La condena proferida contra el exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por las irregularidades en el proyecto de modernización de la red pública de salud del Distrito, ya genera las primeras reacciones. Una de las voces que celebró la decisión fue la del presidente de la Veeduría de esta región del país, Edilfonso Orozco, quien afirmó que el fallo representa "un acto de justicia" luego de varios años de denuncias e investigaciones alrededor de uno de los proyectos de infraestructura en salud más cuestionados de la ciudad.
"Una validación a nuestro trabajo como veedores": Presidente Veeduría
Para el dirigente, la decisión judicial valida el trabajo de control social que adelantó la Veeduría desde que comenzaron a evidenciarse las presuntas inconsistencias en la ejecución de las obras.
"Como veeduría ciudadana aportamos un granito de arena para que se hiciera justicia. Desde el primer momento le hicimos seguimiento a este contrato, denunciamos lo que sucedió y hoy podemos decir que ese trabajo dio resultados. El dicho es claro: la justicia tarda, pero llega. Y esta decisión prácticamente tomó por sorpresa a todos los samarios, precisamente cuando la ciudad celebra sus 501 años", manifestó Orozco.
Sostuvo, además, que el fallo representa un alivio para quienes, durante años, reclamaron respuestas frente al deterioro del sistema público de salud.
"Se recibe esta noticia como un alivio para muchas familias que durante años esperaron una respuesta. Son miles de personas que, según nuestra percepción, resultaron afectadas porque estos centros de salud nunca estuvieron disponibles para prestar la atención que necesitaba la comunidad y siempre estuvimos esperanzados en que él pagaría por estos y otros hechos", expresó.
Las obras que terminaron y el 'elefante blanco' que quedó
Recordemos que el proceso judicial está relacionado con el contrato para la modernización de cinco puestos de salud que fueron intervenidos durante la administración de Carlos Caicedo. Con el paso de los años, la mayoría de esas obras fueron culminadas mediante nuevos contratos y recursos adicionales durante administraciones posteriores.
Tras la inversión inicial realizada en el proyecto, fue necesario destinar cerca de 6.000 millones de pesos adicionales para terminar algunas de las infraestructuras.
"Después de que se hubieran invertido alrededor de 11.000 millones de pesos, hubo que hacer otro contrato cercano a los 6.000 millones para terminar los centros de salud La Candelaria y La Paz. Finalmente fueron entregados La Candelaria, La Paz, Taganga y Bastidas. El único que terminó convertido en un verdadero elefante blanco fue el puesto de salud de Mamatoco", aseguró.
"No es una persecución política": Norma Vera
De otro lado, la defensora de derechos humanos de esta zona del país, Norma Vera Salazar, también se pronunció sobre la decisión judicial y sostuvo que el fallo constituye un precedente frente a las denuncias que, durante años, se han formulado por presuntas irregularidades en la administración de los recursos públicos durante el gobierno de Carlos Caicedo. A su juicio, la condena respalda el trabajo de quienes documentaron y denunciaron estos hechos, al tiempo que pidió celeridad en otros procesos que continuan en curso.
"Este fallo demuestra que las denuncias sistemáticas por presunta corrupción no obedecían a una persecución política, sino que estaban sustentadas en elementos materiales probatorios que permitieron a la Fiscalía establecer una intención dolosa en la ejecución de este proyecto. Lo ocurrido no solo evidencia corrupción, malos manejos administrativos y una pésima planeación, sino que le hizo un daño estructural a la salud de Santa Marta. Se demolieron puestos de salud que, aunque no estaban en las mejores condiciones, sí prestaban un servicio a la comunidad, con la promesa de unas obras que nunca garantizaron oportunamente la atención que necesitaban los ciudadanos", afirmó.
"Es un triunfo a la denuncia ciudadana": Norma
Vera Salazar agregó que "esta condena, aunque tardía, representa un triunfo de la denuncia ciudadana, de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Esperamos que los procesos que hoy cursan no solo contra Carlos Caicedo, sino también contra Rafael Martínez, Virna Johnson, Carlos Pinedo y otros funcionarios, avancen con la mayor celeridad posible, porque los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administraron los recursos públicos y a ejercer control sobre la gestión de quienes eligieron", le dijo a la FM, Norma Vera.
El ranking de las obras inconclusas en Gobierno de Caicedo
A su turno, José Isidoro Jiménez, líder de la zona de Mamatoco y quien también ha liderado procesos contra Carlos Caicedo, sostuvo que la decisión judicial no debería convertirse en un caso aislado. Afirmó que existen otros procesos que permanecen bajo investigación y sobre los cuales espera decisiones de los organismos de control y de la Fiscalía.
"Este es apenas un comienzo de lo que se viene. Creo que la Fiscalía debe tomar acciones frente a otras personas que tuvieron responsabilidad en el despilfarro de recursos públicos. Hay casos como la Megabiblioteca, el Parque del Agua, el CDI de Bonda y otras obras inconclusas que también deben llegar hasta las últimas consecuencias", indicó.
¿Un gobierno de 'elefantes blancos'?
Según explicó el dirigente social, varios de esos proyectos continuaron recibiendo inversiones durante los gobiernos de Rafael Martínez y Virna Johnson, también de la extinta Fuerza Ciudadana, sin que las obras fueran concluidas.
"El CDI de Bonda recibió recursos importantes durante la administración de Carlos Caicedo; después Rafael Martínez volvió a invertirle recursos y nunca se terminó. Luego llegó Virna Johnson, también hizo nuevas adiciones presupuestales y la infraestructura sigue sin finalizar. Esperamos que próximamente también haya resultados en esos procesos, porque los recursos públicos son sagrados y deben respetarse", concluyó.
¿Qué otros procesos tiene abierto Caicedo?
Es válido recordar que, además de este proceso, Carlos Caicedo enfrenta otras investigaciones penales que aún no han concluido y sobre las que no existe una condena judicial. Entre ellas se encuentra una investigación por una denuncia por presunto acceso carnal violento contra una menor de edad, por hechos que habrían ocurrido en julio de 2023 cuando ejercía como gobernador del Magdalena.
Asimismo, la Fiscalía adelanta indagaciones preliminares por presunto acoso sexual sistemático, a partir de denuncias que fueron dadas a conocer por el equipo periodístico de La FM y que formularon varias mujeres que hicieron parte de su entorno político y administrativo.
A estos expedientes se suman otros procesos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de obras públicas, entre ellas las adiciones presupuestales del coliseo deportivo de La Gaira y proyectos de adecuación de parques urbanos, casos que continúan bajo investigación y sobre los cuales la justicia aún no ha emitido una decisión de fondo.
El fallo que marcó el aniversario 501 de Santa Marta
Y es que la decisión judicial también coincide con una fecha simbólica para la capital del Magdalena. Mientras Santa Marta conmemora este 29 de julio sus 501 años de fundación con actos culturales y celebraciones en distintos puntos de la ciudad, el fallo contra el exgobernador Carlos Caicedo se convierte en uno de los temas más comentados entre los samarios, especialmente para quienes durante años denunciaron las presuntas irregularidades en la modernización de la red pública de salud.
"Muchas personas murieron esperando ser atendidas en esos centros de salud. Esa es una de las razones por las que esta decisión judicial tiene un significado tan importante para Santa Marta, porque durante años hubo familias que esperaron justicia (...) y este es un verdadero regalo en esta ciudad de los 501 años", anotó José Isidoro Jiménez.
Cabe precisar que la condena contra Caicedo Omar fue proferida en primera instancia, razón por la cual él conserva su derecho a interponer el recurso de apelación. Este caso deberá ser revisado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, corporación que será la encargada de definir si mantiene, modifica o revoca el fallo condenatorio emitido este miércoles.
¿Puede evitar la cárcel mientras apela la condena?
La FM le consultó al abogado penalista Ariel Quiroga Vides sobre lo que ahora viene en este proceso y explicó que la condena contra Carlos Caicedo no significa que la apelación suspenda automáticamente una eventual orden de captura. Según indicó, en este tipo de casos, la decisión judicial puede ejecutarse mientras el fallo es revisado en segunda instancia. Además, advirtió que, al tratarse de una condena por delitos contra la administración pública, la legislación colombiana restringe el acceso a beneficios como la prisión domiciliaria ordinaria.
"La apelación no es un escudo automático contra la cárcel. En los delitos contra la administración pública, como aquellos por los que fue condenado Carlos Caicedo, la ley restringe de manera expresa beneficios como la prisión domiciliaria ordinaria. Solo circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, como una enfermedad grave incompatible con la reclusión en un centro penitenciario, podrían dar lugar a una sustitución de la pena", explicó Quiroga.
"La apelación, por sí sola, no evitaría la ejecución de la condena. La única posibilidad real de que la restricción de la libertad se cumpla en el lugar de residencia pasa por demostrar, con pruebas médicas y periciales, alguna de las circunstancias excepcionales previstas en la ley. De lo contrario, el cumplimiento de la pena sería intramural", concluyó el abogado penalista Ariel Quiroga.
Claves del tema, en cuatro preguntas.
¿Por qué fue condenado Carlos Caicedo?
La decisión judicial está relacionada con las irregularidades encontradas en el proyecto de modernización de cinco centros de salud de Santa Marta, una iniciativa que presentó retrasos, sobrecostos y dejó obras inconclusas durante varios años.
¿Qué otros procesos enfrenta el exgobernador?
Además de esta condena, Carlos Caicedo tiene abiertas otras investigaciones penales, entre ellas por una denuncia por presunto acceso carnal violento contra una menor, presunto acoso sexual y presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura pública. Ninguno de estos expedientes cuenta, por ahora, con una condena judicial.
¿Qué pidió la Veeduría tras conocerse el fallo?
El presidente de la Veeduría Ciudadana de Santa Marta, Edilfonso Orozco, solicitó que la Fiscalía continúe las investigaciones relacionadas con otros proyectos públicos, como la Megabiblioteca, el Parque del Agua y el CDI de Bonda, al considerar que también existen denuncias por posibles irregularidades.
¿Por qué el fallo tuvo tanta repercusión en Santa Marta?
La condena se conoció el mismo día en que la ciudad conmemoraba sus 501 años de fundación. Para numerosos ciudadanos y veedores, la decisión judicial tiene un significado especial debido a que las demoras en la construcción de los centros de salud afectaron durante años el acceso de miles de personas a servicios médicos oportunos.