El abogado Sergio Mesa, exasesor de la UTL de la senadora Berenice Bedoya, afirmó en entrevista con La FM Fin de Semana que durante su contrato debió entregar parte de sus honorarios a familiares de la congresista y anunció que acudirá a la Corte Suprema, al Consejo de Estado y a la Procuraduría con las pruebas.
Mesa explicó que fue contratado en marzo de 2024 mediante prestación de servicios con honorarios equivalentes a ocho salarios mínimos. Señaló que “al negarme a seguir pagando los 2.5 millones de pesos que me correspondía darle a su hija, se me terminó el contrato el 31 de diciembre”. Indicó que durante 2025 enfrentó intentos de terminar su vínculo y que decidió hacer pública la situación tras un año de presiones.
¿Cómo funcionaban los pagos exigidos en la UTL?
De acuerdo con su relato, entre marzo y julio de 2024 debía entregar 4 millones de pesos al entonces yerno de la senadora. Posteriormente, entre agosto y noviembre, la suma se redujo a 2.5 millones de pesos destinados a la hija de la congresista. “Desde marzo hasta julio, debía entregarle 4 millones de pesos a su entonces yerno. Luego, de agosto a noviembre, la cuota bajó a 2.5 millones de pesos para su hija”, afirmó.
Precisó que la entrega era en efectivo. “Inicialmente se la entregaba al yerno y luego a su hija”, dijo. Agregó que en noviembre decidió no continuar con los pagos y que durante 2025 se negó a seguir en ese “juego”, lo que, según manifestó, le generó estrés laboral y presiones para renunciar a su contrato.
Sobre el destino de los recursos, señaló que el entonces yerno es servidor público en la alcaldía de Medellín y que recibía los 4 millones como “pago” por asesorías. Después de que terminó la relación con la hija de la senadora, comenzó a entregar el dinero a ella y expresó: “me imagino que eran para sus gastos personales”.
¿Qué dijo sobre otros asesores y proyectos de ley?
Mesa sostuvo que en una reunión virtual de la UTL la senadora mencionó que los asesores tenían “compromisos” para pagar a otras personas que supuestamente realizaban labores allí. Aseguró que eso es falso y afirmó que en la unidad existen “asesores fantasmas que nunca conocí” y personas que realizan tareas ajenas pero reciben pagos provenientes de los honorarios de quienes sí trabajan.
En cuanto a sus funciones, indicó que redactó proyectos de ley y que de los once radicados por la senadora entre 2024 y 2025, elaboró ocho. También estudió textos de las reformas laboral y a la salud y preparó ponencias alternativas. Señaló que la decisión de archivar o negar esas iniciativas coincidió con el “nombramiento de su nuevo yerno como directivo en el Fondo de Adaptación”.
Sobre el origen de su vinculación, explicó que ambos son del municipio de Amalfi, Antioquia, y que fue contactado en enero de 2024 para integrar la UTL. Relató que al momento de firmar el contrato, en marzo de ese año, se le indicó: “De estos honorarios debes entregarle 4 millones a mi yerno porque él es asesor, pero como es servidor público no puede figurar”.
Agregó que inicialmente asumió la exigencia como un pago, pero luego concluyó que “me estaban quitando mis honorarios porque él no realizaba actividades; quien trabajaba era yo”. Al finalizar la entrevista, expresó que decidió denunciar pese a las posibles consecuencias y manifestó: “tuve que entrar a este infierno para conocer el infierno”.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM