Ayer vimos con indignación cómo Juliana Guerrero pedía disculpas y aceptaba haber falsificado sus títulos para acceder a puestos y contratos con el Estado, pero parece que aquí se hará justicia.
Como dicen sabiamente: la justicia cojea, pero llega, y después de tantos abusos con nuestros recursos, doña Juliana empieza a pagar. No solo fue condenada ayer a 3 años, que son excarcelables, pero es una condena que la acompañará en su hoja de vida por el resto de su existencia.
Ahora los Secretos de D'Arcy Quinn pueden confirmar que la Embajada americana le ha retirado su visa para entrar a los Estados Unidos a ella y a su hermana, después de haber negado la de sus padres hace unos días.
Como siempre, no hay explicaciones, pero sin duda es una decisión que toman ante la condena y las acusaciones por corrupción contra Juliana, a la que le está costando caro el efímero poder que tuvo sobre el primer mandatario Gustavo Petro.
La condena a Juliana Guerrero
Un juez de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y Juliana Guerrero, en el cual ella aceptó haber obtenido de forma fraudulenta los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable de la Fundación Universitaria San José.
Guerrero admitió que recurrió a maniobras ilícitas e indujo en error a la administración pública al presentar esta documentación falsa para intentar posesionarse como viceministra de Juventudes, pactando una pena de tres años de prisión, una inhabilidad para ejercer cargos públicos por dos años y cinco meses, y una multa de cien salarios mínimos. Dado que la condena no supera los cuatro años, la Fiscalía solicitó la suspensión condicional de la pena para evitar que vaya a la cárcel, mientras que la procesada pidió perdón públicamente al país y a la comunidad universitaria.
Las investigaciones y denuncias revelaron que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, además de haber realizado pagos por derechos de grado y matrícula semanas después de su supuesta graduación.
Tras conocerse estas irregularidades, la institución educativa anuló sus títulos y el Gobierno retiró su hoja de vida del portal de aspirantes. Aunque el preacuerdo la señala como cómplice del delito de fraude procesal, la Procuraduría solicitó abrir una nueva investigación por falsedad ideológica en documento público, medida que la defensa de la procesada calificó como un acto de deslealtad.