Crece debate político por aumento en pasajes de Transmilenio y transporte público

Congresistas advierten que esta medida golpeará el bolsillo de los ciudadanos.
Tras conocerse el proyecto, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema. Crédito: Colprensa

A partir de este miércoles 14 de enero aumentó oficialmente un 11% el costo del pasaje de Transmilenio en Bogotá, ubicándolo en 3.550 pesos y también se incrementó el valor en otros sistemas de transporte masivo en el país, como el Metro de Medellín.

Dicho incremento ha generado una enorme polémica en la capital entre las autoridades del Distrito y la ciudadanía, al cual ya se le empezaron a sumar diferentes sectores políticos del país.

¿Culpa del alcalde Galán o del Gobierno Petro?

En el Congreso el tema comenzó a despertar interés. Algunos sectores afirman que se trata de una decisión que afecta el bolsillo de los colombianos, la cual calificaron como un abuso por parte del alcalde Carlos Fernando Galán.

El representante a la Cámara Juan Carlos Wills dijo que “es una irresponsabilidad absoluta por parte de la Administración Distrital y del alcalde Galán el incremento que le está haciendo al Sistema Integrado de Transporte y al Transmilenio en Bogotá. Con este incremento, la gente va a estar pagando casi un poco más de 160.000 pesos mensuales solo por dos trayectos al día, es un abuso absoluto contando que no se mejora la calidad del servicio, ni la inseguridad que se está viviendo hoy en Bogotá en el servicio de transporte público”.

Además, afirma que se deben buscar medidas que combatan la evasión del pago del pasaje, la cual hoy supera casi el 20%. “Esto es lo que debe tener en cuenta la Administración Distrital, en vez de estar subiéndole a los colombianos el costo, que le pega a los estratos más bajos de la ciudad. Yo creo que hoy lo que necesita el alcalde Galán es mejorar la calidad del servicio, mejorar la inseguridad y por supuesto la evasión”, añadió.

Sin embargo, otros sectores políticos advierten que el aumento en el costo de los sistemas de transporte, incluyendo el de Bogotá, es responsabilidad del presidente Gustavo Petro y del Gobierno por el decreto del salario mínimo para este 2026.

La representante Katherine Miranda dijo que “el aumento del transporte público en Bogotá y en todo el país no es casualidad ni responsabilidad de los alcaldes, es una consecuencia directa del decreto del presidente Gustavo Petro, porque históricamente el valor del transporte público está indexado a salario mínimo”.

Golpe a la clase baja y media

Katherine Miranda dijo que se trata de una medida populista que va a terminar golpeando las finanzas de los ciudadanos. “Vamos a ver una alza generalizada de precios de bienes y de servicios que va a golpear especialmente a la clase media, a quienes viven de un ingreso fijo y ya no les va a alcanzar. Gobernar apunta desde decretos populistas sin unas consecuencias graves y reales para el país y hoy los ciudadanos están pagando los costos de esas decisiones irresponsables de Gustavo Petro”, dijo.

Piden revaluar la medida

Algunos consideran que lo mejor para los ciudadanos es que la Alcaldía de Bogotá vuelva a evaluar la medida adoptada y se eche para atrás el incremento de 350 pesos que entra en vigencia a partir de este miércoles.

Según Javier Suárez, dirigente del Partido Verde en Bogotá, esos pesos de más representan el doble de la inflación y podrían fomentar la evasión en el pago del pasaje.

“350 pesos adicionales en cada pasaje de Transmilenio para la mamá trabajadora, para el estudiante que va de Kennedy o Suba, a su universidad, es un impacto importante en el bolsillo. Además, un aumento tan significativo del más del 10%, que es prácticamente el doble de la inflación, puede generar mayor evasión y por ende aumentar el déficit del sistema de Transmilenio. Así que creemos que es una decisión que el gobierno distrital, a la cabeza del alcalde Galán, debería revaluar”, manifestó.

El Gobierno Nacional ha rechazado esta medida adoptada por las alcaldías y ha dicho que el costo de los pasajes no puede estar indexado con el salario mínimo vital.