La consulta previa fue el tema central de un nuevo debate en los micrófonos del Noticiero de La FM, en el que se enfrentaron dos posiciones sobre la manera en que este mecanismo debe funcionar en Colombia. La discusión giró alrededor de una pregunta: ¿la consulta previa necesita límites y plazos para evitar que los proyectos de desarrollo se frenen o requiere mayores garantías para proteger los derechos de las comunidades étnicas?
En el debate participaron el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, y Sibelys Mejía, directora de Movilización Legal de ILEX Acción Jurídica, abogada especialista en derecho constitucional y defensora de derechos étnicos territoriales. Ambos coincidieron en que la consulta previa debe existir, pero plantearon diferencias sobre las causas de los problemas que actualmente enfrenta y sobre las medidas que deberían adoptarse.
Espinal defiende la consulta, pero pide reglas claras
El senador Juan Espinal fue enfático en señalar que su posición no consiste en eliminar la consulta previa ni en afectar los derechos de las comunidades. Por el contrario, aseguró que es defensor del mecanismo, pero consideró necesario establecer reglas que permitan darle mayor claridad a los procesos.
“Yo soy un defensor de la consulta previa”, afirmó el senador durante su intervención.
Espinal sostuvo que el mecanismo no puede ser asociado exclusivamente con sectores políticos de izquierda o progresistas y defendió que sea considerado un instrumento que debe ser respaldado por todos los colombianos.
“La consulta previa no es de la izquierda ni del progresismo. La consulta previa tiene que ser un mecanismo defendido por todos los colombianos”, señaló.
Sin embargo, su principal cuestionamiento estuvo relacionado con la falta de reglas y tiempos definidos para adelantar los procesos. Según explicó, desde 2011 Colombia ha tenido más de 14.000 consultas previas y, en lo corrido del año, se habían realizado 1.350. Además, afirmó que solamente una de cada seis consultas logra llegar al protocolo.
Para Espinal, esta situación demuestra la necesidad de revisar el procedimiento sin afectar el núcleo esencial del derecho. Por eso explicó que radicó un proyecto de ley de trámite administrativo.
El senador insistió en que su propuesta busca que comunidades, empresarios y Estado tengan mayor claridad sobre el procedimiento.
“Sin reglas claras no hay consulta previa. Sin consulta previa no hay inversión en las comunidades. Hay más pobreza”, afirmó.
En su intervención también cuestionó lo que calificó como “falsos carteles de consultas previas” que, según dijo, se estarían moviendo por diferentes zonas del país.
Su propuesta incluye, entre otros aspectos, perfiles definidos para los técnicos y asesores, mecanismos para administrar los recursos y una estructura nacional que permita organizar las consultas.
“Necesitamos reglas claras con tiempos perentorios para darle seguridad a nuestros empresarios”, sostuvo.
Mejía cuestiona que la consulta sea vista como el problema
Sibelys Mejía respondió a los argumentos del senador reconociendo que existen dificultades en los procesos de consulta previa, pero rechazó que las cifras sobre consultas represadas o con bajos niveles de protocolización permitan concluir que el mecanismo sea el responsable de frenar los proyectos.
“Esos datos no prueban que la consulta estorbe”, afirmó.
Para la representante de ILEX Acción Jurídica, el problema estaría relacionado con las condiciones en las que las comunidades participan en estos procesos. Según explicó, muchas veces ingresan a las consultas sin contar oportunamente con información, financiación o acompañamiento técnico suficiente.
“Solo uno de cada seis procesos llega a acuerdo porque las comunidades entran sin información a tiempo, sin financiación, sin acompañamiento técnico”, aseguró.
Desde su perspectiva, las dificultades en la aplicación de un derecho fundamental no deben solucionarse reduciendo su alcance, sino fortaleciendo las condiciones para que pueda cumplirse de manera adecuada.
“La respuesta a un proceso mal financiado, mal gestionado, no puede ser quitarle fuerza al derecho fundamental, sino financiarlo bien y darle capacidad a las autoridades para que lo gestionen”, manifestó.
Mejía también sostuvo que la consulta previa está relacionada con la protección de derechos reconocidos por la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
“Es un derecho fundamental”, afirmó al explicar la importancia que tiene el mecanismo para las comunidades étnicas directamente afectadas por determinados proyectos.
El punto de choque está en cómo hacer más eficiente el proceso
Aunque los dos participantes defendieron la existencia de la consulta previa, el debate mostró una diferencia clara frente a la manera de enfrentar sus dificultades.
Espinal considera necesario establecer tiempos, procedimientos y mecanismos que permitan mayor seguridad jurídica y eviten que los proyectos queden paralizados durante largos periodos. También sostuvo que los retrasos pueden terminar afectando a las propias comunidades al impedir que lleguen inversiones y proyectos a sus territorios.
“¿Y quién pierde? Vuelvo y repito, pierde la comunidad, pierde el Estado, no hay proyecto y perdemos todos los colombianos”, afirmó.
Mejía, en cambio, insistió en que el camino debe ser fortalecer las garantías de las comunidades y mejorar la capacidad del Estado para desarrollar las consultas. En su intervención también planteó que el Estado debe tener un papel central en el proceso.
El debate terminó así con dos visiones frente a un mismo problema. Por un lado, Espinal plantea una consulta previa con reglas más precisas, tiempos definidos y mecanismos de administración que permitan avanzar en los proyectos. Por el otro, Mejía sostiene que las dificultades actuales deben abordarse fortaleciendo la información, la financiación, el acompañamiento técnico y las garantías de las comunidades.
La discusión dejó en evidencia que el punto de diferencia no está en la existencia de la consulta previa, sino en cómo hacer que el mecanismo funcione de manera más eficiente sin afectar los derechos que busca proteger.