La Misión de Observación Electoral (MOE) lanzó una alerta temprana sobre el panorama de inseguridad y posibles irregularidades que amenazan la transparencia de las elecciones nacionales de 2026. Según el informe, departamentos como Chocó y Antioquia presentan focos críticos donde la presencia de grupos armados y el fraude electoral coinciden peligrosamente.
Chocó: un mapa de riesgo extremo
Diego Alejandro Rubiano, coordinador de la MOE Nacional, calificó la situación en Chocó como "preocupante", señalando que cerca del 60% del censo electoral del departamento está bajo amenaza. La confrontación entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha concentrado el peligro en las cuencas de los ríos San Juan y Baudó.
En total, ocho municipios chocoanos fueron declarados en riesgo extremo:
- Quibdó, Istmina y Tadó.
- El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Lloró, Medio San Juan y Sipí.
Antioquia: economías ilegales asedian la democracia
En el departamento de Antioquia, el panorama es igualmente complejo: 37 municipios (el 29,6% del total departamental) registran alertas por violencia política y fraude. De estos, 18 se encuentran en riesgo extremo.
Las subregiones más afectadas son el Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y Suroeste. El informe detalla que el control territorial ejercido por el Clan del Golfo (presente en 66 municipios), el ELN (33 municipios) y el Estado Mayor de las FARC (19 municipios), ha pasado del microtráfico a la imposición de reglas sociales y el control de circuitos mineros, afectando la libertad del voto.
Alertas en las curules de paz (CITREP)
El análisis de la MOE pone especial énfasis en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, donde los niveles de riesgo son críticos:
- Bajo Cauca: 11 de sus 12 municipios están en riesgo extremo.
- Urabá: Localidades como Turbo y Dabeiba concentran la mayor amenaza al ser corredores estratégicos para economías ilegales.
Recomendaciones institucionales
Ante este escenario, la MOE instó al Gobierno y a las autoridades electorales a instalar Comisiones de Seguimiento Electoral de manera prioritaria. Se recomienda que estas mesas cuenten con la participación de las organizaciones políticas en contienda para atender, de forma preventiva, los factores que facilitan el fraude y la coacción al elector.