La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad, con 22 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley que busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada en Colombia. La iniciativa, identificada pretende incorporar al Código Penal un nuevo delito denominado explotación reproductiva mediante maternidad subrogada.
El proyecto busca impedir los acuerdos mediante los cuales una mujer gesta uno o varios niños con el compromiso de entregarlos, después del nacimiento, a la persona o pareja que encargó el embarazo o a alguien designado por esta. La prohibición tendría en cuenta los acuerdos remunerados como los gratuitos, independientemente de la procedencia de los óvulos y espermatozoides o de la técnica de reproducción aislada.
Penalización de maternidad subrogada
Uno de los principales cambios que plantea la iniciativa es la creación del artículo 188F del Código Penal. Este establecería penas entre 10 y 16 años, además de multas de 500 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La sanción que pondera la iniciativa estaría dirigida a quienes encarguen, promuevan, faciliten o financien acuerdos de maternidad subrogada en el país. También incluiría a quienes contraten, capten, recluten, trasladen o reciban a una mujer con el objetivo de que geste.
Según el proyecto, también se contempla sanciones para quienes publiciten o promocionen estos servicios a través de medios físicos o digitales. Esto incluye la oferta de contratos, programas, agencias y paquetes médicos, turísticos o jurídicos destinados a concretar acuerdos de gestación subrogada, incluso cuando estos se realicen fuera de Colombia.
Un aspecto central del articulado presentado en la comisión, es que la conducta sería penalizada independientemente de que exista o no remuneración, compensación o reembolso de gastos para la mujer gestante. Es decir, el texto no establece una distinción entre los acuerdos comerciales y aquellos que se realicen de manera gratuita.
¿Cuándo aumentarían las penas?
El proyecto propone ocho circunstancias de agravación punitiva, bajo las cuales las penas podrían aumentar hasta la mitad. Entre ellas están el aprovechamiento de la pobreza o vulnerabilidad de la mujer, que la gestante sea menor de 18 años y que exista violencia, engaño, amenaza o abuso de poder.
También se contemplan mayores sanciones en escenarios en los que participen profesionales de la salud, abogados, funcionarios públicos, notarías o servidores judiciales que faciliten los acuerdos. Este mismo aumento, se aplicaría si se utilizan clínicas de fertilidad, instituciones prestadoras de salud, agencias o redes nacionales e internacionales.
Por últimos, otros de los agravantes se establecería cuando el responsable obtiene un beneficio económico o patrimonial de la práctica, así como cuando impone restricciones a la libertad, movilidad, intimidad o decisiones de la mujer.
Mujeres gestantes serían consideradas víctimas
El articulado establece que las mujeres que hayan gestado o se encuentren gestando mediante estos acuerdos serán consideradas víctimas y no tendrán responsabilidad penal por el delito que se pretende crear.
En estas situaciones la responsabilidad recaería sobre quienes encarguen, promuevan, financien o intervengan en la realización de los acuerdos. Además, el proyecto ordena al Estado garantizar atención médica, psicológica, jurídica y social a las mujeres involucradas, así como programas de inclusión social y laboral.
Discusión sobre el trámite como ley ordinaria o estatutaria
Antes de iniciar su discusión, dentro de la comisión primera existían diferencia entre los ponentes y el resto de los representantes sobre la naturaleza jurídica de la iniciativa y el procedimiento que debía seguir en el Congreso.
Debatían si debía presentarse y discutirse como ley ordinaria o estatutaria, debido a que el proyecto involucra asuntos relacionados con derechos fundamentales, como la autonomía reproductiva, la dignidad humana y la salud.
La diferencia resultaba clave para el futuro del proyecto porque las leyes estatutarias requieren mayoría absoluta en cada cámara, deben aprobarse durante una sola legislatura y tienen revisión previa por parte de la Corte Constitucional. Las leyes ordinarias, por su parte, siguen el procedimiento legislativo general.
Finalmente se tramitó como Estatutaria y se aprobó en la Comisión Primera de la Cámara. Superando así su primera etapa, para continuar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Qué busca el proyecto de ley sobre maternidad subrogada en Colombia?
Busca prohibir todos los acuerdos de gestación subrogada, sean gratuitos o remunerados, y crear un delito para sancionar a quienes promuevan, financien o participen en esta práctica.
¿Cuántos años de cárcel contempla la iniciativa?
Propone penas de entre 10 y 16 años de prisión y multas de 500 a 1.500 salarios mínimos para quienes incurran en las conductas descritas en el nuevo delito.
¿Las mujeres que alquilan su vientre podrían ir a la cárcel?
No. El proyecto establece que las mujeres gestantes serán consideradas víctimas y no tendrán responsabilidad penal por los acuerdos de maternidad subrogada.
¿Qué falta para que el proyecto se convierta en ley?
La iniciativa debe continuar su trámite en el Congreso y superar los debates restantes, además de cumplir los requisitos constitucionales que correspondan según su clasificación como ley ordinaria o estatutaria.