El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0626 de 2026, mediante el cual ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, creado por la Ley 2281 de 2023.
La decisión se adopta luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible dicha ley por vicios de procedimiento y determinara que sus efectos se extenderían hasta la culminación de la legislatura 2025-2026.
Según el decreto, la cartera entra desde ahora en proceso de liquidación y pasará a denominarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”.
El Gobierno argumenta que la medida responde a la necesidad de reorganizar la administración pública nacional y garantizar la continuidad de las políticas dirigidas a poblaciones de especial protección constitucional.
La norma recuerda que la Ley 2281 de 2023 creó el Ministerio como cabeza del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad, con funciones relacionadas con el diseño, formulación, coordinación y ejecución de políticas para reducir desigualdades económicas, sociales y políticas, además de promover la no discriminación y la protección de grupos históricamente vulnerados.
El proceso se realizará en un plazo máximo de un año
El decreto establece que el proceso tendrá una duración inicial de un año, contado desde la entrada en vigencia de la norma, aunque podrá ser prorrogado por el Gobierno mediante acto motivado. Durante este periodo, la entidad únicamente podrá realizar actuaciones necesarias para su liquidación, como el cierre de operaciones, administración de bienes y cumplimiento de obligaciones pendientes.
El liquidador será designado por el presidente de la República y tendrá, entre otras funciones, adelantar la subrogación de derechos, bienes y obligaciones del Ministerio, administrar los activos, realizar inventarios, gestionar procesos judiciales y presentar informes periódicos al Gobierno.
Además, la norma prohíbe vincular nuevos servidores públicos a la planta de personal de la entidad en liquidación y establece que no podrán realizarse actividades distintas a las necesarias para culminar el proceso. También ordena elaborar un programa de supresión de cargos, respetando las garantías legales para servidores con protección especial.
Traslado de funciones
El decreto contempla medidas para la transferencia de competencias a otras entidades del Estado. De acuerdo con el documento, las funciones del Ministerio serán trasladadas al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con ajustes presupuestales correspondientes y bajo el criterio de mantener el gasto actual o realizar la transferencia a “costo cero”.
También se definió el futuro de varios fondos asociados a la entidad. El Fondo “No es Hora de Callar” será administrado por el Ministerio del Interior, mientras que el Ministerio de Hacienda deberá definir la entidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico.
Frente al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, el decreto establece que permanecerá bajo la administración del Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación durante el proceso, y que posteriormente sus recursos serán transferidos a las entidades que asuman las funciones correspondientes.