Tras una intensa jornada y casi sobre la medianoche, la Cámara de Representantes dio su aval a la Ley de Sometimiento al votar el mismo texto que aprobó el Senado, con una votación de 95 votos a favor y 10 en contra. Por lo tanto, no habría conciliación y el paso siguiente sería la sanción presidencial.
La aprobación en la Cámara se produjo después de una discusión en plenaria de más de 12 horas y a contrarreloj, durante la jornada de este martes 3 de noviembre. El proyecto debía completar su trámite antes del vencimiento de la vigencia previsto para el miércoles 4 de noviembre.
Los cambios que tuvo el proyecto durante el trámite
Durante su paso por el Congreso, la iniciativa tuvo modificaciones frente al texto inicialmente presentado.
Entre los ajustes aprobados en el Senado quedaron condiciones para acceder a beneficios por delitos como el lavado de activos, incluida la exigencia de haber cumplido seis años de pena, así como la exclusión de quienes sean responsables del reclutamiento de menores de edad.
También se establece que la reclusión de los beneficiarios estaría bajo la responsabilidad del INPEC y que los mandos de las organizaciones tendrían que cumplir una pena mínima de diez años.
El texto también contempla rebajas de pena diferenciadas del 50 % para integrantes de base y del 30 % para los cabecillas.
Otro de los cambios que incluye la Ley de Sometimiento fue retirar disposiciones relacionadas con gastos reservados y recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), además de eliminar el artículo 25.
También se incluyeron disposiciones para evitar que municipios y departamentos asumieran nuevas cargas derivadas de la implementación de la ley.
Ministro de Justicia encargado defendió las condiciones de la Ley de Sometimiento
Tras la aprobación, el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, destacó que el Gobierno logró sacar adelante la iniciativa después de un debate en el que también se incorporaron proposiciones de sectores de oposición.
El funcionario aseguró que el texto aprobado establece restricciones frente a los beneficios para las organizaciones criminales y destacó que no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones.
Además, insistió en que los responsables del reclutamiento de menores no podrán acceder a los beneficios.
“No hay suspensión de órdenes de captura, no hay suspensión de extradiciones, cero devolución, protección a los menores, penas fuertes para los reclutadores, tienen que entregar todos los bienes y se les devuelve cero peso”, aseguró Cancino.
También explicó que las rebajas de pena dependerán de los aportes que hagan quienes se sometan a la justicia. Entre esos compromisos mencionó la entrega de bienes, información sobre personas desaparecidas y secuestradas, y otros elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.
Durante su declaración, el minjusticia felicitó al Congreso por la aprobación y señaló que el Gobierno espera que la iniciativa pueda convertirse en ley el 4 de noviembre de 2026.
Afirmó que los equipos encargados de revisar el texto harán una verificación final antes de su publicación y envío para sanción presidencial.
Daniel Briceño aseguró que la iniciativa cambia las condiciones de sometimiento
Por su parte, el representante a la Cámara y ponente, Daniel Briceño, destacó la aprobación del proyecto y aseguró que establece condiciones diferentes frente a los mecanismos de negociación y sometimiento utilizados durante el anterior Gobierno.
“Hoy finaliza la paz total del anterior Gobierno, inicia un nuevo sistema en el cual los delincuentes tienen que literalmente someterse y acogerse a las condiciones que el Congreso de la República pone”, aseguró Briceño.
El representante del Centro Democrático enumeró los cuatro aspectos que, para él, marcan la diferencia del proyecto: la ausencia de gestores de paz, la eliminación de mesas de negociación, la no suspensión de órdenes de captura ni de extradición y la exclusión de beneficios para quienes sean responsables del reclutamiento de menores de edad.
“Algo muy importante que estuvo sobre el debate: aquí ningún reclutador de menores tendrá ninguno de los beneficios que trae esta ley”, afirmó Briceño tras la aprobación de la Ley de Sometimiento.
La votación en la Cámara y las recusaciones
La discusión en la Cámara tuvo como uno de sus puntos centrales la eliminación del artículo 25, decisión que coincidió con la adoptada previamente por el Senado. Posteriormente, la plenaria avanzó con la votación de los dos artículos nuevos, con los que se completó el articulado sometido a votación.
Durante la plenaria también hubo una fuerte controversia por las recusaciones presentadas contra 43 representantes a la Cámara.
La Comisión de Ética declaró improcedentes esos recursos, lo que permitió que los congresistas continuaran participando en la discusión y votación del proyecto.
Tras conocerse la decisión, el representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, pidió que se compulsaran copias a la Fiscalía para investigar a quienes promovieron las recusaciones. El congresista calificó el procedimiento como una “marrulla” y sostuvo que las autoridades judiciales debían investigar lo ocurrido.
¿Qué sigue para la Ley de Sometimiento?
Con la aprobación del mismo texto tanto en el Senado como en la Cámara, no habría necesidad de conformar una comisión de conciliación para unificar las versiones del proyecto. La votación espejo permitiría cerrar su trámite en el Legislativo y pasar a la sanción presidencial.
Cuatro preguntas clave de la noticia
¿Qué es la Ley de Sometimiento y cuál es su propósito principal?
Es una iniciativa que busca establecer un marco jurídico para facilitar que integrantes de organizaciones criminales se sometan a la justicia ordinaria, entreguen sus armas y bienes y colaboren con las autoridades.
¿En qué se diferencia el sometimiento a la justicia de una negociación de paz?
El sometimiento parte de condiciones establecidas previamente por el Estado, que deben ser aceptadas por las organizaciones criminales. No implica el reconocimiento de estatus político ni una negociación de carácter político con esos grupos.
¿Qué papel tendrán las víctimas dentro de este mecanismo?
La colaboración con la justicia y la entrega de información buscan contribuir al esclarecimiento de los hechos, la ubicación de personas desaparecidas y la reparación de las víctimas. Estos compromisos son fundamentales para acceder a los beneficios contemplados.
¿Qué podría ocurrir si una persona u organización incumple los compromisos adquiridos?
El incumplimiento de las condiciones establecidas podría ocasionar la pérdida de los beneficios judiciales y el retorno al régimen ordinario de justicia, de acuerdo con las disposiciones que finalmente queden establecidas en la ley.