Asofondos presenta quejas por decreto presidencial sobre sistema pensional: "El gobierno se lava las manos"

El gremio había advertido que las consecuencias de la decisión presidencial podrían verse reflejadas de manera directa en la población.
Asofondos tomó decisiones contra el gobierno por decisión en decreto. Crédito: Colprensa y Freepik

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, afirmó en entrevista con La FM que el gremio advirtió al Gobierno sobre efectos en el ahorro pensional derivados de decisiones recientes y medidas regulatorias.

¿Qué riesgos advierte Asofondos sobre el ahorro pensional en Colombia?

Velasco explicó que en una mesa técnica recomendaron “no emitir dicho decreto” relacionado con límites de inversión extranjera, al señalar que afectaría la “diversificación” y las posibilidades de pensión de los afiliados.

Indicó que la inversión en Colombia está “postrada” y afirmó que para atraer recursos locales se requieren “proyectos reales que demanden recursos”, los cuales, según dijo, permitirían una mayor participación de los fondos. Señaló que los fondos invertirán en el país cuando existan condiciones adecuadas y reiteró que modificar los límites afecta la gestión del ahorro pensional.

¿Por qué se reducen las mesadas pensionales según Asofondos?

Frente a la acción popular admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Velasco señaló que la reducción de mesadas se explica por decisiones como el “aumento del salario mínimo en un 23,7%” y un decreto expedido el 31 de diciembre.

Afirmó que con esa medida el Gobierno “se lava las manos” frente a efectos en las pensiones futuras, al tiempo que advirtió impactos en el número de pensionados y en la cobertura de riesgos. Velasco indicó que la situación genera una “incapacidad práctica de financiar el seguro” que cubre invalidez y muerte, lo que, según dijo, afecta el equilibrio del sistema.

Al responder sobre si la reducción era evitable, sostuvo que se trata de una consecuencia “inevitable” de las decisiones adoptadas sobre salario mínimo y deslizamiento. Explicó mediante una analogía que si un bien asegurado cambia de valor por decisión externa, “no hay fondos suficientes” para cubrir el excedente, lo cual, dijo, se refleja en el sistema pensional.

Señaló que el dinero ahorrado para toda la vida “ahora dura menos” debido a incrementos que no se basan en inflación o productividad, lo que obliga a recalcular pagos. Agregó que la ley exige ajustar las mensualidades para garantizar sostenibilidad durante toda la vida del pensionado, pero indicó que el Gobierno no cubrió el efecto del aumento decretado.

Velasco reiteró que las decisiones sobre inversión y salario mínimo tienen efectos directos en el ahorro pensional y en la capacidad de los fondos para cumplir obligaciones, según lo expuesto en la entrevista. Indicó que durante la mesa técnica se insistió en que cualquier cambio debe considerar la estabilidad del sistema y la protección de los recursos de los afiliados, “no afectar la diversificación”, reiteró.

También señaló que la falta de proyectos limita la inversión local y que los recursos se asignan donde existen condiciones, de acuerdo con su explicación sobre el funcionamiento del sistema. En cuanto a la acción judicial, Velasco reiteró que la reducción de mesadas responde a reglas vigentes que obligan a ajustar los pagos cuando cambian las variables que soportan el cálculo. Señaló, además, que el ajuste busca que los recursos alcancen durante toda la vida del pensionado, aunque reconoció que las decisiones externas modifican ese equilibrio, según lo expuesto.

Finalmente afirmó que el gremio continuará participando en espacios técnicos para exponer sus planteamientos y reiterar que las medidas deben considerar el impacto en el ahorro pensional de los colombianos.

“Siempre hemos dicho que se requieren condiciones”, concluyó, al insistir en que las decisiones deben permitir la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de las obligaciones con los afiliados, según lo manifestado en la entrevista. El dirigente reiteró que los cambios deben evaluarse con base en sus efectos sobre el sistema y el ahorro de largo plazo de los trabajadores afiliados activos.