En medio de una caldeada sesión en la Cámara de Representantes, avanza el debate de la iniciativa de la Ley de Sometimiento con el que se busca poner fin a la “paz total” y poner en marcha el nuevo modelo de justicia para los criminales sin negociaciones y condenas ejemplares.
Con una votación de 99 votos a favor y 39 en contra, luego de que la mesa directiva ordenó repetir la votación del informe de ponencia, fue avalado continuar el debate que aún debe superar la discusión de su articulado y completar las etapas pendientes en el Congreso antes del vencimiento de la Ley de Orden Público, para lo que quedan menos de 24 horas.
La sesión estuvo marcada por duros cuestionamientos del Pacto Histórico, que argumentó que la jornada estuvo llena de vicios de trámite por aprobar artículos sin dar paso al debate y por aprobar artículos, al parecer, con amañamientos.
Pero también hubo señalamientos contra funcionarios. “A nosotros no nos pueden pedir que votemos con tranquilidad esta Ley de Sometimiento, luego de las graves denuncias que hay en contra de la señora Diana Patricia Bravo, directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Una ley que le entrega a la SAE la responsabilidad de la extinción de dominio, con una directora que se ha dedicado a devolverles la tierra a los narcotraficantes, mafiosos y paramilitares”, dijo el representante Santiago Osorio, de Alianza Verde, sin presentar ninguna prueba.
Según el congresista, “las denuncias han sido claras: se habla de 139 bienes que Diana Patricia ya les ha entregado a comandantes que han hecho parte de la vida del actual presidente. Si Pablo Escobar estuviera vivo, estaría muy contento con esta Ley de Sometimiento”.
Por su parte, el senador ponente, Daniel Briceño del Centro Democrático, aseguró que esta iniciativa plantea una nueva forma en que los colombianos verán a los criminales ya los terroristas.
“Yo creo que aquí al país le tiene que quedar algo absolutamente claro: hay un cambio en la forma en que nos vamos a relacionar con los delincuentes. Aquí, el delincuente recibe una oferta clara, que define este Congreso, y decide si se somete. Pero ese delincuente no puede negociar absolutamente nada de lo que apruebe este Congreso. Hoy le tenemos una buena noticia a Colombia: con la aprobación de este proyecto la política de paz total, que no le rindió ningún fruto real a Colombia, se terminará”, dijo el militante del Centro Democrático.
Otras de las voces que se alzó en contra de la iniciativa fue Óscar Benavides, representante de Afrodescendientes, quien afirmó que hay intereses escondidos del Gobierno para favorecer a los delincuentes que están vinculados a delitos de lavado de activos, testaferros o enriquecimiento ilícito.
“¿Por qué tanta benevolencia contra estos hampones, no tienen que pagar igual que los demás por sus delitos. ¿A quién quieren ayudar?”, cuestionó.
Aspectos relevantes de la ponencia
Entre los aspectos más relevantes del proyecto está la posibilidad de otorgar reducciones de hasta el 50 % de las penas a integrantes sin responsabilidades de dirección y de hasta el 30 % a quienes hayan ejercido funciones de mando dentro de las estructuras criminales.
Estos beneficios estarían sujetos al cumplimiento de obligaciones concretas, entre ellas la entrega de armas, el abandono definitivo de las actividades ilegales, la identificación y entrega de bienes de origen ilícito y la colaboración con las autoridades.
El texto también incorpora disposiciones para combatir las fuentes de financiación de las organizaciones, fortalecer las investigaciones patrimoniales y establecer mecanismos de verificación sobre los compromisos adquiridos por quienes pretendan acogerse al procedimiento.
Otro de los componentes contempla exigencias particulares para los responsables de delitos como el reclutamiento de menores, quienes no tendrían acceso a las mismas condiciones de beneficios previstas para otros integrantes.
¿Qué falta para que la Ley de Sometimiento sea aprobada?
Aunque el respaldo al informe de ponencia representa un avance, el proyecto todavía no puede considerarse aprobado por la Cámara de Representantes.
El siguiente paso consiste en discutir y votar los artículos que integran la iniciativa. Durante la sesión más reciente se alcanzaron a aprobar los artículos 5 y 14 en los términos presentados en la ponencia, pero la discusión general tuvo que suspenderse y quedó pendiente de continuación para este martes 3 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
Una vez termine su trámite en la Cámara, la propuesta deberá completar las etapas legislativas correspondientes en el Senado, incluida la discusión en plenaria. Si se presentan diferencias entre los textos aprobados por ambas corporaciones, también será necesario adelantar el proceso de conciliación.
El calendario constituye uno de los mayores obstáculos. El Congreso tiene como fecha límite el 4 de noviembre para completar el trámite relacionado con la prórroga de la Ley de Orden Público, cuya vigencia está próxima a finalizar.
En consecuencia, el Gobierno enfrenta una jornada decisiva para conseguir que las mayorías respalden el articulado y permitan completar el procedimiento constitucional.
Cuatro preguntas clave de la noticia
¿Qué consecuencias podría tener la aprobación de la Ley de Sometimiento para las organizaciones criminales en Colombia?
La iniciativa podría modificar la manera en que el Estado enfrenta a las estructuras criminales, al establecer condiciones jurídicas para que sus integrantes abandonen las actividades ilegales, entreguen sus recursos ilícitos y respondan ante la justicia, sin que puedan negociar los términos del sometimiento.
¿Qué garantías tendría el Estado para evitar que los beneficiarios incumplan los compromisos adquiridos?
El proyecto contempla mecanismos de verificación para comprobar que los sometidos cumplan sus obligaciones, entre ellas la entrega de armas, la identificación de bienes ilícitos, el abandono de actividades criminales y la colaboración efectiva con las autoridades.
¿Cómo podría afectar esta iniciativa a las víctimas de las organizaciones criminales?
Su implementación plantea el reto de garantizar los derechos de las víctimas, especialmente en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para evitar que los beneficios judiciales se traduzcan en impunidad.
¿Qué podría ocurrir si el Congreso no logra completar el trámite legislativo dentro del plazo establecido?
La iniciativa podría quedar sin convertirse en ley durante el periodo previsto para su discusión, lo que obligaría al Gobierno a evaluar las alternativas jurídicas y políticas disponibles frente al vencimiento de la Ley de Orden Público y la continuidad de su estrategia de sometimiento criminal.