La magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez terminará su período en la Corte Suprema de Justicia en octubre. Hasta entonces, los bandos divididos en la Sala Especial de Instrucción, que investiga penalmente a congresistas y cuyos integrantes también cerrarán su ciclo en dos meses, arrecian sus ofensivas.
Nunca fue una sala armónica. Pero las rencillas internas se multiplicaron hasta el punto en que sus miembros cruzaron sendas quejas disciplinarias en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que procesa penal y disciplinariamente a los togados de las altas cortes, incluyendo a los instructores.
El capítulo más reciente de la serie de fracturas apareció cuando la Comisión le asignó un radicado a una denuncia del abogado Marlon Díaz, defensor de la senadora izquierdista Martha Peralta, por supuestas irregularidades en la investigación en su contra por el caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Díaz asumió la defensa de la congresista el 26 de junio, una semana después de la indagatoria a la que Lombana citó a Peralta. La jueza mantuvo a la congresista detenida cuatro días, tres de ellos respondiendo a la indagatoria y a un hábeas corpus. La guajira y su asesor anterior, Henry Montes, lo consideraron desproporcionado.
El penalista Díaz tiene una óptica similar, así que el 7 de julio radicó un memorial señalando medidas de la instructora Lombana que pudieron tener “incidencia en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso”. Cuatro magistrados de la Sala remitieron el escrito a la Comisión.
Francisco Farfán, presidente del paraninfo, y Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez, todos expresidentes, firmaron el oficio que puso en conocimiento de la Comisión y del procurador general, Gregorio Eljach, “posibles irregularidades en la manera en que se han desplegado las competencias coercitivas”.
La Comisión de Acusación recibió el documento el 28 de julio, pero la prensa conoció de su filtración casi un mes después, el 21 de agosto. Para los togados, se trata de “hechos y situaciones procesales” que podrían tener “incidencia penal y disciplinaria”, así que merecen ser investigados. Para Cristina Lombana, es un ataque más.
A dos meses de que llegue la primera rotación en la historia de la Sala de Instrucción, nacida en 2018, Lombana, quizá la magistrada más mediática de esa sección de la Corte Suprema, grabó un video en el que se refirió al caso de Peralta: “No hay allí irregularidad alguna que resista al más mínimo escrutinio técnico”.
La denuncia de Martha Peralta abre otro frente contra Cristina Lombana
Y aprovechó la pieza, de tres minutos, para advertir sobre los “ataques reiterados” que, asegura, ha recibido en su período como magistrada. “Contarlos con el detalle que merecerían solo serviría para sembrar el desánimo en tantas mujeres que aspiran legítimamente a ocupar un lugar en esta Sala y en las altas cortes”, dijo.
“De los cinco magistrados hombres que integran esta sala”, Farfán, Rueda, Reyes, Rodríguez y Héctor Alarcón, “han sido cuatro quienes, de manera reiterada y votando en bloque, han promovido mi apartamiento de procesos que yo venía instruyendo”. No los nombró, pero se refería a quienes firmaron la remisión de la denuncia de Peralta.
Sostuvo que la horma es evidente. “Ahí queda el dato para quien quiera contarlo”, añadió. “No lo digo para abrir una disputa personal —porque no me interesa—, sino porque el patrón habla por sí solo y porque las mujeres que en el futuro ocupen un lugar como el que yo pronto voy a dejar tienen derecho a saber”, agregó.
El 18 de junio, Lombana ordenó detener a la senadora Peralta, del Pacto Histórico, quien pasó esa noche en su casa, vigilada por la Policía. Doce horas después regresó al despacho de la magistrada, en la sede de la Sala Especial, en la calle 73 de Bogotá. Una decena de uniformados la llevó.
Un vehículo se movilizó al frente de la camioneta de la senadora y otro viajó detrás. Pasadas las ocho de la mañana de ese viernes, 19 de junio, los escoltas y los policías abrieron la puerta por la que Peralta, abordada por la prensa, bajó, con vestimenta típica indígena. Se resistió a dar declaraciones, contrario al día anterior.
“Demasiado excesivo”, refunfuñó la parlamentaria en un tono casi inaudible. La indagatoria empezó el 18 de junio, en medio de una trama que combinó una conducción de la Policía que Peralta evadió cuando los agentes la buscaban en su casa, cuatro horas de tensión y un supuesto riesgo de no comparecencia.
Henry Montes, el entonces defensor de Peralta, radicó un hábeas corpus, una medida constitucional que busca la libertad inmediata de una persona detenida injustamente. La Juez 21 de Familia de Bogotá, donde aterrizó el recurso, lo rechazó. Lombana había alegado que existían argumentos suficientes para privar a Peralta de la libertad.
Montes fue el artífice de las solicitudes de aplazamiento que Lombana interpretó como ganas de Peralta de no presentarse a la indagatoria. Según argumentó a la salida de la segunda parte de la diligencia, el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, testigos estrella, entregaron varias declaraciones.
La indagatoria a Peralta profundizó las diferencias en la Sala
Peralta y su defensa no conocían “el alcance” de los testimonios, afirmó Montes. “Para poder participar de una indagatoria, que es un medio de defensa, debe conocer la totalidad del material probatorio que reposa en el expediente”, sostuvo antes de acompañar a su clienta a la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol mantuvo detenida a la senadora, que luego pasó tres tardes delante de Lombana, a quien busca recusar, incluso con la nueva estrategia, con Marlon Díaz. La magistrada “asumió” que las intenciones de reprogramación para conocer los testimonios de Pinilla y Olmedo significaban que Peralta “no se iba a presentar”, apuntó Montes.
Martha Peralta goza, actualmente, de libertad mientras la Corte Suprema define su situación jurídica. Se comprometió a no salir del país, responder siempre a los llamados de la justicia e informar sobre cambios en su residencia. Las opciones de la Sala de Instrucción son una medida de aseguramiento y una acusación, una llamado a juicio en libertad o un archivo del expediente, que es improbable.
Lo más intenso de toda la indagatoria fue el intento de Lombana de investigar a fondo el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos de maquinaria amarilla y para ollas comunitarias. Olmedo López ha insistido en que Peralta le pidió torcer un contrato de 2,21 mil millones de pesos para Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, representantes de IRL SAS, una empresa que buscaba quedarse con un proyecto de maquinaria amarilla.
En mayo de 2019 aún faltaban quince meses para que la Corte Suprema de Justicia ordenara detener al expresidente Álvaro Uribe. La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, que funcionaba desde octubre de 2018, investigaba al exmandatario por manipulación de testigos.
Unánimemente —cinco magistrados, integrantes de una sala en la que solo hay una togada—, la Sala aprobó una recusación del senador Iván Cepeda, entonces víctima en el proceso, y apartó a la magistrada Cristina Lombana de la investigación, que encabezaba el magistrado César Reyes Medina.
Desde entonces, la efigie de Lombana ha representado las más duras tensiones del órgano encargado de procesar a congresistas, aforados constitucionales. Actualmente, la justicia ordinaria absolvió al expresidente Uribe, Reyes investiga otros casos y Lombana es centro de discordias.
La Sala de Instrucción es diversa. Hay juristas como Marco Antonio Rueda que gustan de la discreción, unos que tuvieron que alejarse de sus labores para defenderse de sus propios líos —Francisco Farfán— y otros que, entre señalamientos y disputas, no salen de lo mediático: Reyes y Lombana.
La historia de Lombana en la Corte está marcada por las divisiones
En 2024 Misael Rodríguez fue presidente de la Sala. La Corte Suprema se jactó por el hito de que en sus cinco salas —sin contar la Plena o la de gobierno— todas las vicepresidentas eran mujeres. Cristina Lombana era vicepresidenta en la Sala de Instrucción.
La tradición en las altas cortes es que quien ocupa la vicepresidencia un año va a la presidencia el siguiente. Hilda González se convirtió en 2025 en presidenta de la Sala Civil; Clara López, de la Laboral; Myriam Ávila, de la Penal, y Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia.
Pero la Sala de Instrucción no escogió a Cristina Lombana. Reeligió a César Reyes, presidente en 2023. Héctor Alarcón presidió en 2019 y 2020; Rodríguez lo hizo en 2021 y 2024; Marco Rueda, en 2022, y Reyes, en 2023 y 2025. Lombana no ha alcanzado la alta dignidad. Y no la alcanzará: en 2026, Instrucción escogió a Francisco Farfán.
El pasar de los años se convirtió en una acumulación de rencillas en la corporación que hace las veces de fiscalía entre senadores y representantes. La magistrada Lombana aseveró que su trabajo ha sido sistemáticamente “banalizado y boicoteado”, y presentó una queja contra Reyes en la Corte Suprema.
Hace ocho meses, la Corte le envió a la Comisión un documento de dos páginas que firmaron la magistrada Marjorie Zúñiga, expresidenta de la Sala de Casación Laboral, y el magistrado Carlos Roberto Solórzano, uno de los integrantes más notorios de la Sala de Casación Penal, de la que hoy es presidente.
Zúñiga es presidenta del comité de convivencia laboral de la Corte, un departamento interno que se encarga de desavenencias entre funcionarios que no impliquen la intervención de la Procuraduría o de la Comisión de Acusación. Solórzano es el vicepresidente.
La misiva del comité le remitió al Congreso una queja disciplinaria de la primera militar que obtuvo una toga de la Corte, en contra del boyacense que le propuso a sus colegas encarcelar a Uribe. Cristina Lombana acusa a César Reyes de presunto acoso laboral.
Según Lombana, Reyes la desacredita cuando presenta ponencias o expone opiniones. Su queja va de que las posturas del jurista supuestamente se alejan de lo académico y se convierten en ataques personales. El exlitigante, por su parte, lo niega. El comité de convivencia trató de mediar.
Una Sala de Instrucción dividida enfrenta su primera gran renovación
El 5 de diciembre a las once de la mañana el comité convocó a una audiencia de conciliación. Sin embargo, “no fue posible adelantar la diligencia ni alcanzar fórmula alguna de arreglo”, narraron Zúñiga y Solórzano. Reyes Medina no se presentó, y la Corte dio por terminado el diálogo.
“Teniendo en cuenta que el comité agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria prevista en la normativa vigente, se configura el fracaso de la conciliación, razón por la cual se procede a la correspondiente remisión del asunto a la autoridad competente”, sostiene el oficio.
El historial de discordias es extenso. En mayo de 2025 Cristina Lombana compulsó copias para que la Comisión investigue a Reyes porque, al parecer, se reunió con los abogados de la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz.
La togada citó a Ortiz a declarar sobre su papel en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD). Lombana investiga al senador Julio Elías Chagüi, presunto beneficiario de varios contratos que habría gestionado el exministro Luis Fernando Velasco.
Reyes se habría encontrado con la defensa de Ortiz para ofrecerle beneficios a la exsenadora, lo que extralimitaría las competencias de la Sala, que solo se encarga de las causas penales contra los aforados. La pelea no ha llegado a una conclusión. El Consejo Superior de la Judicatura avanza en un proceso de selección para los sucesores de la Sala.
Y en agosto de 2023 César Reyes se quedó con un proceso contra el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso estaba en la oficina de Cristina Lombana, a quien Benedetti —quien la ha insultado varias veces— recusó.
La prudencia en la ya no tan nueva sala quedó en los ideales. Su deber es precisar las investigaciones que luego son llevadas ante las salas que deben definir la suerte de los investigados: la Especial de Primera Instancia, tan joven como la Especial de Instrucción —y que ya empezó con su primera transición—, y la de Casación Penal.
Hoy las indagaciones a los hombres y las mujeres con más poder del Gobierno y el Congreso, aunque sea el Ejecutivo saliente —con el que Martha Peralta fue oficialista— quedan relegadas a una batalla por el control de expedientes, decisiones contradictorias y lo que parece una guerra de trincheras en los salones de la Corte Suprema.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Comisión de Acusación recibió una denuncia contra la magistrada Cristina Lombana?
La Comisión de Acusación de la Cámara recibió una denuncia del abogado Marlon Díaz, defensor de la senadora Martha Peralta, por supuestas irregularidades en la investigación que adelanta Lombana por el caso de corrupción de la UNGRD. Cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción remitieron el escrito a esa corporación y al procurador general, al considerar que los hechos podrían tener incidencia penal y disciplinaria.
¿Qué investiga la Corte Suprema contra Martha Peralta en el caso de la UNGRD?
La Sala Especial de Instrucción investiga a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla y para ollas comunitarias. El exdirector de la UNGRD Olmedo López ha señalado que la congresista le pidió torcer un contrato por 2.210 millones de pesos para beneficiar a una empresa interesada en quedarse con un proyecto de maquinaria amarilla en La Guajira.
¿Qué ha denunciado Cristina Lombana sobre sus colegas de la Sala de Instrucción?
Lombana ha sostenido que varios de sus colegas han promovido de manera reiterada su apartamiento de procesos que tenía a su cargo y que su trabajo ha sido “banalizado y boicoteado”. La magistrada también presentó una queja contra César Reyes por presunto acoso laboral y ha protagonizado otros enfrentamientos con integrantes de la Sala, en medio de una serie de quejas y denuncias que han profundizado las divisiones internas.
¿Por qué la Sala Especial de Instrucción tendrá una renovación en los próximos meses?
Los magistrados de la Sala Especial de Instrucción, creada en 2018 para investigar penalmente a congresistas, comenzarán a cerrar sus períodos en los próximos meses. La salida de Cristina Lombana y de sus colegas en octubre será la primera gran rotación de la Sala, mientras el Consejo Superior de la Judicatura avanza en el proceso de selección de sus sucesores, en un escenario marcado por las disputas internas.