Según la entidad, las dinámicas de violencia están relacionadas con el control de corredores estratégicos hacia Ecuador, el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. La terminación de la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), en agosto de 2026, aumenta el riesgo de enfrentamientos entre estructuras armadas en el corto plazo.
Por lo que no descartan el reingreso de facciones de la guerrilla del ELN o del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC.
Alerta en comunidades
La alerta advierte sobre las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas Awá y Los Pastos, la población campesina, los líderes sociales, los firmantes del acuerdo de paz, los comerciantes y los transportadores. Además, señala que niñas, niños y adolescentes están especialmente expuestos al reclutamiento forzado.
La Defensoría también alertó sobre el deterioro de la seguridad en la región. En Mallama, la tasa de homicidios alcanzó los 67,37 por cada 100.000 habitantes en 2026. Entre los hechos documentados figuran masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales y firmantes de paz, así como ataques contra la misión médica.
A estas amenazas se suman la presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en caminos rurales de los resguardos indígenas, que ponen en peligro la vida y la integridad de las comunidades.
Atentado contra la comunidad
En agosto del 2025 la entidad registró una infracción al derecho internacional humanitario (DIH), cuando una ambulancia que transportaba paciente fue interceptada, sujetos con fusiles hicieron descender al personal sanitario y asesinaron al paciente en remisión.
Adicionalmente, persiste la siembra de minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en caminos rurales de resguardos.
Recomendaciones para la comunidad
Frente a este panorama, la entidad formuló 29 recomendaciones dirigidas a las instituciones del Estado para prevenir violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, fortalecer la protección colectiva y garantizar una respuesta integral para las poblaciones en riesgo.
Llamado a autoridades
La Defensoría hizo un llamado a las autoridades para actuar con celeridad y adoptar medidas que permitan proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades de Ricaurte y Mallama, así como preservar la autonomía y la continuidad cultural de los pueblos indígenas de Nariño.
Puntos clave de la alerta sobre la situación de seguridad
- Factores de conflicto y riesgos en la zona De acuerdo con la entidad, la crisis de violencia responde al control de corredores estratégicos para el narcotráfico hacia Ecuador, la minería ilegal y la extorsión. El panorama de seguridad en Ricaurte y Mallama se complejizó tras la terminación de las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en agosto de 2026, lo que elevó la probabilidad de disputas armadas e incrementó el riesgo de incursión de facciones del ELN y del Estado Mayor Central (EMC).
- Poblaciones afectadas y amenazas directas La alerta institucional prioriza la vulnerabilidad de las comunidades indígenas Awá y Los Pastos, sectores campesinos, líderes sociales, comerciantes, transportadores y firmantes del acuerdo de paz. Asimismo, advierte sobre la exposición de niños, niñas y adolescentes al reclutamiento forzado, y sobre los riesgos que enfrentan las comunidades en sus caminos rurales debido a la presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.
- Deterioro de la seguridad y violaciones al DIH El informe refleja un grave deterioro de los índices de violencia en la región, evidenciado en la tasa de homicidios de Mallama, que se ubicó en 67,37 por cada 100.000 habitantes durante 2026. Entre los antecedentes documentados se destacan masacres, homicidios selectivos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como la interceptación en agosto de 2025 de una ambulancia por hombres armados para asesinar al paciente que era remitido.
- Medidas institucionales y llamado a las autoridades Ante este contexto de alto riesgo, la entidad formuló 29 recomendaciones dirigidas a diversas instituciones del Estado con el fin de activar mecanismos de prevención, protección colectiva y respuesta integral. El organismo instó a las autoridades a intervenir de manera oportuna para salvaguardar la vida e integridad de los habitantes de Ricaurte y Mallama, garantizando a su vez la autonomía y la preservación cultural de los pueblos indígenas del departamento de Nariño.