La UNP ha empezado desde hace unos días a retirar los esquemas de seguridad de activistas cercanos a Petro que no tenían ninguna función con el Estado. Ahora, la entidad continuará con los exfuncionarios.
Los Secretos de D'Arcy Quinn supieron que ayer, finalmente, la UNP le oficializó a Juliana Guerrero que ya no tendría el esquema de seguridad, al igual que varios exministros y directores de entidades.
A partir del lunes, la UNP empezará a retirar los esquemas de quienes realmente no tengan amenazas ni su seguridad esté en peligro por el cargo que ocuparon. Dentro de los primeros que perderían su esquema estaría el exministro de Minas, Edwin Palma, así como exministras de Deporte, de Ciencia y Tecnología y de Vivienda, quienes no tendrían ningún riesgo personal. Esta decisión estaría basada en estudios de seguridad que determinarán quiénes realmente necesitan el esquema y quiénes no.
¿Qué es la UNP?
La Unidad Nacional de Protección (UNP) es una entidad administrativa especial del orden nacional, adscrita al Ministerio del Interior de Colombia, creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011 tras la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Su objetivo principal es articular, coordinar y ejecutar el servicio de protección a favor de personas, grupos y comunidades que, por sus actividades políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, o por su condición de víctimas de la violencia, desplazados o activistas de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal. También cubre a quienes ejercen cargos públicos o liderazgos sindicales, de ONG y de poblaciones vulnerables que generen dicho riesgo.
La UNP organiza el Programa de Prevención y Protección, evalúa los niveles de riesgo (ordinario, extraordinario y extremo) mediante estudios técnicos y define medidas idóneas y con enfoque diferencial, como escoltas, vehículos blindados, chalecos antibalas o teléfonos de emergencia. Además, realiza seguimiento a la eficacia de estas medidas, diagnostica riesgos colectivos o territoriales y coordina con otras entidades nacionales y territoriales para garantizar la oportunidad e idoneidad de la protección, excluyendo los programas que corresponden a la Fiscalía, la Procuraduría o la Ley de Justicia y Paz.