Elecciones 2026: MOE pide al Gobierno dejar de opinar sobre la competencia electoral

También alertó sobre vacíos jurídicos de cara a los concilios y posibles irregularidades en la financiación de candidatos.
También alertó sobre vacíos jurídicos de cara a los concilios y posibles irregularidades en la financiación de candidatos. Crédito: Freepik

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales su sexto balance previo a los comicios de 2026, en el cual planteó serias advertencias sobre la transparencia en la financiación de campañas, la violencia contra líderes políticos y la falta de claridad jurídica en temas clave para las próximas elecciones.

La organización señaló que persisten vacíos sobre la personería jurídica del Pacto Histórico y el alcance legal de las consultas interpartidistas realizadas el 26 de octubre. Según la MOE, la ausencia de definiciones concretas sobre estos asuntos podría generar incertidumbre entre los partidos y los votantes.

Por ello, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) tomar decisiones prontas sobre los procesos sancionatorios en curso y aclarar el marco legal que regirá la participación de esas colectividades en los comicios de 2026.

En un comunicado, la MOE pide “resolver con urgencia las incertidumbres respecto de la participación del Pacto Histórico y los alcances de la consulta es un requisito esencial para la certeza democrática, tanto para los ciudadanos, como de los actores políticos que participarán en las elecciones”.

En el ámbito de seguridad, la MOE documentó 222 ataques contra líderes políticos, sociales y comunales entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre de 2025.

De esos casos, 136 afectaron directamente a dirigentes políticos, lo que representó más del 60 % de los hechos registrados. También reportó seis secuestros relacionados con liderazgos locales, un dato que la organización calificó como “preocupante”.

El estudio mostró además una concentración de la violencia en departamentos como Cauca, Antioquia, Norte de Santander y la ciudad de Bogotá, que sumaron casi la mitad de los incidentes. Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral, advirtió que “preocupa el deterioro de la seguridad en zonas rurales del país” y llamó a “acelerar la implementación territorial del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP)”.

En materia de financiación, la MOE identificó retrasos en la rendición de cuentas y fallas en la publicación de información sobre gastos de campaña. Según el informe, hasta inicios de noviembre el módulo público del aplicativo Cuentas Claras no registró movimientos financieros de varios comités promotores.

La organización también señaló que algunos precandidatos realizaron publicidad anticipada en redes sociales. A partir de la información de la Biblioteca de Anuncios de Meta, se detectó 42 cuentas vinculadas a aspirantes presidenciales que invirtieron cerca de $799 millones en pauta digital entre marzo y octubre de este año, sin reportes públicos sobre la procedencia de los fondos.

Garantizar el acceso público a la información financiera y la rendición de cuentas es clave para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades”, concluyó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Pero no solo eso, Barrios también se refirió a los recientes videos que que ha venido grabando el ministro del Interior, Armando Benedetti, y dijo que el Gobierno debería dedicarse a organizar las elecciones y no a opinar sobre la competencia electoral.

“Lo que el Gobierno Nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral. Entonces posiblemente se está opinando mucho sobre la competencia electoral y se está trabajando muy poco en la gobernanza de las elecciones, qué es lo que le corresponde al Gobierno y por lo que va a ser evaluado, no por la medición de observación electoral, por la ciudadanía”, indicó.

La advertencia de la MOE se da a pocos días de que se abran formalmente las inscripciones para que los partidos políticos puedan inscribir sus candidatos al Congreso de la República.