La Sección Tercera del Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse por haber insinuado que el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, trabajaba para el ELN. "¿A quién le trabajan?", cuestionó el mandatario en un consejo de ministros en abril.
Petro aseguró el 21 de abril que Bohórquez quería "paralizar el Ejército en el Catatumbo", en medio de su confrontación con la Corte Constitucional por los debates sobre la exequibilidad o no del decreto que declaró la conmoción interior en la región.
"Tales declaraciones, según el accionante, lo señalaron como colaborador de grupos armados ilegales sin sustento alguno, lo que constituye una imputación grave que ha puesto en riesgo su vida y ha deteriorado su imagen pública y profesional", relató el Consejo de Estado.
Bohórquez interpuso una tutela en julio para proteger sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la integridad personal, la seguridad, el trabajo, la honra y el buen nombre. La Sección Segunda la rechazó en primera instancia, y la Tercera la aceptó en segunda.
Ahora el jefe de Estado tendrá que rectificar en su próxima "alocución presidencial o intervención televisiva", porque el personero "no está obligado a soportar imputaciones ni insinuaciones carentes de sustento comprobado".
El mandatario deberá reconocer que no existe ningún expediente ni ninguna investigación que siquiera levante sospechas en contra el personero. El ministro del Interior, Armando Benedetti, deberá hacer lo mismo, pero en su cuenta de X.
Benedetti publicó el mismo día del consejo de ministros que Bohórquez, como cualquiera que se opusiera al decreto de conmoción —que la Corte finalmente tumbó—, era "sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país".
Los pronunciamientos de Petro y Benedetti "atribuyen al accionante, de manera pública y sin sustento fáctico o probatorio, una presunta cercanía o afinidad con estructuras armadas ilegales y con toda la gama de conductas penales que ello conlleva", dijo el alto tribunal.
El Consejo de Estado, además, le dio veinte días a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que estudie el riesgo del personero y verifique "adecuadamente" la "eficacia" de su esquema de seguridad, para saber "si es necesario ajustarlo".