La concejal de Bogotá Diana Diago denunció presuntas irregularidades en dos contratos de la localidad de Kennedy destinados a la entrega de bonos para fortalecer emprendimientos. Según explicó durante una entrevista, los acuerdos se firmaron el 23 y el 24 de diciembre por montos que, de acuerdo con sus declaraciones, superarían los $8.000 millones en conjunto. La cabildante cuestionó la necesidad de dividir la contratación, los recursos destinados a gastos administrativos y los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.
“¿Por qué firman dos contratos en menos de 16 horas? [...] cuando el objeto es el mismo: entregar bonos”, cuestionó Diago, quien señaló que esta situación podría representar un posible fraccionamiento contractual. La concejal aseguró que trasladará la denuncia a la Fiscalía para que se investigue el proceso y se establezca si hubo irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
La controversia, según la funcionaria, no se limita a la firma de dos contratos para una misma finalidad. También puso en duda el dinero destinado a la operación del programa, pues aseguró que los bonos se podían obtener a través de cadenas comerciales sin pagar por su emisión. “¿Por qué la alcaldía local gasta una cifra significativa en administración y personal si los bonos se entregan gratuitamente?”, preguntó.
Los contratos para entregar bonos en Kennedy, bajo la lupa
De acuerdo con la denuncia de Diago, los contratos tenían como propósito entregar bonos a 900 personas para fortalecer sus emprendimientos. Sin embargo, la concejal cuestionó que se hubiera recurrido a dos procesos contractuales en lugar de uno solo, lo que, según afirmó, habría generado gastos administrativos y de personal por separado.
“Si hubiera sido un solo contrato, esta empresa no habría cumplido con el requisito de experiencia”, aseguró la cabildante al explicar por qué considera necesario revisar las condiciones en las que se adelantó la contratación.
Diago también sostuvo que una parte del presupuesto llegó a los beneficiarios, mientras que otros recursos se destinaron a gastos administrativos y de personal. Según su denuncia, menos del 70 % del presupuesto habría llegado a las personas seleccionadas para recibir los bonos.
La concejal cuestionó, además, la falta de claridad sobre los criterios utilizados para escoger a los beneficiarios. “Fueron seleccionadas 900 personas. ¿De dónde salieron?”, preguntó, al insistir en que se debe explicar cómo se realizó el proceso de selección y cuáles fueron las condiciones para acceder a las ayudas.
Beneficiarios aseguran que no encontraron los productos que necesitaban
Otro de los puntos señalados por la concejal tiene que ver con las dificultades que, según relató, habrían enfrentado algunos beneficiarios al momento de utilizar los bonos. Diago afirmó que, tras hablar con personas seleccionadas para recibir las ayudas, encontró que no siempre podían comprar los productos que necesitaban para sus negocios.
“Yo necesitaba, por ejemplo, un taladro para mi negocio, pero resulta que el taladro que necesitaba no estaba en Cencosud ni en Easy. Entonces, me tocó comprar cualquier cosa”, relató la concejal al reproducir las quejas que, según dijo, recibió de los beneficiarios.
La congresista distrital cuestionó que los recursos destinados a fortalecer emprendimientos terminaran utilizándose en productos de consumo cotidiano. “Se supone que esa plata es para mejorar los emprendimientos y que también incluye temas ambientales”, señaló.
Frente a esta situación, Diago lanzó una de las críticas más contundentes de la entrevista: “Esto, para mí, es una completa vagabundería”. Para la concejal, se debe establecer si el programa cumplió con su objetivo y si los recursos públicos se utilizaron de manera adecuada.
También advirtió que, casi un año después de la firma de los contratos, su ejecución no habría terminado, pese a que ya se habían realizado pagos. Por ello, pidió explicaciones sobre el estado del programa y el cumplimiento de las metas previstas.
Diana Diago cuestiona a la Alcaldía de Bogotá
Durante la entrevista, la concejal aseguró que ha presentado otras denuncias relacionadas con presuntos sobrecostos en las alcaldías locales y cuestionó la falta de respuestas de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
“Hoy el país está reclamando austeridad y transparencia en la contratación”, afirmó Diago, quien consideró que los recursos destinados a este tipo de programas podrían utilizarse para atender necesidades prioritarias de la localidad, como los problemas de seguridad.
“Imagínese usted: $8.000 millones en una localidad que tiene tantas problemáticas en temas de seguridad. Ese dinero se podría utilizar, por ejemplo, para instalar cámaras”, manifestó.
La cabildante agregó que, si el propósito era apoyar a los emprendedores, la contratación debía responder a sus necesidades concretas. En ese sentido, insistió en que se debieron evaluar los insumos requeridos por los beneficiarios y garantizar que las ayudas cumplieran con su finalidad.
Diago atribuyó la firma de los contratos a la entonces alcaldesa local de Kennedy, quien, según señaló, fue removida de su cargo por la Procuraduría. No obstante, las responsabilidades por las presuntas irregularidades deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Otra denuncia por contratos de clases de creole
La concejal también se refirió a otro contrato que, según denunció, se habría suscrito en Kennedy para impartir clases de creole, lengua hablada en San Andrés y Providencia.
De acuerdo con sus declaraciones, el proceso habría costado $180 millones y contemplaba dos grupos de 35 personas, con seis clases de cuatro horas cada una. Diago cuestionó la pertinencia del gasto frente a otras necesidades de la localidad y aseguró que también remitió esta denuncia a la Fiscalía y a los organismos de control.
“Yo no tengo nada contra los raizales. Creo que hoy necesitan oportunidades en emprendimiento y educación, pero se están gastando la plata en lo que no se debe gastar”, manifestó.
Finalmente, la concejal pidió explicaciones al alcalde Carlos Fernando Galán, al secretario de Gobierno y a las autoridades locales sobre la contratación y el seguimiento a estos recursos.
“¿Dónde está el alcalde Carlos Fernando Galán? [...] ¿Dónde está el secretario de Gobierno?”, preguntó, al insistir en la necesidad de establecer quién supervisa los contratos y qué medidas se están tomando frente a las situaciones denunciadas.
** Esta entrevista fue transcrita por medio de una aplicación de inteligencia artificial y curada por un periodista de La FM.