Un nuevo informe internacional sobre descentralización en América Latina ubica a Colombia entre los países con mejor desempeño relativo en la región, pero advierte que persisten profundas brechas entre el diseño institucional y la realidad territorial, especialmente en materia fiscal, capacidades locales y participación ciudadana.
El estudio, titulado Desarrollo territorial y descentralización en América Latina y el Caribe, del centro del Enfoque Territorial del Desarrollo Local financiado por la Unión Europea analiza 22 países y concluye que Colombia forma parte del grupo más avanzado —junto a economías como Brasil, México y Uruguay— en términos de marco legal y reconocimiento de la autonomía territorial.
Sin embargo, el diagnóstico es claro: la descentralización en Colombia sigue siendo, en buena medida, más formal que efectiva.
¿Qué criterios se tuvieron en cuenta?
El informe hizo un promedio basado en un puntaje específico con base en diez criterios principales:
1. Marco legal e institucional
- Si la Constitución reconoce la descentralización
- Existencia de niveles de gobierno (municipios, regiones, etc.)
2. Sistema político local
- Elección democrática de alcaldes y autoridades
- Nivel de autonomía política
3. Competencias y responsabilidades
- Qué funciones tienen los gobiernos locales (salud, educación, infraestructura)
4. Finanzas locales y autonomía fiscal
- Porcentaje del gasto público manejado por gobiernos subnacionales
- Nivel de ingresos propios
- Dependencia de transferencias del gobierno central
5. Capacidad de endeudamiento
- Si los gobiernos locales pueden financiarse
- Qué tan regulado está ese endeudamiento
6. Gobernanza multinivel
- Coordinación entre gobierno nacional, regional y local
- Existencia de espacios institucionales de diálogo
7. Participación ciudadana
- Mecanismos como cabildos, consultas o presupuestos participativos
8. Participación de las mujeres
- Presencia femenina en alcaldías y cargos locales
9. Capacidades administrativas
- Profesionalización del Estado local
- Planeación y continuidad de políticas públicas
10. Desempeño y gestión
- Si hay sistemas de planificación
- Presupuestos por resultados
- Evaluación de políticas públicas
Basado en esos criterios, el orden específico de los países es:
- Brasil
- Argentina
- Colombia
- Uruguay
- México
- Ecuador
- Chile
- Bolivia
- República Dominicana
- Perú
- Guatemala
- Costa Rica
- Honduras
- Panamá
- Paraguay
- Nicaragua
- Jamaica
- El Salvador
- Belice
- Venezuela
- Cuba
- Haití
Autonomía en el papel, centralismo en la práctica
El informe señala que, aunque la Constitución colombiana reconoce la autonomía de departamentos y municipios, el poder político y económico continúa altamente concentrado en el nivel nacional, limitando la capacidad real de los gobiernos locales para ejecutar políticas públicas.
Esta situación se traduce en una dependencia estructural de transferencias del gobierno central, lo que restringe la capacidad de alcaldías y gobernaciones para responder a las necesidades de sus territorios.
“No siempre el reconocimiento legal se traduce en una descentralización efectiva”, advierte el documento, al describir una brecha común en toda la región, pero particularmente visible en países unitarios como Colombia.
El gran cuello de botella: la falta de recursos
Uno de los principales hallazgos del estudio apunta a las finanzas territoriales. En América Latina, los gobiernos subnacionales manejan en promedio apenas el 18,2 % del gasto público y generan solo el 5,6 % del PIB en ingresos propios.
En el caso colombiano, esto se traduce en una autonomía fiscal limitada y una fuerte dependencia del nivel central, lo que impacta directamente la calidad de servicios básicos como salud, educación e infraestructura en regiones apartadas.
El resultado es una geografía de desigualdad: territorios con mayor actividad económica logran financiar mejores servicios, mientras municipios rurales o periféricos quedan rezagados.
Desigualdad territorial y crisis de capacidades
El informe también advierte sobre las debilidades institucionales en los gobiernos locales. La falta de personal técnico estable, la alta rotación y la ausencia de sistemas meritocráticos afectan la continuidad de las políticas públicas en municipios y departamentos.
A esto se suma la dificultad para planificar a largo plazo: muchos gobiernos territoriales carecen de herramientas para diseñar estrategias sostenibles o evaluar resultados, lo que amplía la brecha entre grandes ciudades y municipios pequeños.
Aunque Colombia cuenta con mecanismos formales de participación ciudadana —como cabildos abiertos o presupuestos participativos—, el estudio concluye que su impacto real sigue siendo limitado.
La baja incidencia de estos espacios en la toma de decisiones, junto con problemas de transparencia en algunos territorios, debilita la confianza ciudadana en las instituciones locales.
Una región en tensión democrática
El informe sitúa estos desafíos en un contexto más amplio: América Latina atraviesa una creciente desafección democrática, con un 65 % de ciudadanos insatisfechos con el funcionamiento del sistema político.
En este escenario, advierte sobre el riesgo de tendencias recentralizadoras que pueden debilitar aún más la autonomía territorial y los contrapesos institucionales.
Pese al diagnóstico crítico, el estudio identifica oportunidades claras para Colombia. Entre ellas, fortalecer la autonomía fiscal, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y potenciar el enfoque territorial en las políticas públicas.
También destaca el potencial de la cooperación entre municipios, la digitalización y la participación en agendas globales como herramientas para modernizar la gestión local.