La periodista D’Arcy Quinn reveló durante su sección en La FM que la Fiscalía enfrenta cuestionamientos por la suspensión de órdenes de captura en Antioquia, mientras surgen alertas sobre implicaciones internacionales y debates sobre la autonomía de la entidad frente al Gobierno.
¿Está obligada la Fiscalía a suspender órdenes de captura solicitadas por el Gobierno?
Quinn indicó que juristas consultados sostienen que la Fiscalía General “no está obligada a aceptar de manera automática” las solicitudes del presidente. Explicó que la sentencia C525 de 2023 establece que esta decisión es una “medida excepcional y sujeta a control”, lo que implica una evaluación jurídica independiente.
La periodista señaló que, de acuerdo con estas fuentes, la fiscal tiene “capacidad de valoración jurídica propia” y debe verificar condiciones legales antes de proceder. Añadió que, si no existe evidencia de sometimiento o hay riesgos para las víctimas, la entidad puede negarse a suspender las órdenes, reiterando que “no es un simple ejecutor del Ejecutivo”.
Quinn subrayó que este punto ha generado un debate entre expertos, quienes insisten en la importancia de la independencia institucional. En sus palabras, hay sectores que consideran que la Fiscalía debe mantener su criterio jurídico frente a decisiones del Gobierno, en línea con lo establecido por la Corte Constitucional.
¿Qué dice la Fiscalía sobre la suspensión de órdenes y la Ley de Paz Total?
Frente a estas interpretaciones, Quinn informó que desde el interior de la Fiscalía se argumenta que la actuación responde al cumplimiento de la Ley de Paz Total. Indicó que esta normativa, aprobada por el Congreso, incluye un capítulo de paz urbana que permite diálogos de sometimiento con estructuras criminales.
De acuerdo con lo señalado, la entidad sostiene que cuando el Gobierno acredita los requisitos de los voceros, corresponde “cumplir la ley y suspender las órdenes”. Quinn precisó que esta posición enfatiza que la medida no implica libertades, sino un procedimiento dentro del marco legal vigente.
Asimismo, explicó que desde la institución se afirma que “no hay manera de sustraerse de ese cumplimiento”, lo que marca una diferencia con otras interpretaciones jurídicas. También se indicó que este proceso no es comparable con el caso de Calarcá, debido a que “son situaciones con regulaciones y consecuencias distintas”.
La periodista describió este escenario como un “choque de interpretaciones” entre quienes defienden la autonomía de la Fiscalía y quienes consideran que existe una obligación legal derivada de la ley y las decisiones de la Corte Constitucional.
En paralelo, Quinn advirtió sobre preocupaciones internacionales relacionadas con estas decisiones. Señaló que, aunque ninguna de las personas cobijadas está solicitada en extradición, el Departamento de Justicia de Estados Unidos observa el proceso con atención.
Indicó que fuentes cercanas consideran que, al tratarse de personas vinculadas al narcotráfico que han introducido droga a ese país, se configura un “delito transnacional”. En ese sentido, afirmó que se espera una reacción por parte de las autoridades estadounidenses, ya que “dudan que el gobierno se quede sin actuar”.
Finalmente, Quinn concluyó que el debate continúa abierto y refleja posiciones opuestas. Por un lado, quienes insisten en que la Fiscalía no es un tramitador y debe preservar su independencia; por el otro, la postura institucional que sostiene que se trata de una obligación legal derivada de la normativa vigente.