Dos diplomas universitarios atribuidos a instituciones diferentes registran la misma fecha de graduación en 2021, pese a que ambas universidades han desconocido la expedición de los títulos. Esta es una de las principales inconsistencias identificadas en la documentación académica relacionada con Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
El caso también involucra un diploma de bachillerato que una institución educativa de Caramanta, Antioquia, asegura no haber expedido, además de una tarjeta profesional que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) desconoce.
Las verificaciones institucionales han puesto bajo cuestionamiento los registros académicos, las firmas y los números que aparecen en los documentos. A esto se suman interrogantes sobre su presentación en procesos de contratación y las actuaciones que se adelantan ante organismos judiciales y disciplinarios.
La Universidad Nacional encontró inconsistencias en el diploma
Uno de los primeros cuestionamientos surgió en octubre de 2025, cuando el Copnia solicitó a la Universidad Nacional de Colombia verificar un supuesto título de Ingeniería de Minas y Metalurgia presentado a nombre de Estrada.
Después de revisar sus archivos físicos y digitales, la universidad informó que no encontró registros que acreditaran a la representante como egresada de ese programa en la sede Medellín. También señaló que el registro del diploma presentado para la verificación no había sido expedido por esa sede.
El documento cuestionado señala como fecha de graduación el 16 de noviembre de 2021. Sin embargo, uno de los principales hallazgos está en el número consecutivo del diploma, que corresponde a otra persona graduada el 24 de agosto de 2011.
La firma que aparece en el certificado también fue cuestionada. Verónica Botero Fernández, exdecana de la Facultad de Minas, afirmó que no corresponde a la suya ni a la de quienes ocuparon ese cargo antes o después de ella durante el periodo señalado.
La Universidad Nacional anunció que pondría los hechos en conocimiento de las autoridades para que se investigue la posible falsedad documental.
Dos diplomas con la misma fecha de graduación
La controversia se amplió con un segundo diploma atribuido a la Universidad de Antioquia. Al comparar los documentos, se encuentra que ambos registran la misma fecha de graduación en 2021, aunque corresponden a instituciones diferentes.
La coincidencia adquiere relevancia frente a los pronunciamientos de las dos universidades. En el caso de la Universidad Nacional, la institución no encontró registros que acreditaran la graduación de Estrada y detectó una inconsistencia en el número del diploma. La Universidad de Antioquia, por su parte, aseguró que nunca ha ofrecido el pregrado de Ingeniería de Minas y que no expidió el diploma ni el acta de grado atribuidos a ella.
El 19 de noviembre de 2026, la institución antioqueña informó que había revisado sus bases de datos y registros oficiales para verificar los documentos.
El colegio de Caramanta también desconoció el diploma de bachiller
Los cuestionamientos no se limitan a la formación universitaria. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, informó que no encontró registros que acreditaran la graduación de Estrada en ese establecimiento.
El diploma cuestionado señala que habría obtenido el título de Bachiller de Media Técnica, con especialidad en Comercio, el 25 de noviembre de 2017. El documento menciona como soporte el Acta General de Graduación número 32, folio 29.
Sin embargo, el colegio aseguró que revisó sus libros de registro académico y actas de evaluación sin encontrar evidencia de que la congresista hubiera culminado allí sus estudios de educación media. También indicó que su nombre no aparece en el acta correspondiente, en la que figuran 14 graduandos.
La tarjeta profesional y el contrato con la Dian
Otro punto bajo revisión es la tarjeta profesional atribuida al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, entidad encargada de verificar los requisitos para el ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia.
El Copnia informó que no expidió la tarjeta que circula a nombre de Estrada. La solicitud de matrícula presentada como ingeniera de Minas y Metalurgia también fue objeto de revisión después de que la Universidad Nacional negara la existencia de registros que acreditaran su graduación.
A esto se suma un contrato de prestación de servicios que la representante suscribió con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025, por un valor de 78 millones de pesos.
Procuraduría y Fiscalía revisan los señalamientos
Las inconsistencias documentales motivaron denuncias y actuaciones ante distintas entidades. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria relacionada con los títulos académicos atribuidos a la congresista.
También se presentaron denuncias para solicitar que se investiguen posibles conductas relacionadas con la elaboración y utilización de los documentos. Entre las autoridades a las que se ha acudido están la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría.
En el ámbito político, el caso fue remitido al Comité de Ética del Pacto Histórico para que examine los señalamientos y determine las actuaciones internas que correspondan.
Las investigaciones deberán establecer la autenticidad de los documentos, su origen, las circunstancias en las que fueron presentados y las eventuales responsabilidades individuales.
Las inconsistencias que deja la revisión
El caso reúne tres frentes principales: el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia atribuido a la Universidad Nacional, el diploma de Ingeniería de Minas que la Universidad de Antioquia asegura no haber expedido y el certificado de bachillerato que desconoce el colegio de Caramanta.
A estos elementos se suman la coincidencia de la fecha de graduación de 2021 en los dos diplomas universitarios, la inconsistencia en el número de uno de ellos, las firmas cuestionadas y la tarjeta profesional que el Copnia niega haber expedido.
Los pronunciamientos institucionales permiten establecer que las universidades no reconocen los títulos cuestionados como documentos expedidos por ellas y que el colegio no encontró respaldo para la graduación atribuida a sus registros.
Ahora corresponde a las autoridades determinar cómo se originaron los documentos, en qué circunstancias fueron utilizados y si existen responsabilidades penales, disciplinarias o administrativas.