.
¿Qué significa el pliego de cargos?
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó calificó provisionalmente la conducta investigada como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Sin embargo, esto no significa que exista una decisión definitiva en contra del personero. El pliego de cargos es una etapa del proceso disciplinario en la que el organismo de control formula formalmente los hechos que considera posiblemente irregulares para que el investigado pueda ejercer su defensa y presentar las explicaciones y pruebas que considere necesarias.
En otras palabras, la Procuraduría está señalando una posible infracción, pero la responsabilidad todavía debe establecerse dentro del proceso.
La investigación también resulta relevante porque el personero municipal tiene entre sus funciones la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y la defensa de los intereses de la comunidad. Por eso, las reglas de inhabilidades buscan preservar la independencia y transparencia de quien ocupa ese cargo.
Claves del tema en cinco preguntas:
¿Qué investiga exactamente la Procuraduría contra el personero de Apartadó?
La Procuraduría investiga si Wílmar Alberto Herrera Orozco se presentó y posteriormente asumió el cargo de personero de Apartadó pese a estar presuntamente inhabilitado. El punto central es el contrato de prestación de servicios que tuvo con el municipio durante 2023, un periodo que, según el organismo de control, estaba dentro del año anterior a su elección. La investigación busca establecer si ese vínculo contractual le impedía participar en el proceso de selección y ejercer posteriormente como personero.
¿Por qué haber tenido un contrato con la Alcaldía puede ser un problema?
La legislación colombiana establece restricciones para quienes aspiran a ser personeros y han tenido determinados vínculos contractuales con entidades públicas durante el año anterior a la elección. La razón es proteger la independencia del funcionario que posteriormente tendrá funciones de vigilancia y control sobre la administración municipal. No significa que cualquier contrato genere automáticamente una inhabilidad: deben cumplirse las condiciones previstas en la ley, entre ellas las relacionadas con el tipo de contrato, el periodo y el lugar donde debía ejecutarse.
¿Qué significa que la Procuraduría haya formulado un pliego de cargos?
Significa que, después de revisar la información disponible, la Procuraduría encontró elementos para formular formalmente una acusación disciplinaria y continuar con el proceso. Pero un pliego de cargos no equivale a una condena ni determina por sí solo que el funcionario sea responsable. Herrera Orozco conserva su derecho a la defensa y podrá presentar argumentos y pruebas dentro del proceso. Al finalizar la actuación, la autoridad competente deberá determinar si existió o no responsabilidad disciplinaria.
¿Qué puede pasar ahora con el personero de Apartadó?
El proceso continuará en la etapa disciplinaria correspondiente, en la que el funcionario podrá ejercer su defensa frente a los hechos señalados por la Procuraduría. Posteriormente, el organismo de control deberá tomar una decisión de fondo, de acuerdo con las pruebas y los argumentos presentados. Por ahora, la información oficial disponible corresponde a un pliego de cargos y no a una sanción definitiva. Cualquier eventual consecuencia sobre su permanencia en el cargo dependerá de las decisiones que se adopten dentro del proceso y de las actuaciones que correspondan.