El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso fin a tres procesos de diálogo heredados de la política de Paz Total de Gustavo Petro: terminó dos mesas de conversaciones con estructuras disidentes de las Farc y un espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Las decisiones quedaron formalizadas en varias resoluciones expedidas el 28 de agosto, que además revocan el reconocimiento de integrantes de estos grupos como representantes, retiran a funcionarios del Gobierno de las negociaciones y, en el caso de las ACSN, ordenan solicitar la reactivación de órdenes de captura.
Las medidas marcan un giro frente a la política de negociación de la administración anterior y afectan directamente los procesos que se habían establecido con las estructuras relacionadas con Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB; y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, conocidas como Los Pachenca.
¿Qué decidió el Gobierno sobre la mesa con ‘Calarcá’?
Una de las decisiones corresponde a la Mesa de Diálogos de Paz con el denominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF-FARC EP, estructuras que quedaron bajo el liderazgo de alias ‘Calarcá’ después de las fracturas del antiguo Estado Mayor Central de las Farc.
La Resolución 343 de 2026 ordena terminar esta Mesa de Diálogos de Paz. El argumento utilizado por el Gobierno es la “ausencia de voluntad de paz”.
La decisión deja sin efecto la resolución mediante la cual se había autorizado la instalación de esta mesa durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El proceso había comenzado en octubre de 2023, cuando la administración anterior abrió conversaciones con el entonces Estado Mayor Central. Después de las divisiones dentro de esa organización, el proceso continuó con los bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.
Según los argumentos incluidos en las decisiones, los incumplimientos de compromisos alcanzados durante el quinto ciclo de conversaciones y los hechos posteriores hicieron imposible seguir acreditando una voluntad real de paz y de reincorporación a la vida civil.
¿Quiénes pierden el reconocimiento como representantes?
El cierre de la mesa estuvo acompañado de una decisión adicional. La Resolución 342 de 2026 revoca la designación como miembros representantes de la organización de quienes habían sido autorizados para participar en la Mesa de Diálogos de Paz.
El documento relaciona, entre otros, a Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Robinson de Jesús González, Alexander Díaz Mendoza, Diana Carolina Rey Rodríguez, Farby Edison Parra Parra, Javier Alfonso Veloza García, Carlos Eduardo García Téllez y Willinton Henao Gutiérrez.
Esto significa que dejan de tener el reconocimiento formal que les permitía representar a la estructura armada dentro de la negociación.
A esta decisión se suma la Resolución 344 de 2026, mediante la cual se revocan las designaciones de los representantes del Gobierno nacional que participaban en esta mesa.
Entre las personas que dejan esa función está Gloria Quiceno Acevedo, quien se desempeñaba como jefa negociadora del Gobierno.
Gobierno también termina la mesa con la CNEB
El segundo proceso que queda formalmente cerrado es la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB.
La Resolución 346 de 2026 ordena terminar las conversaciones con esta organización.
El Gobierno argumenta que se perdió la voluntad de paz y que ya no existían elementos suficientes para seguir acreditando una intención de reincorporación a la vida civil.
La CNEB tiene sus antecedentes en el proceso que inicialmente se adelantó con la Segunda Marquetalia. Posteriormente, estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera se apartaron de esa denominación y pasaron a identificarse como CNEB.
En este caso, el Gobierno también revocó el reconocimiento de los integrantes que habían sido acreditados como representantes de la organización.
Entre los nombres incluidos en la resolución están José Vicente Lesmes, Geovanny Andrés Rojas, Luis Andrés Figueroa Marín, Allende Perilla Sandoval, José Darley Malagón Jiménez, Henry Quiñones Angulo, Diego Fernando Guerrero Segura, María Lizeth Moreno Cantillo, Edilson Barreto Romero, Jorge Alejandro Avendaño Suárez, Pablo Edis Ortiz Cortés y Raúl Eduardo Rodríguez Arévalo, entre otros. Entre ellos se encuentra Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.
Sale el jefe negociador del Gobierno
Las decisiones sobre la CNEB también incluyen cambios en la delegación del Ejecutivo.
La resolución revoca la calidad de Armando Novoa García como jefe negociador del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con la organización.
También quedan sin efecto las designaciones de varios representantes del Gobierno que participaban en las conversaciones, entre ellos Parmenio Cuéllar, María Camila Moreno, Gloria Arias Nieto y Jaime Joaquín Ariza Girón, además de los demás funcionarios relacionados en el documento.
De esta manera, el Gobierno desmonta tanto la mesa de negociación como la estructura de representación que había sido creada para adelantar las conversaciones.
Los Pachenca también quedan fuera de la Paz Total
El tercer proceso afectado corresponde a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN, conocidas como Los Pachenca.
En este caso, el Gobierno puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico que había sido creado para verificar la voluntad de la organización de avanzar hacia el sometimiento a la justicia y contribuir a la construcción de paz en los territorios.
La administración de Abelardo de la Espriella considera que las conversaciones se debilitaron y que no fue posible evidenciar una voluntad real de paz y sometimiento a la justicia.
Por esa razón, se revoca el reconocimiento como miembros representantes de nueve integrantes de las ACSN.
La resolución incluye a Daniel Bravo Arias, Elmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo, José Luis Pérez Villanueva, Loryin Emilio Pertuz Ballestas, Nain Andrés Pérez Toncel, Orlando Pérez Ortega, Carmen Evelio Castillo Carrillo y Fredy Castillo Carrillo.
Piden reactivar las órdenes de captura
La decisión frente a las ACSN tiene además una consecuencia judicial. El Gobierno pidió reactivar las órdenes de captura contra los integrantes de esta organización afectados por la revocatoria de sus reconocimientos.
También fue revocada la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador representante del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las ACSN.
Con esta medida, el Ejecutivo deja sin representación oficial el espacio de conversación que se había establecido con esta organización.
Las resoluciones también afectan a dos nombres que han aparecido recientemente en decisiones del Gobierno relacionadas con organizaciones armadas.
Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, pierde el reconocimiento como miembro representante de la CNEB.
Por su parte, Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, deja de tener el reconocimiento como representante dentro del proceso con las estructuras relacionadas con ‘Calarcá’.
Ambos nombres aparecen además en el contexto de las recientes decisiones del Gobierno relacionadas con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos.
Con estas decisiones, el Gobierno de Abelardo de la Espriella formaliza el cierre de tres escenarios de negociación que habían sido establecidos durante la administración anterior.
En el caso de las estructuras de ‘Calarcá’, la Resolución 343 termina la mesa por “ausencia de voluntad de paz”, mientras que la Resolución 342 revoca el reconocimiento de sus representantes y la Resolución 344 retira a los delegados del Gobierno.
En el caso de la CNEB, la Resolución 346 termina la Mesa de Diálogos de Paz y las decisiones complementarias retiran el reconocimiento de sus representantes, incluido alias ‘Araña’, además de sacar al jefe negociador y a otros integrantes de la delegación oficial.
Y frente a las ACSN, el Gobierno termina el espacio de conversación sociojurídico, revoca el reconocimiento de nueve representantes, retira al coordinador del Ejecutivo y solicita la reactivación de órdenes de captura.
Así, las resoluciones expedidas el 28 de agosto no solo ponen fin a las conversaciones: desmontan formalmente la estructura jurídica y administrativa que permitía la participación de estos grupos y de sus representantes en los procesos de negociación con el Estado.