Empezó la operación para tratar de evitar que Daniel Quintero se posesione como superintendente de Salud.
Sí, señor. Primero que todo, se está acudiendo a la Procuraduría, alegando que Quintero tiene un proceso penal activo y fue formalmente imputado por el caso de Aguas Vivas. Además, cuenta con una sanción de suspensión por seis meses del cargo, tiene un proceso disciplinario vigente por el mismo caso y enfrenta investigaciones concurrentes que incluyen 43 señalamientos por presunta corrupción en temas como Buen Comienzo, mantenimiento de jardines, vehículos, entre otros.
También se advierte que existen riesgos de inhabilidad vigente por parte de la Procuraduría, que no han pasado por control del Consejo de Estado. Estos elementos están siendo incluidos en los procesos y acciones que ya fueron instaurados ante el ente de control.
Si esto no resulta suficiente y, aun así, se concreta el nombramiento, se anticipa que, una vez posesionado, se presentarán impedimentos en su contra por presunto prejuzgamiento, especialmente frente a las EPS.
“Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han perdido la vida porque las EPS han preferido lucrarse antes que la vida. Empieza la verdadera reforma contra los que saquearon a los hospitales. Voy a desmantelar los carteles que el uribismo y los neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.
Estos pronunciamientos serían parte de los argumentos que sustentarían los señalamientos sobre un eventual prejuzgamiento frente a distintos sectores del país.