La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar la medida de aseguramiento que el Tribunal Superior de Bogotá le impuso al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (UNGRD).
El alto tribunal, además, le ordenó al tribunal capitalino emitir una nueva decisión, tras haber mandado, en diciembre del año pasado y abril de 2026, que el exfuncionario permaneciera tras las rejas.
“ORDENAR a la magistrada con función de control de garantías a cargo de la primera instancia en el asunto antes referido que, una vez le sea notificada esta decisión, emita inmediatamente las órdenes derivadas de la pérdida de efectos de la citada medida de aseguramiento”, se lee en el fallo de la Corte, como confirmó La FM en primicia.
La magistrada a la que se refiere es Aura Rosero. La Sala Penal se afanó en notificar este jueves, 6 de agosto, cuando termina el gobierno de Gustavo Petro —quien nombró a Velasco en la cartera política—.
El magistrado ponente, Hugo Quintero, le expresó a la secretaría de la Corte: “pilas, que es una libertad. A notificar”, le contó a este medio una fuente en el Palacio de Justicia.
Velasco, entonces, saldrá de la celda que lo ha alojado en una guarnición militar en Cali, en la que esperaba la continuación del proceso penal en su contra.
La Corte Suprema tiene programada para el 12 de agosto la audiencia preparatoria contra el exministro del Interior y su ex colega de Hacienda Ricardo Bonilla, acusados en medio del entramado corrupto.
La diligencia, inicialmente, iba a ser el 30 de junio, pero la defensa de Velasco pidió un aplazamiento porque necesitaba revisar todo el material que la Fiscalía estaba dispuesta a descubrir tras la acusación.
El magistrado Jorge Caldas, cuyo periodo terminará en octubre, accedió, aunque señaló que esa reprogramación influiría en una eventual solicitud de libertad.
La Fiscalía sostiene que exministros y congresistas coordinaron contratos a cambio de apoyos políticos
El 30 de abril, tras dos días de audiencia, la Sala de Primera declaró formalmente acusados a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, en medio del entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.
La Fiscalía llevó a juicio a los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El fiscal Gabriel Sandoval, delegado ante la Corte, radicó el escrito de acusación, de casi trescientas páginas, el 7 de abril.
No es una acusación precisamente fuerte. Aunque tiene falencias en tecnicismos jurídicos en, por ejemplo, la “vocación de permanencia” del delito de concierto para delinquir, sirvió para llevar a dos de los exservidores públicos más cercanos al jefe de Estado en el pasado al banquillo.
Según la Fiscalía, Velasco lideró varias reuniones en el Palacio de Nariño para impartir directrices sobre el direccionamiento de varios contratos que servirían para que congresistas votaran a favor de proyectos de la administración de Petro. Según la Fiscalía, las iniciativas gubernamentales eran la reforma a la salud y la pensional.
Velasco captó una posible imprecisión de la Fiscalía, que señaló que la pensional se debatía en la Comisión Primera del Senado, cuando en realidad era un proyecto que navegaba en la Comisión Séptima. En todo caso, las investigaciones del ente acusador también hablan de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Se trata, en buena medida, del representante conservador Wadith Manzur y la representante de las circunscripciones de paz Karen Manrique, a quienes la Corte Suprema de Justicia envió a prisión preventiva. El mismo jueves 30 de abril, la Sala Especial de Instrucción ratificó la medida de aseguramiento en su contra.
María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio y presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio del año pasado.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, singla en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
La Fiscalía dice que Bonilla determinó a Benavides para que se contactara con los congresistas que Velasco seleccionaba para cuadrar 73 contratos del Invías —si bien la imputación hablaba inicialmente de 74— y cinco contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo, que sumaban unos 612.000 millones de pesos.
Las defensas cuestionan la acusación mientras el caso sigue ampliando el número de implicados
De la lista de convenios, solo siete se concretaron. Velasco, frente al magistrado Jorge Emilio Caldas —el ponente del caso en la Corte Suprema—, protestó porque la mayoría de los acuerdos empezó a tramitarse durante el gobierno de Iván Duque. “No caigamos en el juego narrativo que plantea la Fiscalía”, reclamó.
Entre septiembre y diciembre de 2023, narró la Fiscalía, Velasco y Bonilla presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales de la UNGRD para mitigar emergencias en Arauca, Córdoba y Bolívar. Los proyectos sumaban más de 86,6 mil millones de pesos y habrían provocado la aprobación de créditos en el Congreso.
La Corte Suprema, durante la investigación contra Manrique, Manzur, tres congresistas y un excongresista, constató que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda —al mando de Bonilla— pidió durante el año.
“A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostuvo la Corte. En agosto de 2025 el magistrado Misael Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del Gobierno, como Velasco.
La audiencia de acusación acumuló dos días, sumando trámites procesales, defensa de los exministros, recesos decretados por la magistratura, una audiencia de apelación de la medida de aseguramiento ante el Tribunal Superior de Bogotá y hasta un instante en el que el exministro Bonilla apagó su aspiradora.
Velasco y Bonilla, ya no investigados sino acusados, insisten en su inocencia, en que no desfalcaron la UNGRD y en que nunca dieron órdenes para desviar recursos. El Tribunal Superior de Bogotá, que le otorgó a Bonilla la libertad por vencimiento de términos, le negó la detención domiciliaria al exjefe de la cartera del Interior.
El exministro de Hacienda apuntó que nunca fue ordenador del gasto de entidades distintas a su ministerio. Y reprochó que uno de los contratos que la justicia le achaca se firmó en 2021, antes de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, en el Invías. El fiscal en la audiencia señaló que se basa en las adiciones al contrato, no en su firma.
Luis Fernando Velasco, por su parte, cuestionó que la Fiscalía fuese abstracta al advertir qué congresistas se habrían beneficiado por los contratos, sin nombrarlos propiamente. Y criticó la credibilidad que los investigadores le dan al exdirector de la UNGRD Olmedo López, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó un preacuerdo.
Con Ricardo Bonilla y Luis Velasco, cuatro exintegrantes del Gobierno van a juicio. Antes de ellos, pasó por los estrados la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, en prisión preventiva desde diciembre de 2024 por aparentemente mediar para que los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle —presos— recibieran sobornos. Y luego, el prófugo Carlos Ramón González, asilado en Nicaragua, cuyo abogado fue Iván Cancino, el próximo ministro de Justicia en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Suprema dejó sin efecto la detención de Luis Fernando Velasco?
La Sala de Casación Penal revocó la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá y le ordenó emitir una nueva decisión, lo que deja sin efectos la orden de mantener al exministro privado de la libertad.
¿De qué acusa la Fiscalía a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla?
El ente acusador sostiene que ambos exministros coordinaron el direccionamiento de contratos de la UNGRD y el Invías para obtener apoyos de congresistas a proyectos del Gobierno, por lo que los llevó a juicio por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
¿Qué pruebas sustentan la investigación del caso UNGRD?
La Fiscalía se apoya, principalmente, en las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavides, grabaciones de reuniones y otros elementos que relacionan a exfuncionarios y congresistas con la presunta distribución de contratos oficiales.
¿Qué sigue en el proceso contra los exministros Bonilla y Velasco?
Tras la decisión sobre la medida de aseguramiento, la Corte Suprema continuará el juicio y tiene programada la audiencia preparatoria, en la que se definirán las pruebas que serán debatidas antes de la etapa de juzgamiento.