El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional capturar a los compradores de votos y ponerlos a disposición de la Fiscalía por delitos contra el sufragio, tras la detención en vías de La Guajira de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba $145 millones en efectivo y material político.
El uniformado, asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fue interceptado por las autoridades mientras se movilizaba con el dinero y propaganda del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.
“La Policía Nacional tiene orden del presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”, señaló el jefe de Estado.
La captura en La Guajira
El procedimiento se realizó en carreteras del departamento, donde las autoridades incautaron el dinero en efectivo y el material publicitario. El caso quedó en manos de la Fiscalía para determinar si los recursos estaban destinados a prácticas ilegales relacionadas con la campaña electoral.
El hecho generó reacciones inmediatas en el escenario político, especialmente por tratarse de un integrante de la UNP vinculado al esquema de seguridad de un alto funcionario del Congreso.
Desde la Casa de Nariño se insistió en que la instrucción es clara: actuar contra cualquier intento de alterar la voluntad popular mediante la compra de votos.
El candidato niega irregularidades
Tras conocerse la incautación, el candidato al Senado Daniel Restrepo negó cualquier participación en hechos de compra de votos. Aseguró que no tiene relación con actividades ilegales y que será la justicia la encargada de esclarecer lo ocurrido.
Restrepo sostuvo que su campaña se desarrolla dentro de los parámetros legales y rechazó que su nombre sea vinculado con prácticas contra el sufragio.
Las autoridades continúan las investigaciones para establecer el origen y destino del dinero, así como la posible responsabilidad de otras personas en el caso. La Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para imputar cargos y avanzar en eventuales judicializaciones.