En medio de las gestiones y vigilancia del Gobierno a los recursos públicos, se registró una nueva denuncia sobre presuntas irregularidades que se estarían presentando en la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, ubicada en Putumayo.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, aseguró que se ha presentado consumo de bebidas alcohólicas, posibles sustancias alucinógenas, riñas e ingreso de menores de edad a las instalaciones.
“Una zona de ubicación temporal, como la del Valle del Guamuez, es un lugar de paso hacia la legalidad, no es una finca de recreo pagada por el Estado”, indicó.
Según lo explicado por el funcionario, las alertas quedaron consignadas en un informe presentado el 15 de octubre por el operador encargado de la zona que especificó que estas acciones irregulares ocurrieron entre el 10 al 14 del mismo mes y por las que se pide acciones inmediatas.
Además, el director del Dapre señaló que, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, se han desembolsado más de $13.000 millones para el funcionamiento de la ZUT, sin que, según el balance presentado, se haya legalizado un solo gasto ante las instancias correspondientes. A esto se suma que el 30 de julio de 2026 se suscribió una adición contractual por $1.127 millones, ocho días antes del cambio de Gobierno. Ríos manifestó que la Contraloría conoce la situación y pidió que se adelante una revisión detallada de los recursos ejecutados.
Otro de los temas que genera alarma es que el contrato se justificó para atender a 200 personas, pero únicamente ingresaron 99 y actualmente permanecerían alrededor de 50. Según las cifras expuestas, durante septiembre se ejecutaron cerca de $460 millones, lo que representaría un gasto superior a los $8 millones por persona en ese mes.
“Más de la mitad de los cupos que se pagan están lamentablemente vacíos”, señaló.
Ríos expresó preocupación por la presencia de niños, niñas y adolescentes en la zona, al considerar que su permanencia en un espacio donde se han reportado situaciones de consumo de alcohol y posibles sustancias representa un motivo de alerta. Incluso planteó la posibilidad de que los menores estén siendo instrumentalizados para favorecer la continuidad del funcionamiento de la instalación.
“La pregunta que hay que hacerle al país no es si esta zona se cierra. La pregunta es otra: ¿qué recibió Colombia por esos 13 mil millones de pesos? ¿Cuántas personas quedaron efectivamente en la legalidad?”, manifestó.
Finalmente, anunció que el Gobierno no prorrogará ni adicionará contratos que, a su juicio, fomenten un uso inadecuado de los recursos públicos. Señaló que quienes busquen avanzar hacia la legalidad cuentan con alternativas institucionales, entre ellas la oferta de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y solicitó acompañamiento especial de la Contraloría durante el proceso.
Claves del tema: cuatro preguntas
¿Qué función cumple el Fondo de Programas Especiales para la Paz?
Es una instancia del Gobierno nacional que financia programas y acciones relacionadas con la construcción de paz, mediante recursos destinados a iniciativas y compromisos institucionales en esta materia.
¿Cuál es la función de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)?
La ARN acompaña los procesos de reincorporación y reintegración de personas que dejan las armas, mediante programas de acompañamiento social, económico y comunitario para facilitar su vinculación a la vida civil.
¿Qué facultades tiene la Contraloría General de la República frente a este tipo de denuncias?
Puede ejercer vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos, adelantar auditorías, solicitar información, establecer posibles responsabilidades fiscales y promover las actuaciones correspondientes cuando encuentra irregularidades.
¿Qué papel cumple el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a la presencia de menores en estos espacios?
El ICBF tiene la responsabilidad de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, verificar posibles situaciones de vulneración y activar las rutas de atención y restablecimiento de derechos cuando sea necesario.