En mayo de 2019 aún faltaban quince meses para que la Corte Suprema de Justicia ordenara detener al expresidente Álvaro Uribe. La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que funcionaba desde octubre de 2018, investigaba al exmandatario por manipulación de testigos.
Unánimemente —cinco magistrados, integrantes de una sala en la que solo hay una togada—, la Sala aprobó una recusación del senador Iván Cepeda, entonces víctima en el proceso, y apartó a la magistrada Cristina Lombana de la investigación, que encabezaba el magistrado César Reyes Medina.
Desde entonces, la efigie de Lombana ha representado las más duras tensiones del órgano encargado de procesar a congresistas, aforados constitucionales. Actualmente, la justicia ordinaria absolvió al expresidente Uribe, Reyes investiga otros casos y Lombana es centro de discordias.
La Sala de Instrucción es diversa. Hay juristas como Marco Antonio Rueda que gustan de la discreción, unos que tuvieron que alejarse de sus labores para defenderse de sus propios líos —Francisco Farfán— y otros que, entre señalamientos y disputas, no salen de lo mediático: Reyes y Lombana.
En 2024 Misael Rodríguez fue presidente de la Sala. La Corte Suprema se jactó por el hito de que en sus cinco salas —sin contar la Plena o la de gobierno— todas las vicepresidentas eran mujeres. Cristina Lombana era vicepresidenta en la Sala de Instrucción.
La tradición en las altas cortes es que quien ocupa la vicepresidencia un año va a la presidencia el siguiente. Hilda González se convirtió en 2025 en presidenta de la Sala Civil; Clara López, de la Laboral; Myriam Ávila, de la Penal, y Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia.
Pero la Sala de Instrucción no escogió a Cristina Lombana. Reeligió a César Reyes, presidente en 2023. Héctor Alarcón presidió en 2019 y 2020; Rodríguez lo hizo en 2021 y 2024; Marco Rueda, en 2022, y Reyes, en 2023 y 2025. Lombana no ha alcanzado la alta dignidad.
El pasar de los años se convirtió en una acumulación de rencillas en la corporación que hace las veces de fiscalía entre senadores y representantes. La magistrada Lombana asegura que su trabajo ha sido sistemáticamente "banalizado y boicoteado", aparentemente por Reyes.
La FM intentó comunicarse con el presidente de la Sala de Instrucción, quien por el momento se limitó a afirmar que elabora una defensa con puntos clave de los señalamientos. La exvicepresidenta, por su parte, afila su ofensiva contra el vocero de su paraninfo, en la mira de la Comisión de Acusación.
La queja que llevó al enfrentamiento de la Corte hasta el Congreso
El 9 de diciembre la Corte le envió a la Comisión un documento de dos páginas que firmaron la magistrada Marjorie Zúñiga, expresidenta de la Sala de Casación Laboral, y el magistrado Carlos Roberto Solórzano, uno de los integrantes más notorios de la Sala de Casación Penal.
Zúñiga es, actualmente, presidenta del comité de convivencia laboral de la Corte, un departamento interno que se encarga de desavenencias entre funcionarios que no impliquen la intervención de la Procuraduría o de la Comisión de Acusación. Solórzano es el vicepresidente.
La misiva del comité le remitió al Congreso una queja disciplinaria de la primera militar que obtuvo una toga de la Corte, en contra del boyacense que le propuso a sus colegas encarcelar a Uribe. Cristina Lombana acusa a César Reyes de presunto acoso laboral.
Según Lombana, Reyes la desacredita cuando presenta ponencias o expone opiniones. Su queja va de que las posturas del jurista supuestamente se alejan de lo académico y se convierten en ataques personales. El exlitigante, por su parte, lo niega. El comité de convivencia trató de mediar.
El 5 de diciembre a las once de la mañana el comité convocó a una audiencia de conciliación. Sin embargo, "no fue posible adelantar la diligencia ni alcanzar fórmula alguna de arreglo", narraron Zúñiga y Solórzano. Reyes Medina no se presentó, y la Corte dio por terminado el diálogo.
"Teniendo en cuenta que el comité agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria prevista en la normativa vigente, se configura el fracaso de la conciliación, razón por la cual se procede a la correspondiente remisión del asunto a la autoridad competente", sostiene el oficio.
Como la Comisión de Acusación investiga penal y disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes, la Corte Suprema se desmarcó de la riña y le envió las carpetas del caso a la presidenta de la célula legislativa, Gloria Arizabaleta. Su despacho ahora debe repartir el expediente.
La Comisión tendrá que asignar a un representante que decrete las pruebas pertinentes y defina qué rumbo tendrá la investigación disciplinaria contra Reyes. El comité busca que el Legislativo "se sirva adelantar las actuaciones a que haya lugar".
El documento del máximo tribunal de la justicia ordinaria llegó a la desordenada delegación legislativa dos meses después de que Lombana alegó, en dos oficios, que Reyes ha dejado "en entredicho" su "buen nombre". La FM reseña los movimientos tras el frígido telón de la sede de la calle 72 de Bogotá de la Corte.
El caso de Arturo Char y las fricciones por el control de los expedientes
Francisco Farfán solicitó una licencia no remunerada en octubre de 2023, en la primera presidencia de César Reyes en la Sala de Instrucción. Viajó a su natal Valledupar en un vuelo comercial y se dedicó, hasta abril de 2024, a trabajar en su defensa para una investigación en la Cámara.
Mientras supuestamente le filtraba a la familia Gnecco en el Cesar que la Fiscalía interceptó las comunicaciones de Cielo Gnecco, Farfán investigaba al expresidente del Senado Arturo Char. De hecho, fue quien redactó la orden de enviar a Char a detención preventiva en septiembre de 2023.
La Corte tenía 120 días para pronunciarse sobre la situación jurídica del atlanticense, quien había renunciado al Congreso para enfrentarse a la investigación por ser presuntamente la cabeza de un entramado de compra de votos en la Costa. Enfrentará un juicio al respecto el próximo año.
El magistrado Farfán y la Sala de Instrucción acusaron a Char ante la Sala de Primera Instancia apenas en diciembre de 2025, más de dos años después de encerrarlo. Un juez de Santa Marta ordenó la libertad del hermano del alcalde de Barranquilla tras 124 días de detención en una base militar.
Cristina Lombana manifiesta que trató de "evitar" el habeas corpus con el que Char quedó libre. Reyes tomó el expediente basándose en su condición de presidente, algo que Lombana repudió. Marco Rueda pidió un sorteo, Reyes accedió, y los folios, así, quedaron en poder de Lombana.
La togada presentó un proyecto para otorgarle la libertad a Arturo Char y solicitó, para discutirlo, una sesión extraordinaria de la Sala el sábado 16 de diciembre de 2023. Reyes negó la petición. Lombana narra que, además, tres días después el entonces presidente le reclamó.
"Me increpó por más de dos horas, sosteniendo que yo estaba actuando como agente oficiosa al favorecer al procesado", porque la Sala esperaba una evaluación sobre las pruebas que determinara si acusaba a Char o lo absolvía, "no el otorgamiento de la libertad por vencimiento de términos".
Según Lombana, trabajó en la calificación del sumario —o sea, el examen de las pruebas, que mayoritariamente había recabado Farfán— junto a su equipo, aun en la vacancia judicial, y radicó en la Sala un proyecto en marzo de 2024, ya con Misael Rodríguez como presidente.
Rodríguez lo agendó para el 11 de abril, pero luego lo excluyó porque los medios de comunicación conocieron de la idea de Lombana de liberar a Char. Francisco Farfán regresó de su licencia. "Mi trabajo y el de mi equipo ha quedado en el olvido", cuenta Lombana.
Los señalamientos sobre manejos internos y conflictos en la Sala de Instrucción
La magistrada expresa que supuestamente César Reyes es drástico con los tiempos que le impone para diversos pronunciamientos, y que resuelve los impedimentos y las recusaciones en su contra con demasiada rapidez, mientras ella intenta "evitar desgastes".
Reyes también ha intentado que la Comisión de Acusación investigue a Lombana. A su correo llegó una comunicación anónima denunciando comportamientos aparentemente indebidos de ella en una diligencia de recaudo de pruebas en Estados Unidos, y él lo reenvió a la Cámara.
El historial de discordias es extenso. En mayo de 2025 Cristina Lombana compulsó copias para que la Comisión investigue a Reyes porque, al parecer, se reunió con los abogados de la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz.
La togada citó a Ortiz a declarar sobre su papel en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD). Lombana investiga al senador Julio Elías Chagüi, presunto beneficiario de varios contratos que habría gestionado el exministro Luis Fernando Velasco.
Reyes se habría encontrado con la defensa de Ortiz para ofrecerle beneficios a la exsenadora, lo que extralimitaría las competencias de la Sala, que solo se encarga de las causas penales contra los aforados. La pelea no ha llegado a una conclusión.
Y en agosto de 2023 César Reyes se quedó con un proceso contra el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso estaba en la oficina de Cristina Lombana, a quien Benedetti —quien la ha insultado varias veces— recusó.
El magistrado Reyes ha sido prudente, y no contesta en medios ni en público los señalamientos de Lombana. La situación en la Sala, dijeron otras fuentes a esta emisora, es insostenible. Los magistrados deberían trabajar con armonía para discutir proyectos sin tener rencillas personales.
La cadencia quedó en los ideales. La Sala fue creada para precisar las investigaciones que luego son llevadas ante las salas que deben definir la suerte de los investigados: la Especial de Primera Instancia, tan joven como la Especial de Instrucción, y la de Casación Penal.
Hoy las indagaciones a los hombres y las mujeres con más poder del Gobierno y el Congreso quedan relegadas a una batalla por el control de expedientes, decisiones contradictorias y lo que parece una guerra de trincheras en los salones de la Corte Suprema.