La reciente caída de Colombia en el índice global de democracia de la Economist Intelligence Unit encendió las alarmas sobre el estado institucional y político del país. El descenso de 13 posiciones no solo representa un retroceso en la medición internacional, sino que refleja tensiones internas que han venido escalando en los últimos años, particularmente en materia de seguridad y participación política.
En entrevista con La FM, el analista senior Nicolás Saldías explicó que este resultado responde a factores estructurales y coyunturales que afectan la calidad democrática. Aunque el informe no cuestiona la legitimidad del sistema electoral, sí advierte sobre riesgos concretos que podrían limitar el ejercicio pleno de derechos ciudadanos en varias regiones del país.
Violencia política, el principal factor de deterioro
El elemento central detrás de la caída de Colombia en el índice es el aumento de la violencia política, un fenómeno que ha impactado directamente la percepción de la democracia. Saldías fue enfático al señalar que “Colombia fue el país que registró la mayor caída en su puntuación este año”, explicando que la principal causa es el incremento de hechos violentos contra actores políticos.
El analista destacó que uno de los detonantes más graves fue el asesinato de Miguel Uribe, junto con una serie de ataques sistemáticos contra líderes políticos. “Según datos, 26 políticos fueron asesinados y otros 35 sufrieron intentos de asesinato”, afirmó. Estos hechos, agregó, constituyen “una señal muy desafortunada de deterioro en la calidad de la democracia”.
El contexto general también agrava el panorama. Saldías indicó que el aumento de la violencia no se limita al ámbito político, sino que responde a una crisis más amplia en materia de seguridad. Citó informes del Comité Internacional de la Cruz Roja, que advierten que 2025 podría ser uno de los años más críticos en términos humanitarios en el país. Esta situación, en palabras del experto, “muestra que la democracia en Colombia está empeorando”.
Elecciones en riesgo: acceso al voto bajo presión
Pese a la gravedad del diagnóstico, el informe no concluye que las elecciones en Colombia carezcan de legitimidad. Saldías aclaró que “no hay indicios de que las elecciones sean fraudulentas o injustas”, subrayando la fortaleza de las instituciones electorales del país.
Sin embargo, el verdadero problema radica en las condiciones de seguridad para ejercer el voto. El analista explicó que existen “serias dudas sobre la capacidad de las personas para votar libremente en ciertas partes del país”, debido a la presencia de actores armados y altos niveles de violencia.
En ese sentido, citó datos de la Misión de Observación Electoral que identifican al menos 81 municipios en alto riesgo, lo que representa un aumento del 65% frente a las elecciones de 2022. Este escenario plantea un desafío significativo: aunque el sistema electoral sea institucionalmente sólido, no todos los ciudadanos podrían acceder a él en igualdad de condiciones.
“El problema no es la integridad del proceso, sino si los ciudadanos pueden llegar de manera segura a las urnas”, puntualizó Saldías. Esta advertencia pone en evidencia que la calidad de una democracia no solo se mide por sus reglas, sino también por las garantías reales para ejercer los derechos políticos.
En conclusión, el caso de Colombia refleja una paradoja compleja: instituciones relativamente fuertes conviven con un entorno de violencia creciente que limita su funcionamiento efectivo. El reto, según el análisis, no es únicamente preservar la transparencia electoral, sino garantizar que la democracia pueda ejercerse sin miedo en todo el territorio nacional.