La política de deportaciones y expulsiones de migrantes del actual Gobierno abrió un debate en Rounds FM sobre los límites de las medidas de seguridad, el respeto al debido proceso y la necesidad de mantener la integración de la población extranjera en Colombia.
En la discusión participaron Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y profesor de la Universidad de La Sabana, y Rashid Correa, concejal de Barranquilla por Cambio Radical. Ambos coincidieron en que el país debe actuar contra quienes cometen delitos, aunque expusieron distintos énfasis sobre la política migratoria.
Firmeza contra la delincuencia, sin estigmatización
Rashid Correa manifestó su respaldo a la política de seguridad del Gobierno y defendió los controles migratorios cuando existen conductas delictivas. "Yo apoyo la política de seguridad del Gobierno nacional porque estamos hablando del derecho a vivir sin miedo en el barrio, en el bus, en la tienda, absolutamente para todos", afirmó el concejal.
Como argumento, mencionó que entre el 7 de agosto y el 29 de octubre se registraron más de 800 deportaciones y expulsiones en Colombia. A su juicio, estas actuaciones representan una respuesta institucional frente a la delincuencia, siempre que estén sustentadas jurídicamente.
"Cada caso debe estar sustentado con debido proceso y cooperación institucional", señaló Correa, quien insistió en que la seguridad debe garantizarse dentro de los límites de la legalidad.
El concejal también defendió la distinción entre los migrantes que llegan a trabajar y contribuir al país y quienes participan en actividades criminales.
La integración como estrategia de seguridad
Por su parte, Ronald Rodríguez advirtió sobre los riesgos de generalizar las conductas delictivas de algunos extranjeros y trasladar esa responsabilidad al conjunto de la población migrante. El investigador señaló que Colombia alberga 2.856.000 ciudadanos venezolanos que han construido sus proyectos de vida en el territorio nacional. Además, destacó que el país ha conseguido regularizar a 2.795.700 personas.
Para Rodríguez, estos avances demuestran que la integración es una herramienta necesaria y pragmática, especialmente ante la persistente crisis humanitaria venezolana.
"El Estado colombiano tiene que seguir trabajando en la alternativa de la integración, no porque sea una política de bondad de los colombianos, sino porque es la única política pragmática que hemos desarrollado", sostuvo.
También explicó que la irregularidad migratoria puede facilitar el aprovechamiento de personas vulnerables por parte de organizaciones criminales. Por eso, consideró necesario fortalecer los mecanismos de regularización y garantizar que los procedimientos institucionales sean accesibles.
Los menores migrantes, otro desafío para el Estado
Uno de los puntos centrales de la intervención de Rodríguez fue la situación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que permanecen sin regularizar en Colombia.
El investigador indicó que 193.600 menores enfrentan esta situación y alertó sobre los riesgos de reclutamiento por parte de estructuras criminales.
Según explicó, las dificultades administrativas y los obstáculos para adelantar procedimientos ante Migración Colombia pueden ser aprovechados por estas organizaciones. Por ello, pidió fortalecer la capacidad institucional de los municipios y garantizar el acceso de los menores a las instituciones educativas.
Correa coincidió en que la integración debe mantenerse como parte de la política migratoria y recordó que Colombia ha acogido a más de dos millones de venezolanos, entre trabajadores, emprendedores y familias que contribuyen a la economía nacional.
Seguridad y derechos humanos: una discusión que continúa
En sus conclusiones, ambos participantes coincidieron en que la nacionalidad no debe convertirse en un criterio para determinar responsabilidades penales. Rodríguez insistió en que Colombia debe mantener la regularización, aplicar la ley y evitar que la migración irregular fortalezca las redes criminales. Correa, por su parte, resumió su posición en la necesidad de perseguir las conductas delictivas, independientemente del origen de quienes las cometan.
"Aquí no se trata de perseguir al migrante, aquí se trata de perseguir al delincuente, venga de donde venga", afirmó el concejal.
El debate dejó un punto de coincidencia: Colombia debe proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad, pero sin convertir las medidas de deportación en mecanismos de estigmatización colectiva. El desafío, según las posturas expuestas, está en combinar controles migratorios, legalidad, derechos humanos e integración económica.