Una sala especial de pérdida de investidura del Consejo de Estado negó las pretensiones de dos demandas contra la curul de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, tras concluir que no cometió tráfico de influencias.
En términos simples, el alto tribunal constató que Zuleta no utilizó su investidura para influir en el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que varios jefes criminales presos en la cárcel de Itagüí participaran en un acto público en La Alpujarra.
Las demandas cuestionaban que la congresista oficialista supuestamente se aprovechara de su rango de parlamentaria para que el Inpec permitiera el traslado de una decena de cabecillas que dialogan con el Gobierno nacional.
Zuleta sí actuó como intermediaria para que el Instituto permitiera el desplazamiento de los reclusos, pero no lo hizo bajo presión ni ofreciendo algún tipo de beneficio particular, sino basándose en su condición de coordinadora en la ‘Paz Urbana’.
El fallo, de primera instancia, tiene veintinueve páginas. El magistrado ponente fue Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Dos magistrados y dos magistradas más avalaron por unanimidad la sentencia y salvaron la curul de la senadora reelecta.
No fue un proceso corto. Desde el 12 de noviembre, el Consejo de Estado le pidió a la Presidencia de la República enviar varios documentos que servían para definir si Zuleta debía perder su escaño en la cámara alta por el llamado Tarimazo'.
Los retrasos de la Presidencia tensaron el proceso judicial
Un mes después, el Gobierno no enviaba la totalidad de los archivos. El alto tribunal pidió una “copia íntegra” de dos resoluciones clave: la que autorizó un “espacio de conversación sociojurídico” con las bandas criminales del Valle de Aburrá y la que nombró a los representantes del Ejecutivo, incluyendo a Zuleta.
Ante la ausencia de los documentos en el expediente contra la congresista, el 3 de diciembre el Consejo acudió por tercera vez a la Presidencia "para que se sirvan dar respuesta de forma inmediata" a los oficios que han reiterado la orden de noviembre.
La secretaria general del Consejo, Diana Lucía Sánchez Serna, firmó el documento que en tres páginas le reclama a la Presidencia por no cumplir. El archivo contiene pantallazos de correos en los que el Consejo, con mayúscula sostenida, califica como "URGENTE" su requerimiento.
"El presente oficio se libra en un proceso de pérdida de investidura, cuyo trámite demanda especial celeridad", afirmó Sánchez en negrita. El despacho de notificaciones judiciales de la Casa de Nariño se retrasó en acusar recibido y en contestar las peticiones de la justicia.
Osorio, el togado ponente, decretó varias pruebas en medio del litigio. El alto tribunal avanzó desde agosto de 2025 en el caso, que pedía la salida de Zuleta del Congreso, a donde llegó con la coalición del Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro.
El 'tarimazo' y la Paz Urbana, en el centro de los expedientes
Zuleta es representante de la administración de Petro en Medellín en una mesa de 'Paz Urbana', una rama de la política de 'Paz Total' que empezó en 2023 para buscar una "estrategia sociojurídica" con las estructuras armadas "de alto impacto" del Valle de Aburrá.
Hace diez meses, la iniciativa agrupó en una tarima en el Centro Administrativo La Alpujarra al mandatario, Zuleta y nueve jefes criminales recluidos en la cárcel La Paz, de Itagüí. El Gobierno lo presentó como un triunfo de sus diálogos y desató controversia.
El abogado administrativista William Quintero Villarreal demandó en julio de 2025, días después del evento, la pérdida de investidura de Zuleta. El Consejo de Estado recopiló evidencia desde entonces, y en noviembre notificó de la orden de buscar más, en el Inpec, la Presidencia y el Senado.
La senadora envió un oficio en el que solicitó el traslado de los nueve cabecillas. El Inpec lo autorizó con una resolución el 19 de junio. El auto que decretó pruebas afirmó que la carta de Zuleta no tenía número ni fecha, y el magistrado Osorio aspiraba a conocerla.
"Oficiar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para efectos de que se remita copia del oficio remitido por la senadora de la república, señora Isabel Cristina Zuleta López, a esa institución y a la cual hace mención la resolución", ordenó el Consejo.
Investigaciones cruzadas y el peso penal de los cabecillas que estuvieron en el 'tarimazo'
El alto tribunal le pidió al Senado enviar una copia de la hoja de vida de Zuleta, y a la Presidencia, copias de las resoluciones con las que en 2023 instaló el Espacio de Conversación Sociojurídico y en 2024 nombró a sus delegados, con Zuleta como coordinadora.
Después de recibir los archivos, incluyendo los que la Presidencia tardó en enviar, el Consejo adelantó una audiencia pública para revisar el papel de Zuleta en el denominado “tarimazo”, y analizar si su intervención implica la pérdida de su cargo en el Legislativo.
El 'tarimazo' ha tenido varias consecuencias. El 12 de noviembre de 2025 la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Petro por presunta participación indebida en política, por el evento.
La Comisión compulsó copias en agosto para que la Corte Suprema de Justicia también investigue a Isabel Zuleta. El Inpec, que permitió la remisión de los presos, tuvo que responder en todas las instancias por la decisión de dejarlos salir.
En La Alpujarra estuvieron Juan Álvarez, alias 'Juan 23'; Alber Henao, 'Albert'; Carlos Mesa, 'Carlos Chata'; Freyner Ramírez, 'Carlos Pesebre'; Juan Camilo Rendón, 'Saya'; Jorge Vallejo, 'Calambre'; Walter Román, 'El Tigre'; Dayron Muñoz, 'El Indio', y Jose Muñoz, 'Douglas'.
Todos han sido sentenciados por concierto para delinquir, menos 'Douglas', quien de todos modos recibió en 2009 una condena de 32 años de prisión por secuestro extorsivo. Entre todos los asistentes, suman unos 155 años de cárcel por varios crímenes.
El fallo sobre Isabel Zuleta, en cuatro preguntas clave
¿Por qué el Consejo de Estado no le quitó la investidura a Isabel Zuleta?
El alto tribunal concluyó que la senadora no incurrió en tráfico de influencias, pese a haber intervenido en el traslado de jefes criminales para un evento público. La clave fue que su actuación no implicó presiones indebidas ni beneficios particulares.
Según el fallo, Zuleta actuó en su rol dentro de la estrategia de ‘Paz Urbana’, lo que descarta que haya usado su cargo para influir de manera ilegal en decisiones del Inpec.
¿Qué fue el 'tarimazo' y por qué generó polémica?
Se trató de un acto público en Medellín en el que participaron el presidente Gustavo Petro, la senadora Zuleta y varios cabecillas criminales recluidos en la cárcel de Itagüí. El evento fue presentado como parte de los diálogos de 'Paz urbana'.
La presencia de los jefes de bandas en una tarima generó cuestionamientos políticos y jurídicos, pues implicó su traslado desde prisión y su participación en un escenario público.
¿Qué papel jugó Zuleta en el traslado de los reclusos?
La senadora gestionó ante el Inpec el traslado de los cabecillas, lo que fue uno de los puntos centrales de las demandas en su contra. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que esa intermediación no fue irregular.
El tribunal consideró que la solicitud se enmarcó en sus funciones como coordinadora del proceso de ‘Paz Urbana’, sin que existiera presión indebida sobre las autoridades penitenciarias.
¿Qué otras consecuencias ha tenido el 'tarimazo'?
El episodio abrió varias investigaciones en distintas instancias. La Comisión de Acusación indaga al presidente Petro por su participación en el evento, mientras que la Corte Suprema también recibió copias para evaluar el caso de la senadora Isabel Zuleta.
Además, el Inpec tuvo que explicar por qué autorizó el traslado de los reclusos, lo que mantiene el tema bajo escrutinio judicial y político, más allá de la decisión sobre la investidura de Zuleta.