Luego de un largo debate en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales.
La iniciativa prorroga la Ley 418 de Orden Público, que le otorga herramientas al Gobierno para garantizar la desmovilización de los grupos delincuenciales que operan en el país.
La aprobación en primer debate de esta norma, es el principio del fin de la denominada ‘paz total’ implementada por el Gobierno de Gustavo Petro, ya que la propuesta establece claramente que no habrá ningún tipo de negociación política con estas estructuras criminales y que su único camino es entregarse a las autoridades y recibir algunos beneficios por colaborar con la justicia.
El saliente ministro del Interior, Rodrigo Lara, había señalado que “esta es una ley que le permite a las organizaciones criminales, abrumadas por el peso del Estado, que encuentren una manera de desmovilizarse, de someterse, no se está creando una justicia especial, se está creando un mecanismo para que se puedan desarmar y someter”.
“Para recibir un beneficio, primero tienen que desarmarse, desmovilizarse y ahí pueden obtener el beneficio. Cuando obtengan el beneficio, para quedarse en el procedimiento de sometimiento, tiene que entregar los bienes, tienen que colaborar, tienen que decir la verdad, es decir, hay justicia restaurativa, pero desde la cárcel”, indicó.
Lara afirmó que la Ley de Sometimiento no será como ocurrió con la denominada paz total les regalan beneficios y les levantaban capturas y órdenes de extradición
Colonias agrícolas
También habló de la posibilidad de que haya colonias agrícolas para que los integrantes de las estructuras criminales puedan trabajar. “Se prevén colonias agrícolas, por ejemplo. La idea es que estas personas que se desmovilicen no estén haciendo fiestas todos los días, sino que estén trabajando eficazmente”, sostuvo.
Penas
Según el texto aprobado en primer debate, las penas para quienes se acojan a la Ley de Sometimiento serán las que establece el Código Penal actual, dependiendo del delito, pero habrá rebaja de hasta el 50% para los delincuentes rasos y de hasta el 30% para quienes tengan mando dentro de las estructuras.
“No pretende lavar la cara de los testaferros”
Uno de los puntos que más controversia ha generado, es el que tiene que ver con los beneficios que podrían recibir los colaboradores o terceros, que son conocidos como los testaferros que estos grupos armados.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que esta ley no pretende “lavarle la cara” a estas personas.
“No es cierto que se vaya a lavar la cara de nadie, ni es el espíritu de la ley, ese parágrafo lo que busca que la persona que tiene que entregar toda la lista de bienes y la misma deberá ser verificada por la Fiscalía General de la Nación, no obtendrá los beneficios al año, sino a los tres años para que la ciudadanía tenga claro que esto n es un mensaje de impunidad sino un mensaje de fortaleza de las instituciones del Estado frente a la delincuencia”, indicó.
Senador Nieto no apoya el proyecto
Llamó la atención que el proyecto no fue respaldado por el senador del Centro Democrático Rafael Nieto, que pese a ser de la coalición de Gobierno, considera que la iniciativa es inconveniente y envía un mal mensaje al país.
“Aquellos que delinquen deben tener castigo y no pueden tener premio de ninguna naturaleza, ni político, ni económico, ni judicial, Seremos un país democrático cuando entendamos que no va a ser a partir de la impunidad o del tratamiento penal diferenciado para beneficiar a los criminales, que construyamos el sendero”, sostuvo.
“No deberíamos tratar mejor al criminal, que al ciudadano de bien o tratar mejor al criminal que hace parte de un grupo violento, porque son muchos y matan por mucho tiempo que cualquier otro que comete un delito”, añadió.
La ley de Sometimiento ahora pasará a estudio de las plenarias de Senado y Cámara y tendrá que aprobarse antes del 04 de noviembre, cuando se vence la Ley de Orden Público.