La Cancillería de Colombia enviará una delegación a Managua los próximos 11 y 12 de diciembre con el objetivo de dialogar con autoridades nicaragüenses sobre los alcances del fallo de la CIJ que definió la delimitación de aguas en el Caribe y sus implicaciones para los pescadores y comunidades de San Andrés y Providencia, según anticipó en primicia Noticias RCN,
El equipo colombiano estará conformado por la viceministra de Relaciones Exteriores, Olga Lucía Arenas; la embajador de Colombia ante Barbados, Elizabeth Taylor; el director de Asuntos Jurídicos Internacionales, Jhon Jairo Camargo, además de otros siete funcionarios.
La disputa marítima entre Colombia y Nicaragua gira en torno a la extensión de la plataforma continental, un área rica en recursos pesqueros y estratégicos. En 2023, la CIJ rechazó la pretensión de Managua de ampliar su plataforma más allá de las 200 millas náuticas, ratificando la soberanía colombiana sobre las islas y gran parte del mar adyacente al archipiélago.
Hay que recordar que tras ese fallo, la Defensoría del Pueblo celebró la decisión como un triunfo para los derechos de los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, destacando que garantiza la pesca, la conservación de la reserva Marina-Seaflower y el sustento histórico de las comunidades isleñas.
No obstante, aun con la decisión, el fallo dejó abierta la puerta al diálogo entre ambas naciones, especialmente para definir detalles operativos sobre la delimitación marítima, la pesca, la conservación ambiental y los derechos ancestrales.
El presidente Gustavo Petro ha manifestado en ocasiones anteriores que, tras el fallo de la CIJ: “hay que dialogar con Nicaragua. Tras la victoria jurídica en La Haya, no basta con ganar un fallo: debemos garantizar derechos tangibles al archipiélago", dijo el mandatario, al asumir la decisión como una “victoria para Colombia”, pero advirtiendo que el proceso no termina allí.
Por su parte, desde la comunidad isleña de San Andrés han manifestado en varias ocasiones sus profundas preocupaciones porque temen que la delimitación afecte sus formas tradicionales de vida, su sustento, y su acceso a zonas de pesca históricas.
Sectores opositores en Colombia han planteado cautela frente al viaje diplomático. Argumentan que, dada la complejidad del conflicto territorial y la historia de litigios con Managua, cualquier negociación debe acompañarse de mecanismos firmes de control, transparencia y protección a los derechos de los habitantes del archipiélago.
El encuentro del 11 y 12 de diciembre buscará concretar los términos del fallo: definir con claridad los límites marítimos, asegurar los derechos de pesca de los raizales, salvaguardar la biodiversidad de la zona, y diseñar un plan de acompañamiento estatal para garantizar que el archipiélago no quede en abandono tras la disputa.