La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió priorizar las investigaciones relacionadas con las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la contratación estatal y posibles vínculos entre la adjudicación de contratos públicos y encuentros sexuales.
A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Marín se dirigió a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación para solicitar celeridad en las actuaciones que correspondan a cada entidad.
La funcionaria señaló que la gravedad de los hechos denunciados hace necesario avanzar oportunamente en su esclarecimiento. Sin embargo, insistió en que las actuaciones deben desarrollarse con autonomía e independencia, sin anticipar conclusiones sobre las personas mencionadas.
“La gravedad de esta denuncia no da margen de espera. Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos”, manifestó la defensora del Pueblo.
Marín también subrayó que las autoridades deben garantizar la protección de las posibles víctimas, independientemente de la posición o dignidad de las personas que eventualmente puedan resultar involucradas en los hechos.
“Las autoridades deben operar con autonomía e independencia y proteger a las víctimas, sin importar la dignidad de quien pueda llegar a resultar responsable”, afirmó.
La solicitud de la defensora se conoce luego de que Deicy Jiménez entregara una entrevista a la revista SEMANA, en la que hizo señalamientos sobre una presunta red de mujeres y posibles relaciones entre contratos estatales y encuentros sexuales con Petro. Las afirmaciones corresponden a la versión de Jiménez y su veracidad deberá establecerse mediante las pruebas y las investigaciones correspondientes.
¿Qué se busca establecer con la denuncia?
La denuncia está relacionada con la posibilidad de que se hubieran presentado irregularidades en la contratación estatal y que recursos o beneficios públicos hubieran sido utilizados para fines particulares.
De acuerdo con la información del documento presentado por el Instituto Anticorrupción, el caso se sustenta inicialmente en las declaraciones divulgadas por la revista SEMANA. Por tanto, quien presentó la denuncia no señala haber conocido directamente los hechos, sino que parte de la información publicada por el medio de comunicación.
Entre los aspectos que se solicita verificar están los presuntos vínculos entre contratos públicos y encuentros sexuales que Jiménez afirmó que habrían ocurrido cuando Petro era senador. La joven también aseguró que habría existido una red de aproximadamente 40 mujeres y afirmó haber transportado droga para el entonces congresista.
El documento fue fechado el 25 de octubre de 2026 y está firmado por Camilo Alberto Enciso Vanegas, director del Instituto Anticorrupción.
¿Qué autoridades fueron llamadas a actuar?
La defensora del Pueblo pidió priorizar las actuaciones ante tres instancias: la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación.
La denuncia del Instituto Anticorrupción también fue remitida a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que proceda dentro de sus competencias.
La solicitud plantea la necesidad de verificar los hechos denunciados, practicar las pruebas pertinentes, establecer su posible relevancia jurídica y determinar las responsabilidades que pudieran existir. El trámite también requiere precisar las competencias de cada organismo, de acuerdo con la naturaleza de los hechos y la condición de las personas mencionadas.
Protección a las posibles víctimas e independencia
Además de pedir celeridad, Iris Marín insistió en dos garantías: la protección de las posibles víctimas y la independencia de las autoridades encargadas de investigar.
La defensora sostuvo que el esclarecimiento debe producirse sin importar el cargo o la posición pública de quien pudiera resultar involucrado. Al mismo tiempo, su pronunciamiento no da por probadas las acusaciones contra Petro ni anticipa el resultado de las actuaciones.
La solicitud se produce en medio de la controversia generada por las declaraciones de Jiménez y la respuesta pública del expresidente, quien ha negado haber entregado contratos estatales a cambio de relaciones sexuales.
El desarrollo del caso dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes, de la verificación de los testimonios y de los elementos probatorios que puedan recaudarse. Por ahora, el llamado de la defensora del Pueblo se centra en que las actuaciones se prioricen, que los hechos sean esclarecidos con independencia y que se garantice la protección de quienes puedan estar en riesgo.
Clave del tema, en cuatro preguntas:
1. ¿Por qué Iris Marín pidió priorizar la investigación contra Gustavo Petro?
La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió acelerar la investigación de una denuncia contra Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la contratación estatal y posibles vínculos entre contratos públicos y encuentros sexuales. Solicitó que las autoridades esclarezcan los hechos con independencia y protejan a las posibles víctimas.
2. ¿De qué trata la denuncia contra Gustavo Petro?
La denuncia contra Gustavo Petro busca establecer si hubo presuntas irregularidades en la contratación estatal y utilización de recursos públicos para fines particulares. Los señalamientos se relacionan con declaraciones de Deicy Jiménez, quien afirmó que habría existido una red de unas 40 mujeres al servicio de Petro cuando era senador.
3. ¿Qué entidades deben priorizar la investigación contra Gustavo Petro?
La Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación fueron las entidades a las que Iris Marín pidió priorizar las actuaciones relacionadas con la denuncia. La solicitud busca que se esclarezcan los hechos y se determinen posibles responsabilidades, sin prejuzgar.
4. ¿Quién presentó la denuncia por presuntas irregularidades en contratos públicos?
La denuncia fue firmada el 25 de octubre de 2026 por Camilo Alberto Enciso Vanegas, director del Instituto Anticorrupción. El documento fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y solicita verificar los hechos, practicar pruebas y establecer si existen posibles responsabilidades.