El representante electo a la Cámara por el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República el proyecto denominado 'Ley Anticapuchos', una iniciativa con la que pretende prohibir el uso de capuchas que oculten el rostro durante manifestaciones y establecer sanciones penales para quienes incumplan la medida.
En diálogo con La FM Cali, señaló que inicialmente contempló incluir en un solo proyecto la prohibición del uso de capuchas y la posibilidad de que la Fuerza Pública ingrese a universidades para capturar a personas encapuchadas involucradas en disturbios. Sin embargo, tras la revisión jurídica, decidió dividir la propuesta en dos iniciativas independientes: 'Ley Anticapuchos' y 'Ley de la libertad y seguridad de las universidades'.
¿Qué es la 'Ley Anticapuchos'?
Arizabaleta aseguró que la primera iniciativa estará enfocada exclusivamente en prohibir el uso de capuchas durante manifestaciones públicas.
"Con la 'Ley Anticapuchos' quiero que se prohíba el uso de las capuchas que cubren el rostro de las personas, que si usted se cubre el rostro en medio de una protesta, esto sea constituido como un delito y tenga una pena grande. Esto acaba de ser aprobado en Chile, y fue una de las iniciativas del Gobierno de Kast, esto también está en países incluso progresistas de Europa que se vieron obligados a esta suerte medida después de la oleada de terrorismo urbano que significó los chalecos amarillos", afirmó.
El congresista sostuvo que, de ser aprobada la iniciativa, el solo hecho de ocultar el rostro durante una manifestación constituiría una conducta delictiva.
"Inmediatamente las autoridades pueden apresar a la persona porque el hecho de cubrirse el rostro en medio de una protesta ya está cometiendo un delito, delito de ocultamiento y eso es ley de la República en muchos países del mundo", señaló.
Según explicó, la idea surgió como una promesa de campaña, aunque posteriormente su equipo jurídico le recomendó presentar dos proyectos distintos.
"Con mi equipo jurídico les planteé este asunto que obviamente fue una promesa de campaña que espero cumplir, pero mi equipo me dijo que si planteo las dos cosas: la prohibición del uso de capuchas y aumentar el marco jurídico de la fuerza pública para que ingrese a las universidades, entonces, no habría unidad de materia porque serían dos proyectos de ley distintos", explicó en La FM.
En ese sentido, precisó que "lo que voy a radicar este 20 de julio la denominaré 'Ley Anticapuchos', pero será la prohibición del uso de capuchas en medio de las revueltas; más adelante con mi equipo jurídico vamos a hacer una ley que denominaré 'Ley de la libertad y seguridad de las universidades' para ahí sí aumentar el marco jurídico de la fuerza pública y que pueda ingresar en caso de flagrancia afuera o adentro", indicó.
¿Qué es la 'Ley de la libertad y seguridad de las universidades'?
El representante también anunció que impulsará una segunda iniciativa denominada 'Ley de la libertad y seguridad de las universidades', con la que pretende dejar expresamente establecido que la Fuerza Pública pueda ingresar a instituciones públicas y privadas cuando exista flagrancia.
Afirmó que aunque actualmente la legislación no prohíbe el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades, la decisión depende de la autorización de los alcaldes.
"Yo quiero que esté expreso en la ley que la fuerza pública sí pueda entrar y no esperar autorización del alcalde, sino que, si ve un caso de flagrancia, entre y capture, eso es lógico, no sé por qué hay polémica si antes esto es para proteger a los estudiantes", señaló.
Arizabaleta agregó que esta segunda propuesta será presentada una vez culmine el trabajo jurídico correspondiente.
"Lo voy a hacer en cuanto pueda, tengo que reunirme con mi equipo jurídico; de hecho, la fuerza pública puede ingresar a las universidades. Peñalosa lo hizo muchas veces en la Universidad Nacional de Bogotá; incluso, para los que me critican, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, metió la fuerza pública a la Universidad de Antioquia. Hoy el ordenamiento jurídico avala a un alcalde dejar ingresar a la fuerza pública porque no hay territorio vedado, pero dependen del alcalde", precisó.
El congresista asegura que la iniciativa no busca limitar la protesta
El representante insistió en que la propuesta no pretende restringir el derecho constitucional a la protesta, sino diferenciar a quienes se manifiestan pacíficamente de quienes protagonizan hechos violentos.
"Esto no es de ninguna forma en contra de los estudiantes, ni en contra de quienes protestan; al contrario, esto es para respetar a los estudiantes y a quienes protestan", dijo.
Sobre los encapuchados
En ese mismo sentido cuestionó "¿Quiénes son los capuchos? Muchos ni siquiera estudian en la universidad, sino que son parte de células urbanas y hacen quedar muy mal a la comunidad universitaria. La comunidad universitaria no se pone capucha ni tira papas bomba, sino que se manifiesta como ordena la Constitución, de una manera buena", indicó.
También afirmó que la medida busca proteger "al manifestante, el manifestante ejerce su derecho constitucional y va de frente, no es violento".
¿Cómo nació la propuesta de 'Ley Anticapuchos'?
El congresista argumentó que una de las principales motivaciones de la iniciativa es la situación de orden público que vivió Cali durante el paro nacional de 2021.
"Nosotros vivimos tiempos difíciles en el año 2021. Esa época fue la más difícil de nuestra ciudad en la historia; nuestra historia ha tenido dos épocas difíciles: una a finales de los 90, que estábamos secuestrados en la ciudad, y el paro criminal del 2021, que es peor porque estábamos secuestrados en nuestras casas. Entonces, toda esta suerte de normas que estoy promoviendo es para reivindicar a Cali. Una ciudad que ha sido azotada por los bloqueadores, por los vándalos, terroristas", enfatizó.
"Entonces, con esto espero que se pueda acabar este problema tan berraco en nuestra ciudad y en Colombia, porque todas las ciudades tienen una universidad que se ha convertido como en una pesadilla para la ciudad, por ejemplo en Bogotá la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, y esos capuchos no representan a la comunidad estudiantil", concluyó en La FM.
Hay opiniones divididas
Cabe resaltar que el anuncio del congresita ya generó posiciones encontradas. Mientras algunos sectores respaldan la propuesta como una medida para combatir la violencia durante las manifestaciones, otros advierten que podría afectar el derecho constitucional a la protesta.
De ser radicada el próximo 20 de julio, la iniciativa comenzará su trámite en el Congreso de la República, donde se anticipa un amplio debate sobre sus implicaciones en materia de seguridad, derechos fundamentales y autonomía de las instituciones de educación superior.
Claves del tema:
¿Qué propone la 'Ley Anticapuchos'?
La iniciativa busca prohibir el uso de capuchas o cualquier elemento que oculte el rostro durante manifestaciones públicas. De acuerdo con Jaime Arizabaleta, quien participe en una protesta con el rostro cubierto incurriría en un delito, lo que permitiría la actuación inmediata de las autoridades.
¿La Fuerza Pública podrá ingresar a las universidades?
La propuesta sobre universidades no hace parte del proyecto que será radicado el 20 de julio. El congresista anunció una segunda iniciativa denominada 'Ley de la libertad y seguridad de las universidades', con la que pretende que la Fuerza Pública pueda ingresar en casos de flagrancia sin requerir autorización previa de los alcaldes.
¿La propuesta elimina el derecho a la protesta?
No. Según el representante, el proyecto busca diferenciar a quienes ejercen el derecho a la protesta de manera pacífica de quienes, según él, participan en actos violentos ocultando su identidad. El congresista sostiene que la iniciativa pretende proteger tanto a estudiantes como a manifestantes pacíficos.
¿Qué sigue para el proyecto en el Congreso?
Tras su radicación el 20 de julio, la 'Ley Anticapuchos' deberá surtir el trámite legislativo correspondiente en el Congreso de la República. Durante ese proceso será debatida en las comisiones y plenarias, donde distintos sectores podrán presentar modificaciones, respaldar o cuestionar su contenido antes de una eventual aprobación.