La posibilidad de reorganizar el Estado mediante la fusión o supresión de entidades públicas abrió un nuevo debate político en el Congreso. La propuesta del Gobierno de solicitar facultades extraordinarias al presidente para adelantar estos cambios generó posiciones encontradas sobre la necesidad de reducir el gasto burocrático y los alcances de los poderes que tendría el Ejecutivo.
El tema fue discutido en La FM por la senadora del Pacto Histórico, Patricia Caicedo, y el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, quienes expusieron sus argumentos a favor y en contra de otorgar estas facultades.
La senadora Caicedo manifestó su desacuerdo con la solicitud y sostuvo que el presidente ya cuenta con herramientas constitucionales para adelantar procesos de reorganización administrativa, por lo que no considera necesario concederle atribuciones adicionales.
"Este no, no se necesita el presidente más facultades para él hacer recortes y suprimir o fusionar entidades. Él ya cuenta con unos artículos de la Constitución que le dan esas facultades, que son bastante amplias", afirmó.
La congresista señaló que, si el Gobierno considera necesario contar con nuevas atribuciones, debe presentar una solicitud específica ante el Congreso, acompañada de información que permita conocer el alcance de los cambios.
"Precisamente para eso está el Congreso. En caso de que lo necesite, pues debe mandar una nueva solicitud donde además él nos diga para qué son esas facultades, para qué entidades y cuál es el estudio técnico que ha realizado para ello", agregó.
¿Por qué defienden las facultades para fusionar o eliminar entidades?
Desde otra orilla, el senador Carlos Meisel defendió la iniciativa y aseguró que el país necesita una reestructuración del gasto estatal. Según explicó, las facultades extraordinarias permitirían avanzar en la reducción de la estructura burocrática y atender las dificultades fiscales.
"Las facultades se necesitan por el simple hecho de que necesitamos reestructurar el gasto estatal y eso es lo que el Pacto Histórico y algunos sectores no han entendido", manifestó.
El congresista cuestionó el tamaño de la estructura administrativa y sostuvo que es necesario revisar los gastos que, a su juicio, afectan las finanzas públicas.
"Nosotros no podemos seguir avanzando sin recortar la grasa burocrática amorfa que tiene el Estado y que está desangrando los impuestos de cada uno de los colombianos", afirmó.
Meisel también mencionó que su partido trabaja en propuestas para contribuir a las finanzas públicas, entre ellas la participación de los empresarios mediante bonos, el recorte de gastos y medidas para incentivar la inversión.
Patricia Caicedo pide estudios técnicos antes de reestructurar el Estado
En su réplica, la senadora Caicedo aclaró que no desconoce la necesidad de revisar el funcionamiento de las entidades públicas y reducir gastos. Sin embargo, insistió en que las decisiones deben estar respaldadas por análisis técnicos.
"Yo no dudo que efectivamente hay que adelgazar un poco el Estado, por supuesto, pero eso tiene que partir también de unas mesas técnicas. Eso tiene que partir de unos estudios muy serios", respondió.
Para respaldar su posición, la congresista mencionó cifras de la OCDE sobre la proporción de trabajadores del sector público en Colombia frente a otros países. Según indicó, menos del 6 % de la fuerza laboral colombiana trabaja en el sector público, mientras que en América Latina la cifra supera el 11 % y en los países de la OCDE está por encima del 20 %.
A partir de esos datos, cuestionó que el gasto estatal se explique principalmente por un exceso de funcionarios y señaló que el propio Gobierno ha identificado necesidades de mayor capacidad institucional en áreas como licencias y catastro.
Meisel cuestiona los gastos de contratación por prestación de servicios
El senador del Centro Democrático respondió que su contraparte estaba dejando por fuera otras modalidades de contratación que también representan gastos para el Estado.
"Creo que la senadora confunde empleo público con todas las maniobras de OPS que se inventan los politiqueros en este país para aumentar la carga burocrática y el gasto de funcionamiento", señaló.
Meisel insistió en que la discusión debe incluir medidas para reducir los gastos, pero también alternativas que permitan atraer inversión y generar nuevos ingresos para el país.
Por su parte, Caicedo reiteró sus reparos frente a la solicitud de facultades extraordinarias y cuestionó que el Gobierno anuncie recortes sin presentar, según su postura, los estudios técnicos que permitan conocer cómo se llevarían a cabo.
El debate dejó sobre la mesa dos posiciones frente a la reorganización del Estado: por un lado, la necesidad de reducir el gasto burocrático y revisar la estructura de las entidades públicas; por otro, las dudas sobre la conveniencia de entregar nuevas facultades al Ejecutivo sin conocer previamente cuáles serían las instituciones afectadas y los estudios que sustentarían las decisiones.