La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 absolvió a seis funcionarios de la Alcaldía de Medellín en el proceso disciplinario por el predio Aguas Vivas, en un fallo de primera instancia del 30 de septiembre de 2026. El exalcalde Daniel Quintero no fue investigado en este proceso.
Seis funcionarios fueron absueltos por el caso Aguas Vivas
La decisión declaró no probado el cargo contra cinco integrantes del Comité de Conciliación del Distrito: Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil, Leydy Jiménez Echavarría, Yina Marcela Pedraza Gómez e Ingrid Vanesa González Montoya. También lo declaró no probado contra Fabio Andrés García Trujillo, entonces subsecretario de Ejecución Contractual. Se ordenó el archivo definitivo a favor de los seis.
La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal las había acusado, el 10 de octubre de 2025, de aprobar un acuerdo de conciliación con los antiguos dueños del predio que, según el cargo, no se podía negociar porque buscaba arreglar un contrato con graves fallas. A García Trujillo le reprochaba haber terminado ese contrato mediante una resolución del 26 de octubre de 2022.
Al decidir, el despacho dijo que no hay certeza de que las funcionarias hayan incumplido sus deberes y que el rechazo posterior del acuerdo por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado no basta, por sí solo, para configurar una falta disciplinaria. Sobre García Trujillo, concluyó que actuó dentro de sus competencias y apoyado en lo que ya habían advertido esos jueces: que el contrato tenía fallas tan graves que debía terminarse.
Un exsecretario no fue absuelto por prescripción
El séptimo disciplinado, Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial, no fue absuelto. Se declaró extinguida la acción por prescripción, que se consolidó el 14 de abril de 2026. Montoya puede renunciar a ella, y en ese caso la acción podría continuar hasta por dos años.
Los otros procesos relacionados con Aguas Vivas siguen siendo independientes
Aguas Vivas es un lote que el Distrito recibió en diciembre de 2019 de unos particulares, mediante una cesión gratuita, a cambio de que luego se les compensara con obligaciones urbanísticas de otros constructores. El predio era cerca de 95 % rural y los cedentes no tenían la licencia exigida. Los dueños reclamaron más de 40.000 millones de pesos y el comité aprobó una fórmula de arreglo en 2021. El Tribunal Administrativo de Antioquia la improbó en diciembre de 2021 y el Consejo de Estado lo confirmó en septiembre de 2022.
Este fallo es independiente de otros frentes del caso. En mayo de 2023 la Alcaldía firmó el Decreto 412, que cambió el uso del suelo del predio y de un lote vecino en el marco del proyecto Valle del Software. Por ese hecho Quintero fue citado a una audiencia de imputación en la justicia penal, que, le fue anulada por una jueza. Además, la Contraloría Distrital de Medellín determinó un daño patrimonial de 10.944 millones de pesos por la salida del lote del patrimonio público. Nada de eso fue materia del fallo disciplinario.
Esta noticia en cinco preguntas
¿Qué decidió la Procuraduría en el proceso disciplinario por el predio Aguas Vivas?
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 absolvió a seis funcionarios de la Alcaldía de Medellín en un fallo de primera instancia del 30 de septiembre de 2026. La decisión declaró no probados los cargos contra cinco integrantes del Comité de Conciliación del Distrito y contra Fabio Andrés García Trujillo, quien se desempeñaba como subsecretario de Ejecución Contractual. Como consecuencia, ordenó el archivo definitivo de las actuaciones disciplinarias a favor de estas seis personas. El exalcalde Daniel Quintero no hizo parte de este proceso.
¿Por qué estaban siendo investigados los integrantes del Comité de Conciliación?
Los cinco integrantes del Comité de Conciliación fueron acusados de aprobar en 2021 una fórmula de arreglo con los antiguos propietarios del lote Aguas Vivas, pese a que, según el cargo formulado por la Procuraduría, el contrato original presentaba fallas graves que impedían negociar ese acuerdo. Por su parte, a Fabio Andrés García Trujillo se le reprochaba haber terminado ese contrato mediante una resolución expedida el 26 de octubre de 2022. Sin embargo, al resolver el proceso, la Procuraduría concluyó que no existían elementos suficientes para establecer que los funcionarios hubieran cometido faltas disciplinarias.
¿Cuáles fueron los argumentos de la Procuraduría para absolver a los seis funcionarios?
El despacho consideró que no existía certeza de que las integrantes del Comité de Conciliación hubieran incumplido sus deberes. También señaló que el hecho de que el Tribunal Administrativo de Antioquia y posteriormente el Consejo de Estado rechazaran el acuerdo de conciliación no significaba automáticamente que quienes lo aprobaron hubieran cometido una falta disciplinaria. En cuanto a García Trujillo, la Procuraduría determinó que actuó dentro de sus competencias y tuvo en cuenta las advertencias de los jueces sobre las graves fallas del contrato, que justificaban su terminación.
¿Qué ocurrió con Carlos Mario Montoya, el séptimo funcionario vinculado al proceso?
Carlos Mario Montoya, quien se desempeñó como secretario de Gestión y Control Territorial, no recibió una decisión absolutoria como los otros seis funcionarios. En su caso, la Procuraduría declaró extinguida la acción disciplinaria por prescripción, una situación que se consolidó el 14 de abril de 2026. Sin embargo, Montoya tiene la posibilidad de renunciar a la prescripción y, si lo hace, el proceso podría continuar durante un periodo de hasta dos años para que se adopte una decisión de fondo sobre su responsabilidad disciplinaria.
¿La absolución de los seis funcionarios significa que terminaron todas las investigaciones por el caso Aguas Vivas?
No. La decisión de la Procuraduría se limita exclusivamente al proceso disciplinario contra estos siete funcionarios y no resuelve los demás frentes judiciales y fiscales relacionados con el predio. Por un lado, está el cambio de uso del suelo aprobado mediante el Decreto 412 de mayo de 2023, relacionado con el proyecto Valle del Software, por el que Daniel Quintero fue citado a una audiencia de imputación en la justicia penal, posteriormente anulada por una jueza. Por otro lado, la Contraloría Distrital de Medellín determinó un presunto daño patrimonial de 10.944 millones de pesos por la salida del lote del patrimonio público. Estos asuntos son independientes y no fueron objeto del fallo disciplinario del 30 de septiembre de 2026.