Santiago Trespalacios, el abogado de Miguel Andrés Quintero Calle, denunció en plena audiencia este lunes 28 de septiembre que la Fiscalía 40 habría ocultado información dentro del proceso por presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
En su intervención en la audiencia de medida de aseguramiento, el defensor aseguró que la Fiscalía mantuvo ocultas durante meses actuaciones relacionadas con su cliente, a pesar de las reiteradas peticiones de la defensa para saber si existía una investigación en su contra y poder ejercer su derecho de defensa. Según dijo, Quintero se enteró por terceros y por los medios de comunicación, no por el ente acusador.
La defensa cuestiona cómo Quintero conoció de la investigación
Como primer episodio, mencionó el 13 de octubre de 2025, cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en X que los hermanitos Quintero debían ir a la cárcel y que se investigaba si recursos de presuntos hechos de corrupción habían llegado a Estados Unidos.
Para la defensa, fue por ese mensaje, y no por una comunicación de la Fiscalía, como Quintero supo que existían actuaciones sobre él. Un caso similar, afirmó, ocurrió el 17 de septiembre de 2026, cuando un medio local divulgó el documento confidencial del principio de oportunidad de Misael Cadavid, señalado como uno de los principales testigos de la Fiscalía.
El abogado indicó que el nombre de Quintero aparecía en diligencias desde febrero de 2025: habría sido mencionado el 26 de ese mes en el interrogatorio a Laura Mejía y, en junio, en la extracción de información del celular de ella.
La defensa presentó el 5 de noviembre de 2025 una solicitud formal para saber si Quintero era investigado, y la reiteró el 11 y el 13 del mismo mes. Según el defensor, el 14 de noviembre recibieron una respuesta evasiva: el despacho dijo no tener competencia para responder y que, si había una investigación, lo informarían.
Mientras tanto, sostuvo, seguían las diligencias con su nombre de por medio: el 9 de diciembre la Fiscalía 40 interrogó a Cadavid con preguntas sobre Quintero. El 12 de diciembre la defensa interpuso una tutela para establecer si existía una noticia criminal contra su cliente. La respuesta, conocida el 15 de diciembre, reconoció noticias criminales asociadas a Quintero, pero ninguna del proceso que adelantaba la Fiscalía 40.
Agregó que Cadavid fue interrogado de nuevo el 19 de diciembre, con referencias a Quintero, y que el 5 de enero la defensa recibió otra respuesta negativa sobre la existencia de una noticia criminal en ese despacho. El 15 de enero, según su relato, Laura Mejía fue entrevistada con preguntas sobre Quintero y, seis días después, la Fiscalía reiteró que no tenía competencia para entregar la información.
Defensa pide excluir pruebas de audiencias reservadas
Otro punto central fue el de las audiencias reservadas. Según el defensor, en el sistema de la Rama Judicial aparecen seis audiencias reservadas y 11 de control posterior a las que la defensa debió ser citada, pues en noviembre había pedido ejercer una defensa plena. Citó como ejemplo la del 14 de abril de 2026, sobre la extracción de tres celulares, y sostuvo que las diligencias sobre los viajes de Quintero también se tramitaron en una audiencia reservada sin citarlo. Con base en una sentencia, pidió al juez de control de garantías excluir esas pruebas por ilegales. Añadió que ni el despacho ni la defensa han recibido las órdenes, las actas ni los actos investigativos completos.
“Su señoría, el uso de esa evidencia en este estado de la investigación es ilegal. La consecuencia de no citar a la defensa plena, de acuerdo con la sentencia c 591 de 2005, que hubiere solicitado ser citada, es la ilegalidad de todos y cada uno de los actos investigativos a los que la defensa debió haber sido citada y no lo fue. Eso es algo evidente, su señoría, es aplicar el xilogismo jurídico con toda con toda parsimonia. ”.
En su criterio, la cronología muestra que la Fiscalía sabía que la defensa intentaba conocer si había una investigación, mientras seguía adelantando diligencias sin darle información. Concluyó ante el juez que se trata de una indagación inconstitucional.
Fiscalía atribuye millonarios beneficios y audiencia continuará este martes
Su intervención se produjo luego de que el apoderado de víctimas, en representación del AMVA, pidiera detención en establecimiento carcelario para Quintero Calle y para Sebastián de Dios Ortega Urán. Esa solicitud se apoyó en certificaciones del AMVA sobre seis contratos con los Bomberos de Itagüí, interrogatorios con principio de oportunidad, declaraciones juradas, extracciones de WhatsApp e informes de policía judicial. El delegado del Ministerio Público también pidió acoger la petición de la víctima.
Según la Fiscalía, Quintero Calle se habría apropiado de 1.654 millones de pesos dentro de la presunta red de corrupción. A Ortega Urán se le atribuye un beneficio propio de 133,3 millones de pesos como coautor interviniente en peculado por apropiación. Ambos están procesados por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravada.
La diligencia se reanudará mañana, 29 de septiembre, a las 2:00 p.m., con la defensa de Sebastián Ortega Urán. Luego el juez deberá decidir sobre la medida de aseguramiento. Este medio buscó la versión de la Fiscalía sobre las acusaciones de la defensa.
Las claves de la noticia
¿Qué denunció el abogado de Miguel Andrés Quintero Calle durante la audiencia?
El abogado denunció que la Fiscalía 40 habría ocultado información relacionada con actuaciones adelantadas contra su cliente dentro del proceso por presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según la defensa, durante meses solicitaron información para establecer si existía una investigación contra Quintero y poder ejercer su derecho de defensa, pero las respuestas recibidas no permitieron conocer la existencia del proceso que adelantaba ese despacho.
¿Qué hechos presentó la defensa para sustentar su cuestionamiento a la Fiscalía?
La defensa presentó una cronología de actuaciones en las que, según su relato, el nombre de Quintero apareció desde febrero de 2025. También señaló solicitudes formales realizadas en noviembre de ese año, una tutela presentada en diciembre y diferentes interrogatorios y entrevistas en los que se formularon preguntas relacionadas con su cliente. El abogado sostuvo que, pese a estas actuaciones, la Fiscalía reiteró que no tenía competencia para entregar información sobre una investigación contra Quintero.
¿Qué cuestionó la defensa sobre las audiencias reservadas?
El abogado señaló que en el sistema de la Rama Judicial aparecen seis audiencias reservadas y 11 de control posterior a las que, según su interpretación, la defensa debió ser citada porque había solicitado ejercer una defensa plena. Mencionó como ejemplo una audiencia del 14 de abril de 2026 relacionada con la extracción de tres celulares y sostuvo que también se realizaron diligencias sobre los viajes de Quintero sin citar a la defensa. Por estos motivos, pidió al juez de control de garantías excluir las pruebas que, según su planteamiento, fueron obtenidas mediante actuaciones en las que la defensa no fue citada.
¿Qué sostiene la Fiscalía sobre Miguel Andrés Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán?
Según la Fiscalía, Miguel Andrés Quintero Calle se habría apropiado de 1.654 millones de pesos dentro de la presunta red de corrupción. A Sebastián de Dios Ortega Urán se le atribuye un beneficio propio de 133,3 millones de pesos como coautor interviniente en peculado por apropiación. Ambos están procesados por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravada. La solicitud de detención en establecimiento carcelario fue presentada por el apoderado de víctimas, en representación del AMVA, y recibió también el respaldo del delegado del Ministerio Público.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
La diligencia se reanudará el 29 de septiembre a las 2:00 p.m., con la intervención de la defensa de Sebastián Ortega Urán. Después de escuchar a las partes, el juez deberá decidir sobre la medida de aseguramiento solicitada para los procesados. Este medio buscó la versión de la Fiscalía sobre las acusaciones formuladas por la defensa.