Crece la preocupación en los sectores políticos del país por la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno en las últimas horas y con la cual podría expedir nuevos impuestos tras el hundimiento de la reforma tributaria.
Fuentes informaron a La FM que la mesa directiva del Senado de la República estaría analizando la posibilidad de convocar a una sesión de control político la última semana del año, para debatir esta medida.
Si bien el Congreso de la República está en receso legislativo, la función de control político sigue vigente y se puede ejercer en cualquier momento.
De hecho, algunos congresistas, como el senador Carlos Fernando Motoa, ya solicitaron oficialmente que se convoque a la plenaria. Motoa envió una carta al presidente del Senado, Lidio García, para que se convoque un debate de control político.
“Es abiertamente inconstitucional la declaratoria de emergencia económica que ha decretado el Gobierno de Gustavo Petro, no cumple con lo exigido en la carta política, desconoce los antecedentes en materia jurisprudencial que hay sobre la materia”, dijo.
Además, anunció que también interpondrá acciones legales para tumbar este decreto, lo que se suma a la avalancha de acciones judiciales que se están interponiendo ante la Corte Constitucional contra esta medida.
“Presentaremos demanda ante la Corte Constitucional, vamos a solicitar la suspensión provisional de ese decreto. Igualmente estamos sugiriendo que cuanto antes la mesa directiva del Senado convoque a una sesión plenaria, el control político no se suspende incluso en el receso legislativo y es importante que los colombianos conozcan las posiciones de los diferentes partidos políticos y también cuáles son las alternativas para evitar que nuevamente el gobierno Gustavo Petro ponga en riesgo la estabilidad económica en el país”, añadió.
El decreto de emergencia económica continúa generando enorme rechazo en varios partidos políticos. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, respaldó que la Corte Constitucional sesiones de forma extraordinaria para evaluar esta medida y dijo que agotarán todas las instancias judiciales que sean necesarias para que se caiga.
“Esta medida busca, de forma indirecta y discreta, imponer normas que el Congreso rechazó expresamente. Es especialmente grave que se haya adoptado aprovechando la vacancia judicial y el receso de la Corte Constitucional. Además, los recursos buscados representan apenas un porcentaje mínimo del presupuesto nacional —menos del 3%—, fácilmente obtenibles mediante un recorte racional del gasto público, en particular eliminando cientos de miles de órdenes de prestación de servicios sin funciones esenciales”, dijo.