En el Congreso de la República se tramitan dos reformas constitucionales contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), una de ellas que buscaba acabar su funcionamiento en el 2028 y otra encaminada a revisar el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública.
Sin embargo, esta agenda fracasó en el Senado y las dos iniciativas se hundieron por falta de tiempo para ser aprobadas.
Los actos legislativos deben ser aprobados en ocho debates en el Congreso y los primeros cuatro deben darse en un mismo periodo legislativo, en este caso debieron ser votadas antes del 16 de diciembre, fecha en que terminan las sesiones ordinarias.
Reforma para eliminar la JEP
El proyecto que buscaba terminar la tarea de la JEP en marzo del 2028, de autoría del senador Enrique Gómez, se aprobó en primer debate en la Comisión Primera del Senado y debió dar su segundo debate esta semana en la plenaria, pero la iniciativa nunca estuvo ubicada en el primer punto del día y la misma no se sometió a consideración.
Como ello no ocurrió esta semana, el proyecto ya no tiene tiempo para salir adelante en sus cuatro debates antes del cierre de las sesiones.
Fuentes informaron que en ese caso se habría presentado un incumplimiento al compromiso de priorizar su discusión, pese a algunos acuerdos que se habían hecho entre Salvación Nacional y el Centro Democrático.
Revisión de sentencias contra militares
La reforma que proponía una revisión de las sentencias proferidas por la JEP contra miembros de la Fuerza Pública también naufragó por cuenta de que no se aprobó ni siquiera en su primer debate en el Congreso.
Este acto legislativo proponía que un Tribunal Militar y Policial revisara los fallos emitidos por la JEP contra los exmilitares que se acogieron a esa jurisdicción.
El senador Rafael Nieto, que era uno de los impulsores de esta iniciativa, ni siquiera alcanzó a presentar ponencia y discusión nunca se dio en la Comisión Primera.
Reforma anti-mermelada
Otra de las reformas constitucionales que tampoco tiene tiempo para salir adelante, es la denominada ‘ley anti-mermelada’, que había sido radicada por el exministro Rodrigo Lara.
Este proyecto buscaba regular el cabildeo y acabar las negociaciones que se hacen por debajo de la mesa entre los congresistas y el Gobierno Nacional, pero nunca tuvo su primer debate pese a su radicación a mediados de octubre.
El proyecto buscaba crear un registro público a través del cual los parlamentarios podrían impulsar los proyectos de inversión en beneficio de sus regiones, pero sin intervenir en la adjudicación o celebración de la contratación.