La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación investigará a Juliana Guerrero Jiménez, representante del gobierno de Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar, por las presuntas reuniones y coimas que habría acordado junto a su hermana, Verónica, con empresarios que buscaban contratos con el Gobierno nacional.
De acuerdo con un reportaje de la revista Semana, las hermanas Guerrero recibieron casi $600 millones, en diferentes transacciones entre 2024 y 2026, por parte de empresarios que buscaban quedarse con proyectos en Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad —el sector en el que Juliana estuvo a punto de ser viceministra—, además de en la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El supuesto esquema corrupto consistía en pagar para reunirse con Juliana mientras Verónica era el contacto directo con los potenciales contratistas. Luego, cuando los encuentros se concretaban, habría exigencias de hasta $200 millones y un 10% del valor de cada proyecto adjudicado.
Los empresarios empezaron a denunciar públicamente el mecanismo de direccionamiento de convenios una vez notaron que sus planes no se aprobaban ni ejecutaban.
La Dirección Especializada contra la Corrupción ahora asumió el caso e impartió órdenes de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios.
El proceso judicial involucra a Juliana y Verónica, quienes ya tienen a cuestas una indagación en la Procuraduría General de la Nación, por presuntos usos irregulares de una aeronave de la Policía para viajar de Bogotá a Valledupar.
La colectividad que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, el Pacto Histórico, le pidió a la Fiscalía investigar. El jefe de Estado tachó de "pendejos" a los empresarios que habrían pagado, porque pensaron "que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia".
El nuevo expediente se suma al proceso por el título universitario fraudulento
Juliana, por su parte, desmintió las acusaciones. "Nunca me he reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos 'empresarios' para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley", expresó a través de un comunicado.
Antes de la salida de Petro de la Casa de Nariño, el 5 de agosto Guerrero tendrá que responder ante la justicia en otro caso. La Fiscalía, que radicó el 26 de junio el escrito de acusación en su contra, argumentará por qué, en una audiencia ante el juez 46 de Conocimiento de Bogotá, Fernando González Olave.
El organismo imputó a la exaspirante al Viceministerio de Juventudes por fraude procesal el 26 de marzo, en el tercer intento de que avanzara el proceso penal en su contra. Guerrero, quien afirmó en aquella diligencia que previamente conversó con su abogado —Rafael Martínez Bohórquez—, no aceptó los cargos.
Jessica Montealegre, la fiscal del caso, insistió en la falsedad del título de contadora de la joven, quien no cumplió los requisitos académicos propios de un pregrado.
Juliana “sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba” para obtener el cartón, y “buscaba inducir al error a los servidores públicos del Ministerio de la Igualdad y obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra”, sostuvo la funcionaria.
En septiembre de 2025, La Fundación Universitaria San José anuló el título de Contaduría de Guerrero y el Ejecutivo luego retiró su hoja de vida del portal de aspirantes de la Presidencia de la República.
La publicación del currículo en la página web de candidaturas es el último paso antes de un nombramiento en altos cargos, como ministerios, viceministerios o agencias gubernamentales. El perfil de Juliana Guerrero rondó allí todo mes.
Guerrero se perfilaba como viceministra de Juventudes de la cartera que lideraba Juan Carlos Florián, quien con el aval del presidente Petro se libró de una suspensión provisional que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó.
Los antecedentes de Juliana Guerrero que siguen bajo la lupa de la justicia
Su postulación resultaba al menos llamativa desde la primera vez que apareció en la plataforma, el 14 de agosto, pues no contaba en ese momento con un título profesional. Dos semanas después la Presidencia volvió a cargar su documentación.
Incluso sin un diploma, y con apenas veintitrés años, Juliana ya había sido secretaria ejecutiva en el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Transparencia, y acreditaba una experiencia de seis años en cargos públicos.
Los documentos aparecieron en el Sigep —el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público— “sin el lleno de los requisitos legales”, explicó la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, la primera que anunció la imputación.
La investigación “ha acreditado” que no fue a clases ni hizo las pruebas Saber. La Fundación indagó internamente y comprobó que Guerrero no cumplió las condiciones legales para egresar. Principalmente, no presentó nunca el examen Saber Pro y tampoco asistió a clases, y aun así era técnica y profesional en Contaduría.
Además, responsabilizó de las irregularidades a Luis Carlos Gutiérrez, su exsecretario general, a quien destituyó en medio del proceso interno y denunció ante la Fiscalía.
Gutiérrez aseguró en sus descargos que tenía un acuerdo con Guerrero. “Consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados”, dijo la fiscal Montealegre.
El presidente Petro ha respaldado varias veces a Guerrero —quien, aunque no ha tenido cargos recientemente en el Ejecutivo, conserva poder gracias al ministro del Interior saliente, Armando Benedetti—, describiéndola como una “joven rebelde” a quien no pueden “acusar de haberse robado un peso”.
Los reproches a Guerrero nunca se han basado en robos de dinero, aunque sí salió del Ministerio del Interior por un escándalo de presunto uso indebido de aeronaves de la Policía con su hermana Verónica para viajar de Bogotá a Valledupar.
El Gobierno defiende que todo se enmarcó en una misión de la política de ‘Paz Total’ y en la protección que Juliana debía recibir luego de un atentado. La Procuraduría investiga si en realidad hubo motivos personales de por medio.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué decidió la Fiscalía frente a las nuevas denuncias contra Juliana Guerrero?
La Dirección Especializada contra la Corrupción asumió la investigación por las denuncias sobre presuntas reuniones con empresarios y supuestos cobros para facilitar contratos con entidades del Gobierno. La Unidad Anticorrupción ya impartió órdenes de Policía Judicial para recaudar pruebas y esclarecer si existió un esquema de intermediación ilegal.
¿Cuáles son las acusaciones que originaron este nuevo proceso?
Según la denuncia revelada por Semana, Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían recibido cerca de $600 millones entre 2024 y 2026 de empresarios interesados en contratos públicos. El supuesto mecanismo incluía pagos por reuniones, exigencias de hasta $200 millones y un porcentaje del valor de los proyectos adjudicados, hechos que Guerrero niega.
¿Qué otros procesos judiciales enfrenta Juliana Guerrero?
Además de esta investigación, la exaspirante al Viceministerio de Juventudes irá a audiencia de acusación por un proceso de fraude procesal relacionado con el título de contadora que la Fiscalía considera obtenido irregularmente. También continúa bajo revisión disciplinaria por el presunto uso indebido de una aeronave de la Policía para viajar con su hermana a Valledupar.
¿Cómo han reaccionado el Gobierno y la propia Juliana Guerrero?
El presidente Gustavo Petro rechazó las denuncias y cuestionó a los empresarios que habrían entregado dinero, mientras el Pacto Histórico pidió que la Fiscalía investigue. Por su parte, Juliana Guerrero aseguró que nunca ha gestionado contratos ni se ha reunido con contratistas para influir en decisiones administrativas, y sostuvo que las acusaciones son falsas.